Una de las características que distingue a Chile en América Latina es la calidad de sus servicios públicos que ha alcanzado estándares destacables, resultado de un modelo de colaboración entre el Estado y el sector privado.

Este modelo ha sido particularmente exitoso en áreas como la cobertura y calidad del agua potable, el tratamiento de aguas servidas o la expansión de la red de comunicaciones digitales. Se trata de servicios privados regulados, con estándares exigentes y supervisados por el Estado, pero financiados en gran medida por quienes se benefician. En este equilibrio se ha avanzado en cobertura, calidad y continuidad, sin sobrecargar la limitada capacidad de financiamiento fiscal.

Sin embargo, este principio comienza a ser erosionado en ciertos ámbitos. En el transporte público, por ejemplo, se ha instalado una percepción extendida entre ciertos segmentos de la población -sobre todo en Santiago- de que el acceso debe ser gratuito. Actualmente, más del 35% de los pasajeros evade el pago y el costo, entonces, lo asume el resto de los usuarios y todos los contribuyentes. Esta forma de "solidaridad invertida" se traduce en una distribución regresiva del ingreso y refleja, en parte, una mezcla de resentimiento, oportunismo y falta de conciencia cívica.

Algo similar ocurre con las autopistas urbanas y carreteras interurbanas concesionadas. Estas vías, financiadas mediante peajes, han transformado la conectividad del país, reduciendo tiempos de viaje, mejorando la seguridad y potenciando la competitividad de diversos sectores productivos. No obstante, hay quienes, aprovechando los sistemas de cobro electrónico, utilizan estas autopistas sin pagar, acumulando deudas que luego buscan eludir, alentados incluso por actores políticos que proponen relajar las sanciones.

Esta conducta no solo es un acto de abuso, sino que atenta contra el incentivo a invertir en más y mejor infraestructura. Pretender el acceso irrestricto y gratuito a servicios que tienen costos evidentes es una forma de premiar al que transgrede, al que no está dispuesto a aportar a un sistema del cual se beneficia directamente.

Chile necesita seguir desarrollando su infraestructura, pero para ello es indispensable que el principio de "el que usa, paga" siga siendo respetado. No se trata de imponer barreras al acceso, sino de asegurar que el modelo siga siendo viable, justo y sostenible. La infraestructura de calidad no es gratuita, y si queremos mantenerla y expandirla, necesitamos un compromiso compartido entre el Estado, los proveedores de servicios y los beneficiarios. De lo contrario, el riesgo no es solo financiero: es social y ético.

Carlos Cruz,

director ejecutivo Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)

El pasado 17 de mayo se conmemoró el Día Mundial del Reciclaje, que busca recordar la estrategia de reducir, reutilizar y reciclar, con el fin de reorientar el comportamiento de los ciudadanos y ayudar a mejorar el medio ambiente. También en Chile se cumplen nueve años de la entrada en vigencia de la Ley REP, que establece que los fabricantes y distribuidores son responsables de organizar y financiar la gestión de los desechos asociados a la comercialización de productos definidos como prioritarios.

Se estima que Chile produce 17 millones de toneladas de desechos al año, y de éstas, 7,4 millones de toneladas se generan en los hogares. Según el Banco Mundial, éste es el segundo país de América Latina que genera más basura per cápita, ya que, en promedio, cada persona produce 1,1 kilo de residuos domiciliarios al día. Pero solamente el 10% de los desechos va a reciclaje, cifra ínfima respecto de un promedio de 60% que va a reutilización en las naciones desarrolladas. Con esta ley se espera llegar al 30% en cinco años. Para lograr el objetivo, no sólo los productores se verán involucrados, sino que también empresarios, consumidores y quienes gestionan los residuos.

La Ley de Fomento al Reciclaje debería introducir un paulatino cambio cultural en las personas, para aprovechar muchos de los desechos y reintegrarlos al proceso de producción.

Mención aparte merece el tema de las bolsas plásticas. En Chile se usaban más de 7 millones de bolsas de poliestireno cada día, y sólo un 23% de ellas se reciclaba. Por ello, se realizaron campañas para limitar paulatinamente su entrega en los supermercados y multitiendas, hasta prohibirlas definitivamente desde febrero de 2019.

No ha sido fácil, porque el reciclaje ha requerido un cambio cultural, pero lo importante es que se vayan dando pasos para aminorar la contaminación de la tierra, el mar y los ríos.