Desde ayer, y hasta mañana, podrían extenderse los alegatos en el juicio oral que se desarrolla contra Raúl Henríquez, hombre porteño que está acusado de haber dado muerte, dentro de la cárcel de Chillán, al interno Jorge Montecinos Pinto, conocido a nivel nacional por haber sido imputado en 2015 por quemar vivo a un cajero de Servipag.

La audiencia comenzó ayer pasadas las 9 horas, instancia en la que el fiscal Álex Montesinos planteó que el hecho ocurrió durante la madrugada del 15 de julio de 2016, en el dormitorio norte del sector de imputados de la cárcel de Chillán.

"El delito, aparentemente estaría dado por una riña que la investigación ha dado de manera un poco diversa, pero es lo que han dado a entender bloques de internos de distintas comunas de la región y diversas zonas del país, que llevan a gatillar esta situación", expresó el abogado persecutor, quien señaló que Raúl Henríquez, conocido también por su apodo de "Lipigas", habría tenido una discusión horas antes con Jorge Montecinos, alias "Mono Jorgín", por discrepancia en un juego de dados en el que habrían apostado dinero.

Las diligencias investigativas estuvieron a cargo de la PDI; no obstante, los funcionarios de Gendarmería y también internos de la unidad penal deponerán en el juicio.

Según dio cuenta ayer el teniente de Gendarmería, Francisco Arias, al momento de la pelea habían cerca de 50 internos en el dormitorio norte, donde están los imputados reincidentes.

De las diez habitaciones, dos de ellas estaban ocupadas por internos oriundos del Gran Concepción, rivales históricos de los imputados chillanejos, y del resto del país. En el caso de Raúl Henríquez, éste había llegado desde Valparaíso. La Fiscalía pide 15 años de cárcel, en tanto la defensa planteará su absolución por falta de pruebas.

La licencia médica del fiscal Álvaro Serrano, jefe de la fiscalía local de Yumbel, es hasta ahora uno de los escollos que presenta el Ministerio Público para resolver qué hacer con la causa en que se investiga un desfalco en las cuentas del municipio de Chillán Viejo, que se arrastra desde 2014.

Fue hace más de tres años que el concejal Jorge del Pozo presentó la denuncia en el Ministerio Público, y la causa fue asignada al especialista en delitos funcionarios Álvaro Serrano; sin embargo, toda la investigación ha sido desformalizada, y por ello los querellantes, y a su vez posibles imputados, solicitaron un control judicial.

Es por ello que el viernes 3 de noviembre, la jueza Claudia Madsen, dio de plazo una semana para que la fiscalía dé una lista de personas a imputar.

Desde la fiscalía regional ayer no hubo pronunciamiento; no obstante, este viernes vence el plazo para determinar las acciones a seguir. Por una parte, de los 20 tomos de la investigación pueden surgir solicitudes de formalización; o bien, como dijo Ricardo Robles (representante de Paola Araya, María Garrido y el administrador municipal de Chillán Viejo, Ulises Aedo), podría solicitarse incluso el sobreseimiento.

Respecto al fraude al fisco por cerca de $300 millones, otro punto que pesa es que habiendo pasado 5 años de la comisión de los delitos, ya hay una media prescripción.

Danny Fuentes Espinoza

El viernes 3 de noviembre, la Comisión de Libertad Condicional permitió la salida al medio libre de 63 internos de las cárceles de Ñuble, los que se suman a los 97 reos que ya habían recibido el beneficio carcelario en abril de este año.

No obstante, la reducción del número de beneficiados, respecto a las cinco reuniones de Comisión previas, fue uno de los aspectos más llamativos de las cifras evacuadas desde la Corte de Apelaciones de Chillán.

Cabe recordar que la Comisión está presidida por el ministro Christian Hansen, presidente de la Corte de Apelaciones, quien junto a jueces de la jurisdicción evalúan que los reos cumplan requisitos tales como haber tenido una conducta intachable, participar de talleres de reinserción dentro de los recintos penitenciarios, y haber cumplido buena parte de su condena (dependiendo del delito).

En 2015, el número de beneficiados fue de 33, en 2016 hubo 88 y este año ya van 160. No obstante, en octubre, por primera vez se frenó el número de solicitudes.

"Se explica por sí solo porque al disminuir el número de postulantes, los beneficiados fueron menos también. Hoy la cifra ha disminuido en relación a la cantidad de recursos de amparo que se han presentado desde la Defensoría Penal Penitenciaria, y también a que la Comisión de Libertad Condicional ha ido ampliado la cantidad de beneficiados", respondió la defensora penitenciaria Francisca Vásquez.

La abogada dependiente de la Defensoría Penal Pública señaló que en la última comisión expusieron 17 casos calificados ante la Comisión, y 13 de ellos fueron acogidos, por lo que considerando que la Corte Suprema ha estimado que la Libertad Condicional es un derecho, "se evaluará el acta con el motivo del rechazo a las solicitudes, y eventualmente se recurrirá de amparo". Sin precisar cifras, Vásquez señaló que "el 63% de nuestros representados recibió el beneficio. El resto quedará pendiente".