La problemática de los amedrentamientos y agresiones que deben enfrentar a diario quienes laboran en el ámbito de la salud no es un tema nuevo. De hecho, desde enero del 2015 duerme en el Congreso un proyecto de ley, presentado por el diputado Carlos Abel Jarpa, a través del cual se busca sancionar a quienes maltraten física y verbalmente al personal de salud, para lo cual se castigará conforme al art. 397 del Código Penal, pero aumentado en un grado.

Sin embargo, los últimos acontecimientos en Loncoche, y especialmente el que afectó al médico Karl Noac, agredido, amenazado con armas de fuego y golpeado por dos personas el pasado jueves mientras cumplía su turno el hospital comunitario de Yungay, llevaron al mismo parlamentario a anunciar que pedirá al Ejecutivo que se le dé suma urgencia a la iniciativa, y de esa manera se convierta en norma.

Por lo anterior es que en los próximos días, aprovechando que habrá semana legislativa, "me comunicaré con el ministro secretario general de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, y la ministra de Salud, Carmen Castillo, con la finalidad que le pongan urgencia y se pueda aprobar", puntualizó Jarpa.

"La idea de este proyecto es que tenga un carácter disuasivo, preventivo, que las personas lo piensen dos veces antes de actuar", subrayó el legislador radical por Ñuble.

Acción judicial

A ocho días de la agresión sufrida por el doctor Noac y una técnico paramédico, el Servicio de Salud Ñuble presentó ayer una querella (la que se suma a la del miércoles del Colegio Médico) ante el Juzgado de Garantía de Yungay, en contra de Miguel Ángel Guíñez y Robinson Uribe, por el delito de amenazas y lesiones en contra de dos funcionarios del Hospital Comunitario de Salud Familiar de dicha comuna. Ambos ya fueron formalizados pero en libertad.

Junto con rechazar las agresiones, el director del SSÑ, Iván Paul, agregó que adicionalmente están trabajando en un plan de corto plazo para disminuir la percepción de vulnerabilidad de la comunidad hospitalaria y adoptar las medidas que aumenten su seguridad ante hechos de este tipo, ponderando su viabilidad y eficacia.

Estas acciones van en línea con la estrategia anunciada por la ministra Carmen Castillo, quien explicó que junto al Ministerio del Interior desarrollarán una Política de Seguridad para Establecimientos de Salud. La iniciativa comenzará con un diagnóstico de Carabineros de Chile sobre la situación de seguridad en las Unidades de Emergencia Hospitalaria (UEH) y otros dispositivos, que permitirá adoptar medidas concretas que mejoren el nivel de seguridad de estos centros.

Rapidez

Esta semana, el presidente del Colegio Médico regional Chillán, doctor Carlos Rojas, participó de la asamblea anual del gremio en Pucón, donde una de las principales preocupaciones que se hizo presente a la ministra Carmen Castillo fue precisamente la inseguridad que deben enfrentar los galenos, sobre todo en la atención de urgencia.

"Se le solicitó a la ministra de Salud que se aborde el tema con una mirada integral, principalmente que se aplique un grado más en la pena de quienes agredan a personal de la salud", precisó Rojas. "No queremos que se tomen medidas después del fallecimiento de un colega", reflexionó el facultativo.

No realización de los estudios de ingeniería definitivos, la falla por parte de la comisión receptora a la hora de verificar el cumplimiento del contrato, la falta de permiso de la Dirección General de Aguas (DGA) para modificar el lecho del río, la no instalación de los colgadores de acuerdo a los planos y la falta de un estudio de mecánica de suelos, fueron parte de los incumplimientos que detectó el informe de Contraloría respecto a la construcción -por parte del municipio de Coelemu- de la pasarela ubicada en la población 11 de Septiembre en dicha comuna.

A juicio del alcalde Alejandro Pedreros, el actual escenario es complejo. "Ahora tendremos que hacer el estudio de mecánica de suelos, pues determinará si hay que hacerle modificaciones, se mantiene igual o incluso podría arrojar que hay que construirla nuevamente", remarcó.

Junto con lamentar la situación, el alcalde Pedreros criticó la gestión de la anterior administración. "No se cumplió con trámites y estudios básicos, pues demandaban tiempo, ya que se buscaba un provecho electoral. Ahora tendremos que hacer un gran esfuerzo monetario para costear los $13 millones que cuesta el estudio de mecánica de suelos", sentenció con un dejo de resignación.

Respecto a los plazos, Pedreros es cauto. "Por el monto, debemos licitar y después realizar los estudios, por lo que nunca antes de 60 días tendremos novedades" , detalló.

Proponer

Además de criticar la postura asumida por el alcalde, el concejal Enrique Rivas llamó a la autoridad a preocuparse del futuro de la comuna. "Si bien hay observaciones por parte de la Contraloría, hay que esperar la evolución de los hechos. Lo importante es que el alcalde deje de preocuparse de lo que se hizo o no se hizo, y tenga propuestas, que hasta el momento no he visto", enfatizó.