Continúan los problemas para la materialización del Embalse Punilla. A la insolvencia económica en la que se encuentra Astaldi, empresa encargada de su ejecución, ayer se sumó una complicación más.
Lo anterior, ya que tras dos días de la audiencia de conciliación, pruebas y alegatos en la demanda de reparación por daño ambiental interpuesta por un grupo de habitantes de San Fabián de Alico, en contra de Sociedad Concesionaria Aguas de Punilla S.A y el Ministerio de Obras Públicas (MOP), el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, alcanzó un acuerdo, el que próximamente se plasmará en una sentencia.
"Hemos procedido a revisar la evidencia, se ha practicado la prueba testimonial, tanto de la parte demandante, los demandados (Fisco y sociedad concesionaria Aguas de Punilla), hemos escuchado los testigos expertos de ambas partes, y tras los alegatos de clausura del día de hoy (ayer), el tribunal ha procedido a deliberar y a llegar un acuerdo de la misma y en este minuto nos encontramos en periodo de redacción de sentencia", precisó el ministro y presidente del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, Iván Hunter, quien además será el encargado de la redacción del documento.
Medida cautelar
Durante la audiencia que finalizó el miércoles, el Tribunal Ambiental de Valdivia escuchó a las partes, luego que el MOP solicitara el alzamiento de la medida cautelar que se encuentra vigente desde diciembre de 2018 y que suspendió los desalojos y los efectos de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto solo en lo relacionado con el medio humano.
En su alegato, el MOP sostuvo que la medida cautelar impide avanzar con las obras del proyecto, mientras que la empresa argumentó preocupación por continuar implementando el Plan de Desarrollo Social entre los habitantes que accedieron a la reubicación, ante un eventual desacato de la medida.
Sobre esta solicitud, el Tribunal analizará los antecedentes presentados por las partes, para resolver si mantiene, modifica o alza completamente la medida cautelar vigente.
Por su parte, los demandantes solicitaron mantener la medida, ya que su juicio el alzamiento podría agravar el daño ambiental que demandan en la causa.
"Queremos que se mantenga la medida, ya que los entes no tienen la voluntad de paralizar esta obra. Los hechos, las circunstancias, los han llevado a mantenerse en el lugar para seguir viviendo. Si esta medida se alza se va a agravar el daño ambiental ya causado respecto de ellos. Le pido al Tribunal que para corroborar esto, realice una visita, una inspección personal y constatar las condiciones en las que están viviendo, por qué es necesario tener un lugar para sus animales", sostuvo el abogado Alex Quevedo.
En tanto, Ricardo Frez, abogado de la ONG Defensa Ambiental, se mostró optimista luego del término de los alegatos, pues a su juicio se pudieron acreditar distintos hechos ante el Tribunal.
Estamos tranquilos con el resultado de lo que fue todo este proceso, de hecho creemos que las perspectivas son bastante más positivas de lo que incluso en algún momento pudimos haber pensado. Creemos que se logró constatar fehacientemente los distintos aspectos que el Tribunal esperaba que las partes pudieran ir acreditando, fundamentalmente los vecinos", sentenció Frez, quien declaró como testigo de la parte demandante.
Petitorio contradictorio
Por su parte, la empresa argumentó que los demandantes no lograron configurar ni demostrar el daño ambiental al componente humano alegado en la demanda. Otro de los aspectos que hizo presente, tuvo relación con cuestionar que los demandantes soliciten una indemnización civil, dado que ello no puede ser resuelto por los Tribunales Ambientales; y alegó que el petitorio de la demanda es contradictorio, respecto de la responsabilidad que tendría el Ministerio de Obras Públicas y la empresa en el presunto daño alegado.
