Contraloría concluyó que casi 3 mil personas no cuentan con los requisitos que establece la ley para ser calificados como exonerados políticos, personas que perdieron su trabajo por razones políticas. Entre los casos detectados, 1.187 corresponden a ex trabajadores de partidos políticos, principalmente del Partido Comunista (PC) y el Partido Socialista (PS), que fueron proscritos después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. El resto corresponde a trabajadores de empresas que, según la Contraloría, nunca fueron intervenidas por el régimen militar, como exige la ley. Además, el organismo puso en duda el pago de unos 60 millones de dólares a casi 6.000 ciudadanos que no cumplían los requisitos para recibir pensiones vitalicias.
Luego de la resolución de la Ministra en Visita, Mireya López, que sobreseyó temporalmente a 54 parlamentarios por su responsabilidad en la entrega de certificados a exonerados políticos, han existido mensajes confusos de la Presidencia y el Gobierno y se instala la sensación de que la ley es ciega cuando de poderoso como los parlamentarios se trata.
Pese a existir amplia evidencia del pago de pensiones a personas que no cumplían los requisitos para ser beneficiados, situación comunicada a la Presidenta de la República por la diputada Paulina Núñez y el senador Baldo Prokurica, no se ha realizado gestión alguna que apunte a mostrar verdadera voluntad de resguardar el interés fiscal en la materia. El Consejo de Defensa del Estado ha sido poco claro en su resolución.
Pese a que naturalmente la exigencia de los diputados de Chile Vamos no apunta a proceder cuando no existen antecedentes suficientes, el CDE debería ser claro que no constituyéndose un delito, si puede existir un perjuicio al erario fiscal. La ausencia de delitos no implica que el gobierno de la época no haya generado, a través de la Oficina de Exonerados Políticos, una máquina pagadora de favores políticos mediante la concesión, con "laxitud" como lo dice el mismo fallo, de beneficios monetarios a adherentes o simpatizantes de izquierda.
No es casualidad que la emisión de certificados se haya concentrado entre los años 1999 y 2000, época de elecciones parlamentarias y presidenciales, y que diputados de la entonces Concertación, figuren con cantidades abultadas de certificaciones (Isabel Allende 1.190; Sergio Ojeda, 684; Carlos Abel Jarpa, 610; Enrique Jaramillo, 452, Alejandro Navarro 396). Llegó la hora de hablar con la verdad y detener el derroche de recursos en quienes no se merecen este beneficio, las arcas fiscales parecen un saco roto, y como siempre paga moya.
Frank Sauerbaum, Presidente Regional de Renovación Nacional en el Bío Bío.