Se conmemoró el Día del Internacional del Trabajador con diversas actividades a lo largo del país. En lo político, el Gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) alcanzaron un acuerdo que contempla un aumento del salario mínimo del 3,6% a partir del 1 de mayo, lo que implica un alza desde los $510.626 a $529.000. Además, se acordó un segundo incremento a partir del 1 de enero de 2026, para que el sueldo mínimo alcance los $539.000.

Sin embrago, más allá de los anuncios y medidas, que por cierto son valoradas, la fecha invita a reflexionar sobre las personas que, con su esfuerzo y dedicación, construyen el mundo que habitamos, y que gracias a su trabajo, hacen posible el funcionamiento de cada organización o empresa. Detrás de cada producto que llega a nuestras manos, de cada servicio que disfrutamos, hay un equipo humano que invierte su tiempo, talento y energía.

Es indiscutible el valor intrínseco de cada persona que contribuye con su trabajo.

No se trata solo de cumplir un horario o de ejecutar tareas asignadas. Se trata de poner el corazón en lo que se hace, de aportar ideas, de colaborar con los compañeros, de superar los desafíos y de celebrar los logros. Se trata de construir un ambiente de trabajo donde cada persona se sienta valorada, respetada y motivada para dar lo mejor de sí misma.

El Día Internacional del Trabajador no es solo una fecha más. Es un llamado permanente de que el trabajo es un derecho fundamental, una fuente de dignidad y un motor de transformación social. Es un llamado a construir un futuro donde el valor de las personas sea reconocido y respetado en cada ámbito de la vida.

La digitalización prometía democratizar el acceso al conocimiento, al trabajo y a nuevas oportunidades. Sin embargo, en Chile, esta promesa aún está lejos de materializarse. Aunque las principales comunas en la Región Metropolitana y regiones avanzan en conectividad -hablar de fibra óptica y 5G ya es casi habitual-, la discusión sobre "ciudades inteligentes" es todavía incipiente. La infraestructura tecnológica en el país sigue mostrando desigualdades que amenazan con perpetuar, e incluso ampliar, las brechas existentes.

Así, vemos que el panorama en conectividad digital en áreas rurales, algunas localidades costeras y zonas extremas es distinto al de grandes ciudades: conexiones inestables, falta de cobertura y carencia de infraestructura básica, dificultan el acceso a un internet de calidad. Si bien existen esfuerzos relevantes como el proyecto "Garantizando la cobertura, acceso y uso de la conectividad digital en territorios rurales rezagados", impulsado por ONU Chile, estos siguen siendo insuficientes. Incluso, iniciativas como el despliegue de la Red de Fibra Óptica Nacional y el proyecto Humboldt Cable, aunque significativos, no logran cerrar la brecha en sectores donde simplemente "estar conectado" sigue siendo un lujo.

La pandemia del COVID-19 dejó en evidencia esta desigualdad. Mientras algunos estudiantes pudieron asistir a clases virtuales desde computadores de última generación, otros debieron hacerlo -cuando podían- desde celulares prestados y redes móviles saturadas. La educación a distancia, concebida inicialmente como una solución de emergencia, terminó amplificando las diferencias en el acceso al conocimiento. En consecuencia, la desigualdad en infraestructura digital también reproduce desigualdades en aprendizaje, salud y acceso a servicios básicos, comprometiendo el objetivo fundamental de una "ciudad inteligente": mejorar la calidad de vida de las personas.

Más allá de la conectividad, Chile enfrenta desafíos críticos en el desarrollo de habilidades digitales, la inversión en infraestructura tecnológica pública y, sobre todo, en la actualización de los marcos regulatorios que deben promover -y no obstaculizar- una digitalización inclusiva.

El futuro del trabajo, de la educación, de la salud y de la participación ciudadana será digital o no será. Sin una inclusión real de todas las regiones, comunas y ciudadanos, corremos el riesgo de construir un Chile fragmentado: uno que innova y progresa, y otro que queda rezagado, desconectado y excluido, profundizando aún más la desigualdad social.

La infraestructura tecnológica debe ser concebida como un derecho esencial para el desarrollo, no como un privilegio. La ambiciosa apuesta de Chile por convertirse en un Hub Digital de América Latina -con 30 nuevos proyectos valorados en US$ 4.180 millones- solo será sostenible si su red de progreso incluye a todos. El desafío es claro: invertir, planificar y ejecutar con una visión descentralizada, equitativa y de largo plazo.

Porque una verdadera transformación digital no se mide en megabits por segundo, sino en oportunidades reales para todas las personas, sin importar dónde vivan.

Pedro Palominos,

director Smart City Lab U. de Santiago Consejero del Consejo de Políticas de Infraestructura