La Comisión Mixta del congreso resolvió las divergencias surgidas entre ambas cámaras en torno al proyecto de ley que busca mejorar la oferta en educación parvularia (Boletín 16.811-04), particularmente respecto a los requisitos que deben cumplir los establecimientos educativos que desarrollan programas alternativos para recibir el reconocimiento oficial del Estado. Y esta semana tanto la Cámara de Diputados como el Senado aprobaron la propuesta de la Comisión Mixta, por lo que el proyecto quedó listo para ser promulgado como ley por el Presidente de la República.
El problema radicaba en los requisitos exigibles a los programas alternativos de educación parvularia para que obtengan el reconocimiento oficial del Estado. La principal crítica dice relación con el requisito de que la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) sea la sostenedora del establecimiento, dejando fuera a todos aquellos que tienen otros sostenedores, como Fundación Integra o particulares. Esto generaría diferencias arbitrarias e injustificadas, limitando a su vez la creación de futuros jardines alternativos, monopolizando la prestación de este bien público a un organismo estatal, en desmedro de otro tipo de oferta sin fundamento.
Ante este punto, el Ministro de Educación explicó en la Comisión Mixta, que el requisito en cuestión venía a regularizar exclusivamente una situación pendiente con la JUNJI, el único sostenedor estatal que no contaba con la habilitación legal permanente para el desarrollo de programas alternativos, los cuales hasta ahora operaban solo con autorizaciones anuales vía Ley de Presupuestos. Con esta aclaración los integrantes de la Comisión, dieron por despejada la preocupación. Sin embargo, persiste la duda para la creación de nuevos jardines de este tipo por parte de sostenedores distintos a la JUNJI, pues al fin y al cabo es un requisito que ésta sea sostenedora para obtener el reconocimiento oficial.
A modo de contexto, no existe una definición de jardines alternativos, pero sí de sus objetivos, fortalecer el acceso a una educación de calidad a niños en zonas de difícil acceso, alta dispersión geográfica, territorios que se hayan enfrentado a desastres, incrementos significativos e inesperados de la demanda u otras condiciones similares. Se considera que pueden tener componentes curriculares flexibles y diversificados de acuerdo al contexto de las necesidades educativas de la población que atienden. Adicionalmente, se propusieron ajustes menores al texto, como precisar las remisiones a la Ley General de Educación para que los proyectos educativos resguarden los derechos humanos garantizados por los tratados internacionales, en los términos que en esa ley se establecen y así evitar confusiones.
Asimismo, se incorporó al "juego" como mecanismo mediante los cuales el proyecto educativo pueda alcanzar los mencionados objetivos generales.
Frank Sauerbaum,
diputado RN por Ñuble