Chile enfrenta una severa crisis de seguridad, siendo esta la principal preocupación de los chilenos. Si bien las encuestas de victimización indican que, a nivel general, los delitos han disminuido, hemos sido testigos de una transformación de ellos, siendo los crímenes cada vez más agresivos y violentos, impactando directamente en el temor de las personas. Así, por ejemplo, los robos con violencia han alcanzado niveles históricos, mientras que los ilícitos asociados al uso de armas han experimentado un crecimiento de un 72% en 2024 en comparación a 2023. Por su parte, la tasa de homicidios alcanzó una tasa de 6,3 homicidios consumados por cada 100.000 habitantes, un 40% más que en 2018. Paralelamente, las organizaciones criminales transnacionales han identificado a Chile como un mercado atractivo, buscando consolidar aquí sus operaciones.
Lo anterior ha sido relevado por el Ministerio Público, quien ha señalado la existencia de antecedentes que confirman la presencia de reconocidas agrupaciones internacionales en el país. Estas estructuras criminales emplean la corrupción y el control territorial como herramientas para afianzar su poder e incrementar sus ganancias a través de mercados ilegales. Ante esta emergencia, las fuerzas de orden y seguridad, junto con el Ministerio Público han perdido capacidad para ejercer sus atribuciones, lo que se ha visto expresado en el incremento de las cifras de homicidios con imputado desconocido, las que aumentaron en un 10% en 2024 en relación con el año 2023.
La situación da cuenta de la ineficacia del Estado para perseguir a quienes cometen este tipo de delitos, lo que, a su vez, incentiva a las organizaciones criminales para seguir expandiendo sus operaciones. En este contexto, el sistema penitenciario adquiere un rol central, tanto para disuadir como para evitar la proliferación del crimen organizado en el país. Chile no está ajeno a la presencia de organizaciones criminales dentro de sus cárceles, situación que se ve agravada por una profunda crisis carcelaria. Actualmente, el sistema penitenciario opera con un 140% de sobreocupación, cifra que sigue en aumento debido al constante crecimiento de la población penal en régimen cerrado y a la insuficiente inversión en infraestructura. Además, la infraestructura disponible es inadecuada para enfrentar y segmentar de manera efectiva a una población penal más peligrosa.
Esta combinación de factores configura un peligroso escenario para la seguridad pública, que podría empeorar ante la falta de políticas públicas y de un plan de largo plazo que aborde con urgencia la problemática penitenciaria. Chile ha sufrido un drástico cambio en la naturaleza del delito, siendo urgente ajustar la forma en que éste se enfrenta. Para ello, la experiencia internacional señala como esencial aumentar la eficacia del Estado en la persecución de delitos como el homicidio y reforzar el régimen carcelario, aislar a los delincuentes vinculados al crimen organizado y reforzar el rol de Gendarmería para combatir los delitos que se producen desde el interior de las cárceles.
Frank Sauerbaum,
diputado RN por Ñuble