Un momento complejo vive hoy la ministra de Justicia, Javiera Blanco. Sumado a la solicitud para su interpelación -lo que fue votado favorablemente esta semana tras una primera presentación bochornosa de parlamentarios de la oposición que no llegaron a la hora al momento de votarla- un documento revelado este jueves da cuenta que a través de un oficio la secretaria de Estado instruyó al ex director de Gendarmería, Tulio Arce, para la contratación de funcionarios de su cartera en comisión de servicio en la institución uniformada. El documento da cuenta que se solicitó la incorporación a la planta de 4 personas con grados específicos, por los cuales entraban ganando directamente sueldos entre los 3,5 y los 4,3 millones de pesos brutos.
Este oficio se conoce luego que el exDirector Nacional de Gendarmería, Tulio Arce, afirmara tras su renuncia que había recibido órdenes para contratar a funcionarios, pasando a llevar una atribución exclusiva de su cargo. En respuesta, la propia ministra había asegurado que no había influido en el proceso de contrataciones en Gendarmería.
Desde el gobierno, el ministro vocero Marcelo Díaz respaldó tal acción administrativa que se ampara en las atribuciones de la secretaria de Estado y que no constituye una irregularidad. Igualmente, desde la Nueva Mayoría se blindó a la ministra.
Lo concreto es que la ministra o bien omitió la información al ser consultada hace algunos días por las declaraciones de Arce o derechamente mintió. Resulta por lo demás poco transparente esta asignación con sueldos específicos de funcionarios del Ministerio de Justicia, que además ostentan militancia dentro de la Nueva Mayoría, con sueldo impuestos, en "comisiones de servicio", una figura que a juicio del ejecutivo es común, pero que al mismo tiempo abre una serie de interrogantes respecto a cuántos funcionarios son impuestos por los jefes de cartera en los distintas reparticiones públicas, sin pasar por concursos o procesos de selección mediante Alta Dirección Pública.
En defensa de la ministra Blanco, se ha pedido desde el conglomerado oficialista centrarse en la problemática que aqueja a los niños del Sename, en cuyas instituciones han fallecido 185 niños entre los años 2005 y 2015, según un informe redactado por el propio Ministerio de Justicia. Lo concreto es que ya la Cámara de Diputados hace un año que emitió un informe lapidario con respecto a las situaciones acaecidas en esta institución sin que hasta el momento hubiese existido pronunciamiento o acciones concretas del ejecutivo. Sin duda que el mejoramiento de la institucionalidad es importante y urgente de resolver, pero no a costa de obviar actos que podrían estar reñidos con la transparencia en la administración pública.