La Corte Suprema dejó sin efecto los fallos cuestionados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en relación al caso Lonkos, también conocido como caso "Norín Catrimán y otros", en el que se condenó al Estado chileno.

Según lo que había sentenciado la CIDH en 2014, se acusó al país de violar los derechos humanos de mapuches, en una causa que se originó en Angol y en la que se condenó a ocho comuneros, en su mayoría, por delitos terroristas.

Fue precisamente esa connotación la que provocó el cuestionamiento de la corte internacional, pues se determinó que la calificación de terrorista violó la presunción de inocencia y la obligación del Estado de definir las conductas constitutivas de delito con precisión y claridad.

El fallo del organismo decretó que el Tribunal Oral en lo Penal de Angol incurrió en prejuicios discriminatorios contra el pueblo mapuche en el fallo que dictó, lo que violó el principio de igualdad y no discriminación.

Es una decisión sin precedentes en la Justicia chilena. Si bien antes la Suprema había rechazado fallos o solicitudes, nunca había dejado sin efecto un fallo condenatorio.

El ministro vocero de la Corte de Suprema, Lamberto Cisternas, dijo que "las circunstancias de aparecer una persona en un Whatsapp, ya sea enviándolo o contestándolo, en sí misma no tienen una significación inmediata, pero puede haber allí un indicio y esos indicios tienen que unirse con otros en la investigación para determinar si existe una responsabilidad".

De ese modo se refirió a la publicación de los mensajes enviados por dicha aplicación entre el ministro del Interior, Andrés Chadwick, y el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, hace dos años. En ellos, Chadwick, que entonces no ocupaba un cargo público, pidió a Soto que apoyara al fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, por sus indagaciones sobre los incendios forestales.

Cisternas llamó a estar "atentos" a los hechos que se establezcan en la investigación penal que hay contra Arias.

El suspendido ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua Emilio Elgueta fue formalizado en el Juzgado de Garantía de Santiago, en el marco de la investigación en contra de él y otros dos jueces del tribunal de alzada por presuntas irregularidades en la tramitación de causas.

En la ocasión, el fiscal a cargo de las indagaciones, Sergio Moya, le imputó los delitos de enriquecimiento ilícito, por casi 29 millones de pesos, y prevaricación.

Más formalizaciones

Tras más de tres horas de audiencia, el tribunal estableció un plazo de investigación de 180 días, citando al imputado para el próximo 7 de junio. Esto, luego de que el Ministerio Público anunciara una nueva imputación de cargos contra el magistrado, además de formalizaciones para otros indagados en el caso.

Para sustentar el delito de prevaricación, el persecutor se basó en tres casos. El primero data de 2016 cuando, según Moya, Elgueta "intervino directamente un recurso de protección interpuesto por su médico personal, hermano de la Logia de Rancagua y, por sobre todo amigo personal, Luis Arenas, quien al día de hoy se encuentra condenado por tráfico de psicotrópicos y estupefacientes".

El fiscal recordó que en dicha oportunidad la sala que vio la acción, la cual estaba integrada por Elgueta, falló a favor del profesional eliminando así la disposición que le restringía la prescripción de medicamentos con fentermina.

Para respaldar la supuesta intervención del indagado, Moya expuso mensajería de Whatsapp entre el ministro y el médico, donde este último lo trataba de "hermanito" y preguntaba por el avance de su causa. "Elgueta, en plena consciencia de la relación que tenía con el médico, no se inhabilitó ni informó a las partes (...) incluso transmitió, vía Whatsapp, el avance que dicho recurso tenía en la Corte de Apelaciones (...) Esto permitió a Arenas tener acceso ilimitado a recetas cheque retenidas, las que se emplearon para tráfico de este psicotrópico a nivel nacional", indicó Moya.

Otro hecho es el trato que habría tenido con abogados que litigaban en causas que él debía revisar, en particular con Gabriel Henríquez, con quien registró más de 50 llamadas durante la revisión de una causa y que, según Moya, tendría una amistad en base a permanentes comunicaciones, reuniones sociales y visitas a domicilios particulares.

"En la tramitación de nueve causas penales se puede constatar que Elgueta votaba a favor de las pretensiones de Henríquez, ya sea como minoría o mayoría", y que a esa parte le daba información "en perjuicio" de la contraria.

En cuanto al delito de enriquecimiento ilícito, Moya dijo que entre 2016 y 2018, Elgueta obtuvo un incremento injustificado por $28.652.021, no teniendo otra vía de ingreso monetario fuera de trabajar en el Poder Judicial.

Moya expuso ante el tribunal tres maneras por las cuales Elgueta recibió dicho monto: depósitos realizados por caja por el mismo indagado por cifras que van entre los $400 mil y tres millones de pesos, transferencias hechas por terceros y depósitos de cheques. Dos de estos últimos, por parte de un abogado, juez de policía local, que tramitó causas en la sala de Elgueta. "Lo que establece a nuestro parecer un enriquecimiento ilegítimo injustificado e incremento de patrimonio injustificado", expuso Moya.

"Elgueta, en plena conciencia de la relación que tenía con el médico, no se inhabilitó ni informó a las partes".

Sergio Moya, Fiscal