"Después de cinco años estamos dando un paso más y esto es una señal del trabajo en conjunto"
Sergio Zarzar, Alcalde de Chillán por la ampliación de Vicente Méndez.
"Lo más terrible es que haya pronunciamiento y no acatan la orden. Esto nos afecta hace 14 años"
Rosa Saldía, Secretaria del Canal de Riego "Canal Peña" en Bustamante.
Pese a existir una resolución del Tribunal Ambiental de Valdivia que ordenó en mayo del año pasado la clausura definitiva del plantel porcino Santa Josefina, en la comuna de Coihueco; pese a haberse otorgado entonces un plazo de 10 meses para despoblar su masa ganadera y realizar las labores de limpieza; pese a existir evidencias concretas de contaminación y descarga no autorizada de Riles, además de no contar con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) vigente y pese a existir sumarios sanitarios cursados con posterioridad por emisión de malos olores, la planta sigue operando prácticamente sin cuestionamiento por parte de las autoridades y afectando la calidad de vida de sus vecinos.
Según constató la autoridad fiscalizadora, la planta de propiedad de Agrícola y Frutícola Veneto, que mantiene una masa de 7.500 cerdos distribuidos en 15 pabellones, ha venido realizando descargas de residuos industriales líquidos a lo menos desde el año 2014, sin tratamiento y sin contar para ello con una Resolución de Calificación Ambiental, lo que ha generado una contaminación a cursos de agua y terrenos aledaños al recinto, que han afectado a unas 1.500 familias de sectores La Viñita, Calabozo y Bustamante en Coihueco. A pesar de las reiteradas denuncias, los sumarios sanitarios y la resolución del tribunal competente, la medida de cierre ordenada no ha podido cumplirse debido a un recurso de protección que interpuso la empresa para impedir que se lleve a efecto la medida, según señalan por considerarla "una acción arbitraria" y "que constituye una vulneración a los derechos amparados constitucionalmente", y que hasta el día de hoy, a casi un año de la resolución de clausura definitiva, no ha sido resuelto por la justicia.
La serie de incumplimientos de esta empresa derivan de los reclamos que desde 2014 han venido realizando los vecinos del sector ante las autoridades, que motivaron un proceso sancionatorio que fue frenado en 2016 al acogerse el plantel a un programa de cumplimiento, que el 31 de octubre de 2017 dejó de respetar, por lo que la autoridad ordenó el cierre de la investigación en marzo de 2018 con la sanción de clausura, y que finalmente fue ratificada por el Tribunal Ambiental de Valdivia.
Este caso trae a la memoria lo ocurrido en 2012 en la localidad de Freirina, cuando el entonces ministro de Salud, Jaime Mañalich, decretó el cierre de la planta de crianza y faenamiento de cerdos más grande de latinoamérica, con 480 mil animales, por las protestas vecinales por malos olores. Pese a que luego la planta fue autorizada a funcionar -con Resolución de Calificación Ambiental incluída- con la mitad de su producción, la compañía Agrosuper decidió cerrarla indefinidamente luego que la comunidad optara por realizar medidas de presión y bloquear el acceso al recinto. Es de esperar que en Ñuble sus autoridades actúen antes que la agotada paciencia de los pobladores termine por repetir hechos que han marcado negativamente a la sociedad.
Sin duda la transición a una red inteligente ("Smart Grid") es un paso necesario para poder potenciar sistemas energéticos más eficientes, que exploten los beneficios de las fuentes de Energía Renovables No Convencionales (ERNC) y que sean más resilientes a desastres naturales (hoy en aumento a causa del Cambio Climático). Para poder generar esta transformación, una pieza fundamental es la implementación de medidores inteligentes y para tener un funcionamiento óptimo el recambio debe ser al 100% de la red.
No obstante, uno de los ítems que más ha generado polémica proviene de la decisión de quién paga por el reemplazo del medidor. Distintos sectores han puesto en palestra las razones, procesos y trasfondo de esta decisión. Se ha explicado que, como un servicio, es el usuario quien tiene que pagar por el beneficio de su uso. También se ha propuesto que la compañía pague a los usuarios por el medidor actual. Pero la pregunta que queda es: ¿cuántas veces se tendrá que pagar por este servicio?
El Valor Agregado de Distribución (VAD) es aquella parte de la tarifa final al usuario que remunera a la empresa concesionaria el servicio de distribución de electricidad; entonces, si existiesen mejoras con respecto a la empresa modelo eficiente definida a comienzos del período, esto se traduciría en ganancias para la empresa.
Digamos que en el cálculo del Valor Agregado de Distribución (VAD) para el período 2016-2020, se consideró el pago de sueldos de los inspectores que están encargados de leer los medidores, el prescindir de ellos y hacer uso de medidores inteligentes, podría representar una mejora que aumente las ganancias de la empresa. Estas ganancias provendrían del costo que los usuarios pagan en el VAD por los inspectores y que seguirían pagando incluso si estos no sean ya parte del sistema. Es decir, sería como si el usuario estuviera pagando por el medidor inteligente y por los sueldos de los inspectores.
Por otra parte, cabe preguntarse qué sucederá cuando los nuevos medidores fallen. Según discusiones realizadas en el Congreso Norteamericano durante el 2015 para la implementación de medidores inteligentes, se comparó la vida útil de los medidores convencionales versus los inteligentes, demostrando que la vida útil bajaba de 30 años a un promedio entre 5-7 años, para los modelos que estaban en cuestión. Siendo este el caso, ¿quién deberá pagar por el recambio de los medidores? ¿Existe desde ya un análisis que mencione el período de recambio?
Estas son algunas preguntas que aún quedan por contestar, como también si se realizaron estudios exhaustivos para saber si los nuevos medidores tendrán un aumento de lectura como se ha visto en otros países; cómo se tratarán los sistemas de encriptación de información que deben ser utilizados por las nuevas redes; o bien, cuáles serán los cobros asociados a franjas horarias.
Felipe Díaz Bórquez, Académico Fac. Ingeniería y Tecnología
Universidad San Sebastián.
"El patio trasero de la provincia" es la forma como se refieren a su sector las 130 familias que viven en Llollinco, localidad que cuenta con el Cita y la planta residuos domiciliarios. A la lista se agrega desde noviembre del año pasado, la empresa Inser, que traería un nuevo relleno sanitario el que ingresó por cuarta vez a Evaluación Ambiental.
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) inició el jueves pasado la
formulación de cargos en contra de la empresa Ecobio S.A, firma a cargo del relleno sanitario industrial y domiciliario de Llollinco, a raíz de una serie de infracciones detectadas en base a 21 informes generados desde la unidad de fiscalización entre 2013 y 2016.
En el Ministerio de Justicia en Santiago, el alcalde de Chillán, Sergio Zarzar, sostendrá una reunión con el ministro Hernán Larraín, en la que el edil transmitirá al Ejecutivo la necesidad imperiosa de destrabarla construcción de la nueva cárcel de Chillán, como primer paso para materializar una necesidad que la ciudad arrastra por años.