La esperanza de vida al nacer en Chile el año 1950 era de 54,8 años, pero hoy es de 84 años para las mujeres y 80 años para los hombres. Los adultos mayores suman ya más de tres millones de personas y se espera que este año representen un 20% de la población, lo que plantea una serie de desafíos.

Esto ha generado la necesidad de que las ciudades creen las condiciones para que ese segmento envejezca en ambientes más saludables, más cómodos y acorde a ese segmento de la población. En definitiva, que las ciudades sean más amistosas con la vejez. En 2007 la Organización Mundial de la Salud creó la Red Mundial de Ciudades Amigables con las Personas Mayores. Esta es una instancia que actualmente reúne a más de quinientas urbes del mundo, luego de que hayan cumplido una serie de requisitos y compromisos.

La realidad de muchos adultos mayores es en algunos casos dramática y pone de relieve no sólo la indefensión en la que se pueden encontrar, sino que lo ineficiente que puede ser el sistema al brindar una vejez digna a la tercera edad, un aspecto no menor, en un Chile que tiende a ser "más viejo".

Esto lleva a la reflexión respecto a las condiciones en que se desenvolverán. No se trata sólo de las condiciones que da el sistema previsional o el Estado con la jubilación. Está también la manera cómo el costo de la vida puede ser despiadado con personas que habiendo dedicado toda una vida a trabajar, tengan que terminar sus días en condiciones deprimidas, muchas veces sin poder enfrentar los gastos básicos en salud. Nuestra sociedad debe orientarse a una cultura que valore, respete y salvaguarde a sus adultos mayores, y con ciudades más amigables para ellos.

El aumento de la violencia en las escuelas es una realidad preocupante. Según cifras de la Superintendencia de Educación, en 2024 se registraron 91 denuncias de agresiones de alumnos contra docentes, el número más alto desde 2018, cuando hubo 100 casos. Esto representa un incremento del 37,8% en comparación con 2023, cuando se reportaron 66 denuncias.

Uno de los problemas estructurales que agrava esta situación es la soledad pedagógica de los profesores, que enfrentan cursos numerosos. Esta soledad también se manifiesta en la falta de una comunidad de aprendizaje dentro de las escuelas. Las horas de trabajo de los docentes se centran casi exclusivamente en la ejecución de clases, y es un logro excepcional cuando un establecimiento resguarda tiempos importantes para la reflexión, el diálogo y la construcción de estrategias pedagógicas adaptadas a la diversidad de los estudiantes.

Por otro lado, las instituciones educativas están saturadas de capacitaciones y programas que se implementan bajo la premisa de que son suficientes por sí mismas, sin permitir a las escuelas abordar sus propias necesidades en función de su contexto y con los recursos adecuados. Se omite, además, que el profesor es un profesional que requiere condiciones apropiadas para ejercer su labor con calidad.

Las políticas públicas, aunque desarrollan iniciativas relevantes, muchas veces fracasan en su implementación. La sociedad, en tanto, suele reducir la discusión sobre la violencia escolar a responsabilidades individuales, omitiendo el papel de un sistema educativo que no proporciona una estructura sólida ni condiciones mínimas para una práctica pedagógica efectiva.

La educación no puede ser reducida a una moda ni a un discurso simplista. Debe responder a un itinerario ético que respete las diferencias y garantice condiciones básicas que los estudiantes puedan dedicarse a su principal tarea: aprender del mundo y para el mundo. La crítica superficial en los medios de comunicación no hace más que desviar la atención de los problemas fundamentales, contribuyendo a lo contrario de lo que se necesita: un sistema educativo justo, equitativo, profundo en escenarios de diferencias y posibilidades.

Dra. Carmen Gloria Garrido F.,

directora Escuela de Educación U. Andrés Bello