Caso Acarreo: Senador Navarro es condenado a pagar $18 millones
JUDICIAL. Tribunal fijó costas que deberá pagar a alcaldesa de San Fabián y otros tres absueltos de fraude electoral, que serán indemnizados con $54 millones en total.
El 31 de julio se cumple un año desde que la fiscal Patricia Suazo presentó una acusación por el delito de incitar u organizar a electores a proporcionar domicilio electoral falso en contra de la alcaldesa de San Fabián, Lorena Jardua, y otras tres personas. Sin embargo, el escenario tuvo un cambio rotundo en los últimos cuatro meses y ayer el Tribunal Oral en Lo Penal de Chillán, tras absolver a la edil, condenó al Ministerio Público y también a los querellantes, entre los que se cuenta el senador Alejandro Navarro, a pagar un total de $54 millones en costas, que es el monto más alto fijado en la zona desde que se implementó la reforma procesal penal.
"Los acusadores se transformaron en acusados", señaló el abogado Ricardo Robles, defensor de Lorena Jardua, quien ayer no asistió a la audiencia. Sí lo hizo su esposo, Ariel Torres, y el abogado defensor de este, Rodrigo Vera.
Cada acusado pidió al tribunal $35 millones en costas; sin embargo, la decisión del tribunal fue que la fiscalía y las partes querellantes, que eran Eulalia del Carmen Salinas y el senador Alejandro Navarro, pagaran $4,5 millones por cada absuelto, que fueron cuatro, lo que da un total de $18 millones para cada uno.
"Me parece que es una señal de que cuando se enjuicia a una persona, hay que tener pruebas serias. No digo que se impida el acceso a la justicia, porque cada persona que se siente afectada puede recurrir, pero cuando hay una investigación como esta, que tardó tres años, se afectó a personas que vieron enlodada su imagen y tuvieron que hacer un tremendo gasto. En este caso, los acusadores siguieron su acción judicial y ahora sólo pagan consecuencias", declaró Robles.
Por su parte, la alcaldesa Lorena Jardua, quien optó por no ir a la audiencia por estar de duelo, luego de que el 4 de julio falleciera su abuela, comentó que la cifra fijada por los jueces del Tribunal Oral los deja conformes. "Aunque lógicamente es lo que falla el Poder Judicial y lo aceptamos, pero la suma no viene a paliar todo lo que tuvimos que pasar durante todo este tiempo que pasamos en juicio, que significó pagarle a abogados y estar suspendida de mis funciones, sin percibir remuneración", manifestó la alcaldesa Jardua. Además, recordó que estuvo casi tres años en tribunales, en 28 audiencias en total.
El abogado Rodrigo Vera destacó que ahora falta una audiencia en el tribunal de San Carlos, porque el ex alcalde de San Fabián, Cristian Fernández, también fue condenado a pagar costas, toda vez que fue parte querellante en el caso. Sobre el juicio, dijo que "hubo un cúmulo de errores básicos, dados por la falta de pericias, el 30 de abril y el 5 de mayo de 2012".
En la sentencia, de hecho, se desprende una crítica hacia el subinspector Richard Moraga, de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, quien declaró en juicio, ya que reprodujo testimonios de personas que no declararon en la instancia judicial oral, y además se retractó de sus dichos cuando se le consultó cuál era el sitio donde se cometió el delito, "desnudando así la poca asertividad, confusión y desconocimiento que manifiesta de estos hechos", reza la sentencia, que ya fue validada por la Corte de Apelaciones de Chillán.
Los dardos apuntan a fiscal Patricia Suazo
La alcaldesa de San Fabián emplazó no solo al senador Alejandro Navarro a dar explicaciones a la ciudadanía, sino también al Ministerio Público, "que deberá pagar $18 millones, pero que es dinero de todos los chilenos", dijo, recordando que en la Corte de Apelaciones ya fue condenada la fiscalía en $4 millones. Por su parte, el abogado Rodrigo Vera Lama fue más duro y dijo que la fiscal Patricia Suazo fue negligente, "porque nunca, siquiera, visitó los lugares en que acusó que hubo delito". Además, recordó que los libros del Servel no los consiguió ella, sino que la querellante del senador Navarro.
$13,5 millones recibe cada acusado según lo estipulado por el tribunal. Fiscalía y querellantes pueden apelar al fallo.