Danny Fuentes Espinoza
En su fase final se encuentra el proceso judicial que llevan adelante los familiares de Miguel Sanhueza y Roberto Hormazábal, obreros que fallecieron en medio de unas obras de alcantarillado que se realizaban en Portezuelo, en diciembre de 2009.
Si bien en 2013 el Ministerio Público persiguió penalmente a cuatro trabajadores de la empresa constructora GD, a cargo de las obras, incluyendo a su representante (Guillermo Godoy), el tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Chillán los absolvió de los cargos por cuasidelito de homicidio.
Sin embargo, la familia presentó una demanda buscando una indemnización monetaria por el daño moral sufrido. Fue así como el Primer Juzgado Civil de esta ciudad dictó sentencia condenatoria el 18 de diciembre de 2015 contra el municipio de Portezuelo y la empresa para la cual trabajaban las dos víctimas fatales, cifrando el monto en $125 millones por los perjuicios sufridos por los familiares más cercanos de las víctimas.
Cabe recordar que los hechos ocurrieron alrededor de las 17.45 horas del 14 de diciembre de 2009. En esa ocasión, la empresa GD se encontraba ejecutando obras del Plan de Mejoramiento de Barrios (PMB) en Portezuelo. "Comprendía la instalación y mejora de alcantarillado en una extensión prolongada de terreno, a orillas del camino público, en la salida sur a Chillán, colindante a la Población Lo Ramírez. Eran trabajos en fosas de arena de varios metros longitud con una profundidad de cerca de cuatro metros", se detalló en el proceso judicial civil.
Para desgracia de Miguel Sanhueza y Roberto Hormazábal, esa tarde estaban instalando tubos de PVC cuando la tierra se desmoronó a raíz de la destrucción de una matriz de agua, lo que les ocasionó la muerte por asfixia en el aplastamiento.
Por este hecho, el tribunal civil condenó al municipio de Portezuelo a pagar en total $25 millones en concepto de indemnización de perjuicio en favor de la pareja (María Lagos) y dos hijos de Miguel Sanhueza (Luis y Rosa, además de la viuda de Roberto Hormazábal (Sonia Andrades) y su hija (Cristina).
El pasado 3 de febrero, la Corte de Apelaciones confirmó el fallo de primera instancia.
No obstante, el abogado Gustavo Baeriswyl, representante del municipio de Portezuelo, además de Ingrid Landero, representante de la constructora GD, presentaron un recurso de casación en el fondo ante la Corte Suprema, el que fue declarado admisible a principios de marzo.
De hecho, el 22 de marzo, desde la Corte Suprema se notificó que la causa ya está lista para que se agenden los alegatos, para así cerrar el capítulo judicial.
Hasta ahora, lo que vienen sosteniendo desde el municipio es que no existía relación contractual con las dos víctimas fatales, ya que ambos obreros eran subcontratados por la empresa GD.
Por su parte, la empresa constructora, representada por Baeriswyl, ha planteado que "los hechos expuestos en esta demanda ya fueron materia de otro juicio, se ventilaron en causa penal", haciendo alusión a la absolución de los cuatro imputados.
Responsabilizan al ex alcalde
Desde el municipio de Portezuelo, el jefe de Gabinete, Adán Zapata, dijo que este proceso judicial está vigente, pero que eventualmente, si deben pagar $25 millones, significaría un perjuicio para las arcas municipales. "Nosotros en ese momento no éramos gobierno. El alcalde asumió en diciembre de 2012 y terminamos de inmediato el contrato con GD, porque no hacía bien los trabajos. De hecho, tenemos un juicio pendiente". Además, destacó que hoy tienen una buena relación con la familia de las víctimas. "Hace más de un año lamentamos la muerte de la esposa de Miguel Sanhueza", dijo.