Álvaro Alarcón Bustamante

Al cumplirse un año de los primeros desalojos en San Fabián de Alico para la construcción del Embalse Punilla, las familias siguen esperando que el Estado les brinde una solución a su estado de indefensión en que se encuentran hoy.

Héctor López y su esposa Ángela Valenzuela fueron la primera familia desalojada. Cuando eran las 8:00 de la mañana del miércoles 21 de noviembre del 2018, efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros llegaron a su hogar para comenzar el desalojo.

Esta familia creció en la cordillera de San Fabián y vivieron 25 años en una vivienda que estaba ubicada en el sector de Los Sauces, el primer sector que la empresa Astaldi expropió para lo que serían los campamentos de la obra.

De este modo, al cumplirse un año de dichos sucesos, se mantiene la situación en que se encuentran estas familias.

En este sentido, el asesor de los desalojados, César Uribe, dijo que "las familias están en la misma situación que quedaron luego de ser expulsadas, es decir, en la calle, a las afueras de lo que fueron sus casas, sus terrenos, sin condiciones ni viabilidad. Pasaron un invierno súper duro, sin agua, sin aislación térmica y piso de tierra, tratando de habilitar los espacios de la mejor forma, pero obviamente que no en una situación de normalidad".

Sostuvo además que "a nivel judicial están esperando lo que pase con el dictamen del Tribunal Ambiental de Valdivia, el cual tiene que entregar su fallo a más tardar en enero del próximo año, a raíz de la demanda que entablaron los vecinos en contra de la Sociedad Concesionaria Aguas Punilla S.A. y el Ministerio de Obras Públicas, por daño ambiental desde el componente humano, por el daño que le generaron a ellos como personas".

El abogado Ricardo Frez expresó que "la gente sigue en una situación de indefensión, por lo mismo a ellos no se les ha entregado ninguna solución, ni siquiera parcial por parte del Ministerio de Obras Públicas ni de la concesionaria. Por lo mismo, la mitad de las familias debieron abandonar el sector y las otras se mantienen en el campamento".

Cabe recordar que en octubre pasado el Tribunal Ambiental de Valdivia, con jurisdicción desde Ñuble a Magallanes, resolvió alzar la medida cautelar vigente desde diciembre del 2018 y que suspendió los efectos de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto Embalse Punilla respecto del componente humano, especialmente en lo relacionado al Plan de Desarrollo Social y las medidas relativas a la relocalización de un grupo de habitantes de San Fabián de Alico, en la Región del Ñuble.

Visión de la autoridad

Al ser consultado el intendente Martín Arrau sobre la actual situación del embalse Punilla, manifestó que "la situación actual es la que todos conocen, se está terminando el contrato con Astaldi, que era la concesionaria que tenía ese contrato, donde nos dimos un plazo de 6 meses. Han pasado casi tres meses y hay comisiones trabajando con el equipo que está negociando la salida de ellos, para posteriormente decidir qué vamos a hacer. Hay dos opciones: o lo toma el Estado en ejecución directa o se vuelve a licitar, es por eso que tendremos una reunión prontamente con el ministro de Agricultura y la red de regantes para ponerlos al tanto de esa situación".

El alcalde de San Fabián de Alico, Claudio Almuna, sostuvo que "el día miércoles me reuní en Santiago con el ministro del MOP, Alfredo Moreno, donde tratamos el tema del Embalse Punilla y entre los puntos que conversamos fue la fecha en que debiese continuar, debido a que la situación de Astaldi es compleja. El ministro se comprometió a darnos una fecha más adelante, porque en la práctica debemos cerrar el proceso con la empresa italiana y, por otra parte, chequeamos las rutas de pavimentación básica que son compensaciones al proyecto del embalse en Trabuncura, El Maitenal y las zonas de la cordillera que tienen problemas, específicamente en la Ruta N° 31 que es un trabajo de Astaldi más la empresa Hidro Ñuble. El ministerio de Obras Públicas espera que en el corto plazo se pueda ejecutar eso y desafectar la ruta mencionada para disminuir la presión social de los vecinos del sector".

Para la presente jornada se espera la presencia del ministro de Obras Públicas en la zona, quien vendría a ver en terreno diferentes proyectos a ejecutarse en Ñuble. Sin embargo, el que está paralizado es el Embalse Punilla.

"La gente sigue en una situación de indefensión, por lo mismo a ellos no se les ha entregado ninguna solución, ni siquiera parcial".

Ricardo Frez, Abogado

La jornada 33 de manifestaciones finalizó con ocho personas detenidas y un carabinero con lesiones leves. Los aprehendidos tienen entre 20 a 27 años, los cuales fueron aprehendidos por distintos delitos, principalmente por desórdenes en la vía pública.

Desde Carabineros manifestaron que "fueron detenidos 8 sujetos en Chillán por los delitos de daños, como destrucción de señalética de tránsito y desórdenes públicos, como barricadas para cortes de calles. Además, en la jornada del miércoles un funcionario de Carabineros resultó lesionado por la acción de los manifestantes".

En relación al efectivo policial lesionado, este recibió un fuerte golpe en el pie en medio de una detención, lo que fue establecido como lesiones leves.

Con los ocho aprehendidos, ascienden a 311 el total de personas detenidas en el marco de las manifestaciones por las demandas sociales que se realizan desde hace cinco semanas.

En cuanto al balance entregado por Carabineros de Ñuble desde que comenzaron las manifestaciones en la región, los antecedentes entregados hasta el miércoles 20 de noviembre era el siguiente: "En relación a los eventos, en las últimas 24 horas se registraron tres manifestaciones y el total acumulado desde el 18 de octubre hasta el miércoles es de 77 eventos. En relación a los detenidos en las últimas 24 horas en la región, el número de personas detenidas fue 8 y acumulados hasta la fecha son 311, mientras que en cuanto a carabineros lesionados en Ñuble y recursos afectados de la policía, en las últimas 24 horas hubo un carabinero lesionado y desde que empezaron las manifestaciones hay 28 uniformados con lesiones de distinta gravedad. En cuanto a vehículos dañados, el número alcanza 15 de ellos con diversos daños y no hay cuarteles que presenten daños en la región", se informó.

En relación a la arista judicial de los detenidos durante las manifestaciones del 20 de noviembre, las ocho personas detenidas pasaron a control de detención en el Juzgado de Garantía de Chillán, seis para ser formalizados por los delitos de desórdenes públicos y dos por destrucción de una señalética de tránsito.