Los históricos opositores cubanos José Daniel Ferrer y Félix Navarro, excarcelados hace apenas tres meses, fueron detenidos ayer luego de que la Justicia considerara que ambos habían incumplido los términos para terminar de cumplir sus condenas fuera de prisión.

Los dos disidentes, considerados por Amnistía Internacional (AI) como presos de conciencia, estaban dentro de los 553 beneficiados del proceso de excarcelaciones puesto en marcha en enero en Cuba a raíz de un acuerdo entre La Habana y Washington (aún entonces con el presidente Joe Biden) mediado por el Vaticano.

El Tribunal Supremo Popular de Cuba indicó en un comunicado que se habían revocado sus excarcelaciones debido a que ambos "incumplieron" las condicionantes que se les impusieron, y reiteró que la decisión tiene "sustento legal".

En el caso de Navarro, argumentó que este opositor salió siete veces de su municipio sin permiso del juez. En cuanto a Ferrer, el tribunal indicó que el líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) no se presentó en dos ocasiones ante el juez que supervisaba su situación.

La ONG Prisoners Defenders agregó que junto a Ferrer fueron arrestadas otras personas, entre ellas su mujer, su hijo de cinco años y dos activistas. Por su parte, AI denunció en redes sociales el regreso a prisión de ambos líderes opositores, una situación que calificó de "gravísima".

"Desde su salida de prisión ambos han mantenido su denuncia permanente sobre las violaciones derechos humanos y su compromiso con sus creencias y la lucha por la libertad", escribió en redes la investigadora de AI para el Caribe, Johanna Cilano.

"Lo han hecho a pesar del acoso las amenazas y la represión constante", agregó.

Por su parte, la plataforma opositora Consejo para la Transición Democrática de Cuba (CTDC) habló de "operación coordinada" para "neutralizar a dos" importantes líderes opositores. "Resulta evidente que estamos ante una reescalada de la represión", argumentaron.

Los arrestos se produjeron a 48 horas del desfile oficialista del primero de mayo, que el Gobierno está presentando este año como una demostración de respaldo popular.

A cien días de haber asumido la presidencia de Estados Unidos en su segundo periodo, Donald Trump dejó en claro que llegó a la Casa Blanca con la intención de imponer su agenda sin peros.

En este corto lapso de tiempo, el mandatario ya ha firmado más de 140 decretos, marcando un ritmo inédito en la toma de decisiones ejecutivas. Sin embargo, la realidad política y económica lo ha obligado a moderar su postura en algunos frentes, como ocurrió ayer con la industria automotriz, donde debió alcanzar un acuerdo con los fabricantes estadounidenses para mitigar los efectos de los aranceles, sobre este sector que él mismo impulsó. Sin embargo, Trump se anota victorias simbólicas significativas, como la decisión de la Universidad de Harvard de ceder ante sus presiones y modificar el nombre de su departamento de diversidad.

Automóviles

Trump consideró ayer que el acuerdo llegado con los fabricantes de automóviles en EE.UU. es una ayuda a corto plazo al sector durante este periodo de transición. "Solo queríamos ayudarlos durante esta pequeña transición, a corto plazo. Si no consiguen piezas, no queríamos penalizarlos", dijo el mandatario.

Según precisan miembros de la administración, el primer año se ofrecerá un reembolso del 15% a quienes fabriquen sus vehículos en el país para compensar el costo de los aranceles.

Ese reembolso sería del 10% el segundo año, dando a los fabricantes tiempo para trasladar la producción de partes a Estados Unidos.

Esas rebajas se aplicarían tanto a empresas nacionales como extranjeras con fábricas de automóviles en EE.UU.

Los gravámenes actuales del 25% sobre los autos importados a EE.UU. que entraron en vigor en abril, se mantendrán, pero las nuevas medidas evitarán que otros aranceles que afectan a esa industria, como los del 25% sobre el acero y el aluminio, se "acumulen" sobre los demás, dijo un funcionario de la Casa Blanca a NBC News.

La confirmación del alivio arancelario llega luego de que el secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, afirmara al canal CNN que el pacto negociado con los fabricantes "representa una gran victoria para la política comercial del presidente (Trump)".

Harvard

Mientras, la Universidad de Harvard cambió el nombre de su departamento de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), en medio de la fuerte tensión con Trump, al que demandó por congelar parte de sus fondos federales.

En un correo electrónico enviado a estudiantes y miembros de la institución y divulgado ayer por la prensa, la directora de la antigua oficina del DEI, Sherri Ann Charleston, indicó que esta pasará a llamarse 'Community and Campus Life Officer' ('Vida en la Comunidad y en el Campus') con efecto inmediato.

Charleston, al citar las palabras del presidente de Harvard, Alan Garber, afirmó que sus miembros deben "fomentar una comunidad que acoja la diferencia" y, al mismo tiempo, cumplir con una ley que prohíbe que las universidades tomen decisiones "en función de la raza".

Así, la directora del departamento subrayó la necesidad de reunir a personas "de diferentes orígenes, experiencias y perspectivas en una sola comunidad, centrándonos en las experiencias y contribuciones únicas de cada individuo y no en los amplios grupos demográficos a los que pertenecen".

Trump congeló a mediados de abril 2.200 millones de dólares en fondos federales para Harvard, después de que la institución rechazara la demanda del Gobierno de poner a fin a sus programas de diversidad y vigile la orientación ideológica de sus estudiantes extranjeros.

La primera audiencia de este caso será el próximo 21 de julio, cuando ambas partes hagan sus alegatos iniciales en un tribunal de Boston.