Durante el verano la preocupación y visibilización de la crisis del agua en nuestro país parece disminuir notablemente. Sin embargo, se trata de uno de los períodos más críticos respecto a la disponibilidad y acceso como también al saneamiento del agua en diversos territorios y comunidades del país. Entre los más agobiados en este período se encuentran los pequeños y medianos agricultores, quienes deben mantener su producción en un contexto de sequía prolongada principalmente entre las regiones de Coquimbo y la Araucanía.
También experimentan graves problemas los comités y cooperativas de los Sistemas de Agua Potable (Ex APRs), organizaciones comunitarias que, sin fines de lucro y a pura voluntad de sus socios, se encargan de abastecer de agua a las zonas rurales. Éstas se enfrentan a un crecimiento de la demanda por el parcelamiento descontrolado de predios agrícolas que ha generado un cambio radical de uso de suelo. A su vez, reciben las presiones de abastecer a la población flotante que durante este período atrae el turismo en sus territorios.
En esta lista también el propio Estado se ve afectado y obligado a realizar grandes gastos para abastecer agua, a través de las oficinas de emergencia de las municipalidades y delegaciones provinciales. Pese a esto, existen poblaciones completas que permanentemente obtienen suministro a través de camiones aljibes, habiendo familias de cuatro personas que deben vivir con sólo 1.400 litros por semana. La emergencia pasó a ser la normalidad en algunos lugares del país.
Existiendo evidencias del cambio climático y sus diversos impactos que confirman que la crisis del agua en Chile será una realidad que se extenderá y profundizará los próximos años, en 2022 se aprobó la Reforma al Código de Aguas y la Ley de Cambio Climático. Ambas buscan, entre otras cosas, dar seguridad hídrica a través de la priorización del consumo humano principalmente a comunidades agrícolas, APRs y comunidades indígenas, asegurando el uso doméstico de las aguas, los usos productivos y ecosistémicos.
Si bien este nuevo marco jurídico intenta corregir algunos defectos de la legislación anterior y hacerse cargo del crítico escenario del cambio climático, lo cierto es que la atención de la crisis del agua y la seguridad hídrica en particular ha estado puesta con mayor fuerza en el acceso y disponibilidad del agua como aspecto central de la seguridad hídrica. En tanto, los ámbitos asociados a la calidad y los impactos de la contaminación del agua siguen pendientes. Esto es visible en casos como la cuenca del Maule, donde las expresiones del cambio climático se expresan simultáneamente en agudas sequías o bien inundaciones. Solo en los últimos años se han generado inundaciones que han afectado la calidad de los pozos de las APRs, generando costos adicionales. En el caso de la cuenca del Toltén, el lago Villarrica sigue mostrando graves problemas para mantenerse dentro de los parámetros de la norma de calidad de las aguas que lo monitorea.
Pese a estos cambios normativos, que aún son muy desconocidos por la población en general, la crisis del agua a nivel nacional requiere verse como una oportunidad única para comprender la necesidad y la urgencia de trabajar por un modelo de aguas más colaborativo y democrático, no sólo centrado en la asignación de derechos sino capaz de albergar los diversos usos y valoraciones del agua.
Es urgente, además, visibilizar y atender los graves casos de contaminación de los cuerpos de agua en el país, muchos de los cuales se encuentran ubicados en o cercanos a las fuentes de agua, poniendo en riesgo la salud de la población y de los ecosistemas. En tiempos estivales es relevante disfrutar con conciencia y cuidar el agua en todas sus formas, de ella depende nuestra vida y la vida del planeta depende.
Paola Bolados,
académica e investigadora de la Universidad Autónoma
