El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se involucró en una disputa con el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) luego de que dicho organismo emitiera su informe semestral en el que se plantea un "estrés fiscal" prolongado y se aborda un escenario "poco realista" respecto a la proyección de ingresos. El secretario de Estado recordó que "las decisiones corresponden al Gobierno".

El CFA expuso que "de persistir el desequilibrio fiscal en las magnitudes de años recientes, se superará el nivel prudente de deuda en el corto plazo y el país podría enfrentar condiciones de financiamiento menos favorables, reduciendo aún más el espacio disponible para gastos prioritarios".

Ante ello, Marcel elevó el tono y envió un oficio a la presidenta de la Comisión Mixta de Presupuestos del Congreso, Ximena Rincón, en el que señala que el tono del informe del CFA fue "inusualmente severo".

"Esto es particularmente relevante, considerando que el mandato legal del CFA se orienta en general a comentar sobre documentos, informes y datos proporcionados por el Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres)", agrega el oficio.

El documento también señala que el tono utilizado por el CFA "impide distinguir con claridad cuando sus apreciaciones se refieren a actos y decisiones del actual Gobierno o de periodos anteriores a este. Esto es particularmente relevante para comprender el origen de los problemas que identifica y sus eventuales soluciones".

Tras ingresar el oficio, el titular de Hacienda explicó: "El rol que cumple el CFA, la manera en que está definida su función es en el sentido de informar a los actores de la política fiscal al Gobierno, al Congreso, y a la opinión pública, de lo que, en su opinión, es compatible con la estabilidad fiscal".

"Pero luego las decisiones a quien corresponden es al Gobierno, a la autoridad, porque es quien es responsable de la política fiscal", enfatizó.

La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió ayer el recurso de amparo presentado por la defensa de la psiquiatra Josefina Huneeus contra el Ministerio Público, en el que se pedía declarar ilegal la intervención de su teléfono, que permitió conocer una conversación con el Presidente Gabriel Boric, pues se realizó cuando era testigo de la causa y no imputada en el caso ProCultura. Con ello, ordenó la eliminación de estas escuchas de la investigación.

En el diálogo que fue publicado por los medios de comunicación tras su filtración, el Mandatario le dijo a la exesposa de Alberto Larraín, fundador de la fundación investigada por presuntas transferencias ilegales, que no sabía si la conversación era grabada pero que no tenía "nada que esconder" y que "yo hablaba con él, era cercano, no me voy a hacer el hueón con eso". También hablaron de la situación que enfrentaba Larraín.

Tras la difusión de esto, Huneeus presentó la acción judicial en contra de las resoluciones pedidas por la Fiscalía para intervenir el teléfono de la psiquiatra, que fue acogida por el tribunal de alzada antofagastino que ordena que "se deja sin efecto las mismas".

Por ello la Corte declaró "la ilegalidad de las referidas decisiones jurisdiccionales, como también de todas las diligencias y resoluciones que de ellas se derivaron, con sus respectivos resultados, disponiéndose la eliminación en la investigación fiscal de todo lo obtenido en base a los actos cuya ilegalidad acaba de declararse".

Un párrafo especialmente duro con el fiscal Patricio Cooper, quien encabeza la investigación del caso, expone que "si desde ya resulta extraño que el acusador institucional se comporte como policía y no ajuste sus actuaciones a la legalidad vigente, más anómalo resulta que la jueza de garantía no advirtiera la ilicitud ramplona devenida en el actuar de los agentes policiales y decidiera acceder a la petición fiscal, con una resolución de formato que validó las graves vulneraciones de garantías que hoy se denuncian".

"Nadie sobre la ley"

La resolución judicial se dio el mismo día en que el Presidente Boric se desmarcara nuevamente de la acusación de "espionaje político" realizada por su partido, el Frente Amplio, en contra del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien instruyó las escuchas telefónicas que lo vinculan con actores del caso ProCultura, incluida Huneeus.

En el marco del Consejo de Gabinete en La Moneda de ayer, el Presidente reflexionó que "la Justicia, la Fiscalía y las diferentes instituciones tienen que hacer su trabajo, y tienen el deber de hacerlo bien en el marco de un Estado de Derecho. Y la existencia de instituciones de justicia autónomas y fuertes es un bien esencial para la democracia, y para la existencia misma de un Estado de Derecho".

"Los principios y las convicciones democráticas y de respeto al Estado de Derecho no sirven si es que son meramente declaraciones de buenas intenciones, y se ponen a prueba justamente cuando son los propios, o uno mismo, quien está bajo la lupa", enfatizó, aludiendo a la posición del Frente Amplio en este caso.

Con todo, enfatizó que "quiero reafirmar ante ustedes, mis colaboradores, pero también ante todo el país mi convicción de que en Chile no hay nadie por sobre la ley, y que las instituciones deben funcionar y hacer bien su trabajo".