Conforme a la Ley
El actuar de acuerdo a ley en un marco jurídico no exime de transgresión ética o moral, no todo lo legal es moral y no todo lo moral tiene amparo legal. El accionar judicial ante la corrupción política y lo "affaires" del financiamiento millonario a una "clase política" que sin ser una "clase" si tiene privilegios especiales frente al común de los ciudadanos que andamos de a pie, al tres y al cuatro, y que incluso se puede complicar hasta la iluminación de nuestros hogares con la desaparición de nuestras accesibles y menospreciadas ampolletas incandescentes, las que aun puedo comprar a costo de comer una "marraqueta" menos y no así las de bajo consumo, que me significan privarme de más de un kilo.
Pero así lo dicta la ley. Más de una ampolleta se puede comprar con los $362 millones de SQM-Salar, que involucra a MEO, candidato "alternativo" propuesto por el PRO, entrado en escena en este embrollo con dimes y diretes de legalidad o ilegalidad, de "me desafiaste, te desafío" montado en escena de estilo cinematográfico.
Pasa desapercibido el fondo moral de la cuestión, que no es menor, lástima si que me lo haya arrebatado Ossandón, pensando lo mismo tuvo la oportunidad de decirlo primero. Pero comparto plenamente el amparo de legalidad que pueda o no tener los dineros en cuestión, chocan con una muralla de transgresión ética y moral. Si el dinero fuera de otra de fuente, me callaría la boca, pero no puedo, no puedo concebir que quien aspire a ser Presidente de Chile haya financiado su campaña con dineros de SQM, una empresa de la matriz productiva creada por CORFO y Estado chileno, traspasada a propiedad de quien en su momento era yerno de Pinochet, olvidando que fue en ese periodo de la historia que su padre muriera enfrentándose a ellos.
La política así sigue y seguirá oliendo mal en Chile y los cambios serán los mismos que decía mi abuelo: "Hijo, el perro es igual de bravo, aunque le cambies collar".
Enrique Edis Jara Rivera.
La Polar, ¿llegar y llevar?
Las noticias dan cuenta que los tres ejecutivos principales imputados que participaron en la trama y ejecución de las repactaciones unilaterales en La Polar, uso de información privilegiada, entrega de datos falsos al mercado y lavado de activos, Farah, Alcalde y Moreno, aceptaron declararse culpables y así tener un juicio abreviado y cumplir las eventuales condenas en sus domicilios, es decir no van a la cárcel, además se mencionan que tendrían multas asociadas.
Dado el tiempo transcurrido es necesario hacer memoria que en junio del 2011 se descubren las anomalías, en donde son acusados por el Ministerio Público de lavar activos por 8.000 millones de pesos ( aprox. US$ 15,5 millones), al día de hoy permanecerían incautados dineros y activos de los tres ejecutivos por cerca de US$ 4 (cuatro) millones y cuando se habla de multas de alrededor de 200 millones de pesos para cada uno, incluso uno de ellos por iniciativa personal agregaría $150 millones más para indemnizar a los afectados.
Claramente las cifras detalladas no cuadran a la primera, como que lo devuelto no guardaría relación con el monto por el cual fueron imputados, cifras más, cifras menos y en honor a la transparencia tan repetidamente citada por las autoridades, es necesario un completo y detallado informe de la respectiva fiscalía en lo concerniente a los valores defraudados, los montos incautados, las multas a cobrar y cualquier otra información que sea útil para el total esclarecimiento de estos actos dolosos y así la ciudadanía tenga de primerísima fuente la comprobación de que en nuestro Chile no hay nadie por sobre las leyes vigentes.
Luis Enrique Soler Milla.
Totalitarismo educacional
Hace unas semanas la Presidente Bachelet firmó el proyecto de ley de desmunicipalización de la educación, el cual pretende que las escuelas municipales vuelvan a la administración directa del Estado. Aquel es el tercer proyecto para el sector que impulsa el Gobierno, con el cual se viene a terminar la agenda en educación escolar a fin de desmantelar nuestro sistema de provisión mixta y erigir un Estado Docente. Al colocar sobre la mesa las tres propuestas del gobierno, fácilmente advertiremos que éstas no tienen por finalidad mejorar la calidad de educación que reciben nuestros niños, sino que tienen por objeto debilitar la educación privada en favor de la que pueda proveer el Estado.
Son muchos los elementos existentes que demuestran lo anterior, por ejemplo: la eliminación de la obligación de cierre de colegios municipales, próximamente estatales, que muestren malos resultados, cosa que no ocurrirá con los colegios particular subvencionados, los cuales si se verán en dicha obligación según el proyecto de desmunicipalización. La prohibición del copago en las escuelas particular subvencionadas, medida establecida en la denominada ley de inclusión aprobada en enero pasado, la cual provocará, como ya lo estamos viendo, el cierre de muchos colegios y, finalmente, en el proyecto respectivo, la incidencia que pretende tener el Estado en la educación particular subvencionada mediante la ampliación de la carrera docente a profesores de este sector, pasando así a tener el control sobre los profesores que educan al 92% del alumnado nacional.
Iván M. Garay Pagliai.
