Municipio de Ñiquén arriesga embargo por no pago de deudas previsionales
JUDICIAL. Entidad debe cancelar $1.407.510 a la AFP Modelo por concepto de cotizaciones previsionales y de Salud. Alcalde atribuye fines electorales tras darse a conocer el caso.
El 30 de septiembre del 2015 el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de San Carlos despachó el mandamiento de ejecución y embargo contra el municipio de Ñiquén, con la finalidad de que cancelara $ 1.407.510, producto de obligaciones previsionales impagas en favor de la exfuncionaria Inés Ibieta, quien fue despedida el 2013 por el alcalde Manuel Pino, pese a encontrarse con fuero maternal. Por lo anterior, el municipio tuvo que cancelar alrededor de 20 millones de pesos, luego que la afectada interpusiera las acciones legales, por considerarlo un acto que no se apegó a la legalidad.
A través de su cuenta de Facebook, Inés Ibieta se refirió al proceso que enfrenta: "Estimados, solo para aclarar, yo ya había regresado de mi licencia postnatal cuando me echaron. Cinco dictámenes de la contraloría y dos sentencias del juzgado de letras y una sentencia de la corte de apelaciones todas a mi favor y después de tres años aún sigo luchando por mis imposiciones, que es lo que queda pendiente, pues el sueldo ya se pagó", puntualizó.
Y agregó: "Lo que me abruma como persona y funcionaria que fui, es la respuesta del Municipio de Ñiquén al Juzgado, diciendo que yo había renunciado, siendo que ya el tribunal les hizo (pagar) mi sueldo y lo que aún me afecta más es que quienes fueron mis compañeros de trabajo, muy apreciados por mí, los ponen como testigos de que yo renuncié, mintiendo abiertamente. Ellos saben que no fue así, de hecho todos en el Municipio saben cuál fue mi historia", remarcó.
Improcedente
En relación a la petición de embargo, el asesor jurídico de la municipalidad de Ñiquén, Esteban San Martín, reconoció la demanda de la AFP Modelo por el pago de cotizaciones previsionales al municipio. No obstante, aclaró que "en dicho período la funcionaria ya no prestaba servicios para la corporación edilicia", explicó.
Respecto al tema del embargo, San Martín detalló que el procedimiento se inicia con una resolución denominada mandamiento de embargo, "lo que no significa que necesariamente ha existido efectivamente un embargo, ya que la municipalidad hizo valer sus argumentos y por ello a la fecha no existe ningún bien embargado", recalcó.
Sobre la etapa procesal en la que se encuentra la contienda, el abogado indicó que actualmente ya expiró el periodo probatorio, por lo que hay que esperar el pronunciamiento del Tribunal, sentencia respecto de la cual eventualmente se pueden interponer recursos. "El municipio ha representado al tribunal mediante testigos y documentos que lo que se cobra obedece a un error", remarcó.
Testarudez
El concejal Rodrigo Puentes lamentó que el municipio se encuentre envuelto nuevamente en un tema judicial, atribuyendo la situación a la porfía del alcalde Manuel Pino.
"Cuando se produjo lo del despido teniendo fuero maternal, todos los ediles le dijimos que la reintegrara, que nos iba a ganar el juicio, pero no nos hizo caso, lo que le terminó costando al municipio cerca de 20 millones de pesos. Y ahora también deberemos cancelar una cifra con intereses, costas, reajustes, debido a su testarudez", sentenció.
Deberán resolverlo los tribunales
Por su parte, el alcalde de Ñiquén, Manuel Pino, se mostró tranquilo tras conocerse la demanda que enfrenta el municipio. "Acá en ningún caso hay un embargo, lo que hay es un requerimiento que debe ser resuelto por los tribunales de justicia", remarcó. A juicio de la autoridad edilicia, "que se ventilen este tipo de hechos, los municipios siempre están recibiendo demandas, por lo que esto responde a intereses políticos, previos al inicio de un periodo electoral. No obstante, esperamos que los argumentos de nuestro equipo jurídico sean acogidos", sentenció el alcalde Manuel Pino.