El pleno de la Corte Suprema confirmó el viernes 10 de marzo la decisión de la Corte de Apelaciones de Valdivia en torno a quitarle el fuero parlamentario del que goza el diputado Rosauro Martínez, para que así se le investigue por su posible responsabilidad en la muerte de cuatro miembros del Movimiento Izquierdista Revolucionario (MIR), quienes murieron acribillados entre el 13 y el 21 de septiembre de 1981.
Este segundo desafuero se suma al de 2014 por la muerte de otros tres miristas, quienes fallecieron en similares condiciones, en el denominado Caso Neltume.
Respecto a la decisión del máximo tribunal de la república, el abogado Darío Silva, quien defiende a Rosauro Martínez, admitió que "es un revés".
"Nosotros esperábamos otra cosa, pero también entendemos que es un desafuero donde se dice que atendido los antecedentes se investigue un hecho. En nuestro código, el desafuero tiene un estándar de convicción más bajo que cualquier otra etapa procesal en que se determine algún tipo de indicio de responsabilidad de una persona", dijo Darío Silva, quien enfatizó que "se requiere tener sólo sospechas para dar lugar al desafuero, y eso fue lo que entendieron los jueces".
Según planteó el profesional, "siendo un tema político, una causa de derechos humanos, creemos que los jueces establecieron que era necesario que se indague el hecho y si es inocente, que se demuestre a través de un juicio, cuestión que haremos".
Por ello, el abogado aseguró que Rosauro Martínez no tuvo conocimiento del operativo que estaban llevando a cabo los agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) que viajó desde Santiago hasta la zona de Remeco Alto, en la región de Los Ríos, donde se produjo la muerte de los supuestos guerrilleros. "Tanto así que el fallo de la Corte de Apelaciones dice que quienes cometieron los crímenes fueron agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), quienes reconocieron la autoría".
Dentro de los querellantes, Magdalena Garcés ha planteado que Rosauro Martínez, quien al momento de los crímenes era capitán de Ejército y jefe de la compañía de comandos, tuvo un rol en los hechos al ejercer el mando.
Sobre este punto, el abogado Silva dijo que "sostenemos que no es posible concebir que Rosauro Martínez, con 30 años, haya tenido autoridad sobre la gente de la CNI que venía de Santiago".
Por ello, comentó que "en junio de 1981 se tuvo conocimiento de que habían guerrilleros en la zona de Neltume, y por eso el general de la cuarta de división que estaba en Valdivia le pide a Rosauro que envíe dos patrullas de su compañía para detectar la ubicación, por lo que manda a dos de 15 hombres cada una, y esas patrullas detectan el lugar donde estaban los guerrilleros, pero está acreditado que nunca la compañía de Rosauro tuvo un enfrentamiento en el lugar".
Con el desafuero, la ministra Emma Díaz, encargada de investigar el caso, quedó en pie de someter a proceso a Rosauro Martínez. "Son los mismos hechos que se tuvieron en vista entre 2012 y 2013 para someter a proceso a los agentes de la CNI. No hay nada nuevo con posterioridad a eso", remarcó Silva.
"No sé si quiera repostular al cargo"
El abogado Darío Silva señaló que hoy Rosauro Martínez se encuentra tranquilo y confiado en su inocencia. Este año, cuando se realicen las elecciones parlamentarias, no podrá repostular al cargo si es que se encuentra sometido al proceso judicial, y por ello Martínez ha criticado la lentitud en las investigaciones que lleva la ministra Emma Díaz desde el 2014. Silva planteó que no está asegurada una intención de presentar una candidatura. "No sé si Rosauro quiere repostular y si está en su horizonte, porque además es algo que está fuera de mi materia, es personal", señaló el abogado.