En el país hay 1.428 campamentos habitados por 120.584 familias, según el catastro entregado ayer por la Fundación Techo-Chile. Si bien la ONG detectó una desaceleración en la creación de asentamientos respecto a los años anteriores, la cifra aumentó en 5,9% frente a los identificados en 2024, con 6.697 nuevas familias viviendo en estas condiciones, que representan un 10,7% adicional.

Se trata de los peores datos desde 1996, y según dijo a radio Cooperativa el director ejecutivo de la fundación, Gonzalo Rodríguez, el 80% reside en tomas "porque no pueden pagar el arriendo, por lo que el campamento es el único camino viable para quienes son los más vulnerables"

Los datos muestran una morigeración respecto a lo sucedido entre 2020 y 2022, cuando por la pandemia y el aumento explosivo de migrantes estos lugares crecían a tasas de 20%.

"Entre 2017 y 2024, la situación cambia radicalmente. La población censada creció en 5,2% pero las personas en campamentos aumentaron en 196%. Es decir, mientras el país creció moderadamente, el número de personas viviendo en campamentos prácticamente se triplicó", dijo la directora del centro de estudios de Techo-Chile, Javiera Moncada.

Según el reporte, el 4% de los asentamientos cuenta con un proyecto habitacional colectivo en ejecución. El ministro de Vivienda, Carlos Montes, explicó que "lo que hemos estado haciendo es convocarlos a ser parte de otros proyectos (...) pero reconozco que el porcentaje debería mucho mayor... el tema con los campamento es también construir barrios, porque en muchos casos creemos que las personas tienen que quedarse en donde están", aunque admitió que eso era difícil y lo ejemplificó con el caso del "Manuel Bustos" de Viña del Mar. Según el cálculo ministerial, regularizarlo les demoraría 12 años.

"En las leyes hay obstáculos para construir nuevos barrios, aunque a nosotros nos parece que a mediano plazo es una solución fundamental, que pasen a ser barrios de la municipalidad", dijo el ministro Montes.

LUn nuevo ataque incendiario se registró en la mañana de ayer en La Araucanía, donde sujetos quemaron cinco vehículos y al menos una maquinaria forestal en un predio en Lautaro. El atentado ocurrió en la víspera del informe que debe entregar hoy la Comisión por la Paz y el Entendimiento para dar una solución al conflicto en la Macrozona Sur.

Cerca de las 8:00 horas un grupo de encapuchados, algunos de los cuales habrían vestido ropa militar, llegaron a un predio ubicado en el sector de Peu Peu, donde amenazaron con armas de fuego a los trabajadores y le prendieron fuego a cuatro camiones, una camioneta y una maquinaria.

Al lugar llegaron luego Carabineros y Ejército, que constataron lo ocurrido. El fiscal Enrique Vásquez dijo que se investiga si los antisociales percutaron tiros al aire en el atentado.

Por este hecho no se registraron lesionados y al cierre de esta edición ninguna organización radical se había atribuido el ataque incendiario, el cual se dio a un día de que venza la prórroga que se le dio a la Comisión por la Paz y el Entendimiento para que le entregue al Presidente Gabriel Boric un informe construir una solución al conflicto territorial en la Macrozona Sur y establecer una nueva relación entre el Estado y el pueblo mapuche.

Sobre el atentado el presidente de Amarillos, Andrés Jouannet, dijo que "esto demuestra que en La Araucanía no hay Estado de Derecho, que la gente vive con miedo (...) Tenemos un Presidente que parece que no entiende que es Presidente también en La Araucanía (...) Es un fracaso la política de seguridad del Presidente en La Araucanía".

"Queremos que el ministro de Seguridad (Luis Cordero) venga a nuestra región e invoque la Ley Antiterrorista como ya hizo en la Región del Biobío (tras el ataque a la central Rucalhue del 17 de marzo), demandó el diputado RN Miguel Becker.

El hecho ocurrió un día después que el lonco de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Víctor Queipul, dijera en radio Bío-Bío que el Estado "no va a entrar a la zona" y reconordara que él ya le dio un "portazo" a la exministra Izkia Siches cuando visitó la comunidad y tuvo que retirarse ante disparos.

"Puede decir lo que quiera, pero eso es un territorio sometido a la jurisdicción del Estado de Chile", le recordó el ministro de Seguridad, Luis Cordero. El diputado RN Miguel Mellado añadió que "no sé qué le está pasando a Víctor Queipul para decir tanta tontera junta (...) Espero que pronto se entre a Temucuicui para que se incauten las drogas y armamentos que esconden dentro".

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, afirmó ayer en entrevista con la cadena CBS que está "muy segura" de que los dos chilenos apuntados como autores del robo de su bolso están en el país del norte de forma ilegal.

La funcionaria gubernamental se mostró convencida de que "son delincuentes profesionales. Han perpetrado crímenes contra muchas personas en este país por muchos años, de forma ilegal".

La funcionaria de Estado sufrió el robo de su cartera (con 3.000 dólares en su interior) el pasado 20 de abril, mientras disfrutaba de una comida familiar en un restaurante en la capital Washington. Ella aseguró que su bolso se encontraba entre sus pies cuando se lo quitaron, por lo que ningún momento fue víctima de un ataque. También agregó que cree que es "una coincidencia" que le robaran el bolso justo a ella.

"Así que, ya saben, esto es algo con lo que los estadounidenses no deberían tener que vivir. No se trata de mí ni de mi familia, sino de que la gente vive en comunidades que llevan muchos años pasando por esto. Así que, cuanto más podamos detener a estas personas, hacer que enfrenten las consecuencias y sacarlas de nuestro país, más seguro será Estados Unidos", subrayó Noem.

Por el robo a la funcionaria de Estado, ya hay dos detenidos chilenos. El primero de ellos fue Mario Bustamante (49 años), arrestado el pasado sábado en Washington, quien está acusado de los delitos de robo, fraude electrónico y robo de identidad.

Posteriormente, el Servicio Secreto confirmó el arresto de un segundo sospechoso en una farmacia en South Beach (Florida) identificado como Cristián Montecinos (51 años).

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas presentó órdenes de detención migratoria para ambos acusados y el Departamento de Justicia también alegó que ambos detenidos habrían gastado cerca de 200 dólares con una tarjeta de crédito de Noem.