Danny Fuentes Espinoza
"En acuerdo" quedó el recurso de protección que interpuso ante la Corte de Apelaciones de Chillán la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud (Confenats) de Ñuble, quienes piden que se declare ilegal el descuento que realizó el Servicio de Salud de Ñuble y los hospitales de Chillán y Yungay por las horas no trabajadas de 302 funcionarios que en octubre y noviembre del año pasado paralizaron funciones, sumándose a la movilización nacional que convocó la CUT y que solicitaba un reajuste de sueldo.
Los ministros Christian Hansen, que presidió la sala, además de Darío Silva y Guillermo Arcos pusieron en tabla el recurso judicial el pasado martes, y en aquella ocasión sólo fue el abogado Alejandro Sepúlveda, en representación del Servicio de Salud de Ñuble, quien expuso como defensor, sin que dijera presente también el representante de la Confenats de Ñuble.
Ya en el informe que entregó a los jueces del tribunal de alzada, el abogado Alejandro Sepúlveda solicitó rechazar el recurso de protección interpuesto por los trabajadores de la salud que estuvieron en paro durante el 26, 27 y 28 de octubre del año pasado.
"Estimamos que el recurso debe ser rechazado porque en él no se señala en forma expresa la o las personas que eventualmente han sido afectadas por el acto ilegal o arbitrario, sino que sólo se hace una indicación genérica de ellos", dijo Sepúlveda, quien agregó que "de esa manera no se puede determinar el sujeto afectado, las características del acto impugnado, como así tampoco de qué forma se han eventualmente vulnerado sus derechos. Consecuencia de aquello, la ilustrísima Corte no puede entrar a analizar el fondo del recurso, ni menos acogerlo".
Junto con ello, planteó que el descuento, que se hizo efectivo a partir de febrero, y en tres parcialidades, fue comunicado y los funcionarios tuvieron la posibilidad de concurrir a la Contraloría para reclamar, cuestión que no se realizó.
"Los descuentos han sido realizados en base a elementos y antecedentes objetivos y suficientes, como son los informes de los jefes directos de los funcionarios que han señalado la cantidad de horas que no se trabajaron durante la paralización de los días 26, 27 y 28 de octubre de 2016 y entre los días 2 al 17 de noviembre de 2016 en el Hospital Pedro Morales de Yungay", explicó el abogado Alejandro Sepúlveda, agregando que "no ha existido arbitrariedad en el proceder de los recurridos al hacer tales descuentos y menos ilegalidad, ya que por imperativo legal los órganos públicos deben aplicar la ley estrictamente y quien no haya desempeñado sus funciones no puede tener remuneración por esos periodos".
Desde el hospital Herminda Martín, en tanto, la abogada Claudia Cabrera respondió al recurso de protección en los mismos términos que Alejandro Sepúlveda para pedir el rechazo al recurso judicial.
"El solo hecho que funcionarios en paro marcaran los sistemas de control horario, a su ingreso y salida, no implica que realicen sus labores. Por el contrario, durante Ia paralización no desempeñaron sus funciones específicas y por ello no corresponde que se les pague remuneración por las horas no trabajadas", dijo Claudia Cabrera.
Gremios piden frenar los descuentos
Los gremios de la salud, entre ellos la Confenats, plantearon que la movilización de octubre y noviembre se enmarcó en la negociación de los trabajadores del sector público con el Gobierno, exigiendo que el sueldo se reajustara en un 7.5%, cuestión que finalmente no ocurrió porque el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto que finalmente reajustó el sueldo en un 3.2%. Esto llevó a una serie de movilizaciones del sector público que ahora decanta en los descuentos. "Todo esto a modo de castigo por haber participado en el paro, acto absolutamente arbitrario e ilegal", plantearon desde la Confenats.