Luego que Enrique Rivas, quien se desempeñaba como seremi de Energía, asumiera la Gobernación de Diguillín -el pasado martes 12-, la cartera mencionada quedó vacante y bajo la subrogancia del seremi de Economía, Roger Cisterna. Sin embargo, la situación cambió ayer, ya que ahora será Manuel Cofré Suárez quien asumirá como nuevo seremi de Energía de Ñuble.

Así lo anunció el intendente Martín Arrau, quien se reunió con el ingeniero civil industrial para abordar los principales desafíos de la región en materia energética.

El intendente, junto con desearle éxito en su gestión, destacó que "el nuevo seremi conoce muy bien nuestra región, ya que por muchos años trabajó en la zona y esperamos que siga posicionando a Ñuble como polo de desarrollo de energías renovables, dando curso a la Ruta de la Luz y, por supuesto, diversificando las fuentes energéticas de manera sustentable".

El nuevo seremi aseguró que busca "aportar a Ñuble, al crecimiento de la región. Energía es el tercer sector más importante en Chile en cuanto a inversiones, a grandes inversiones, y eso es lo que falta en Ñuble, inversiones; inversiones generan trabajo, trabajo genera riqueza y bienestar para todos".

Vacantes

Entretanto, sigue la incertidumbre y las subrogancias en tres carteras del Gobierno Regional, cumpliéndose más de un mes sin nuevas caras y en medio de las demandas sociales por las que clama la ciudadanía desde el 18 de octubre.

Felipe Rössler dejó el cargo el pasado 4 de noviembre, al renunciar por razones personales, y desde entonces la cartera de Educación es subrogada por el seremi de Obras Públicas, Cristóbal Jardua, a la par de sus funciones. En la misma línea está la seremi de Transporte, Bárbara Kopplin, en este caso con la Seremi de Deportes, tras la renuncia de Rodrigo Ramírez el 24 de octubre pasado.

De igual forma se encuentra el Segegob a la espera del nuevo sucesor de Renán Cabezas quien renunció el pasado 24 de octubre y desde entonces no hay quien lleve esta cartera, ni siquiera de manera subrogante como en los otros dos casos.

Tatiana Aular Aguirre

La propuesta de una "Ley antiencapuchados" cuenta con el respaldo suficiente de los senadores para que se convierta en ley. Sin embargo, el senador y miembros de la Comisión de Constitución, Felipe Harboe, aclaró que con ella se busca sancionar "no al que se esté manifestando con capucha, el proyecto lo que hace es agravar la sanción cuando una persona es detenida causando delitos, no manifestándose", dijo el legislador.

El parlamentario precisó que "no es una ley contra los manifestantes. Una cosa es la manifestación, que es un derecho que hay que defender, pero una cosa muy distinta es que se aprovechen de la manifestación para causar violencia, eso sí que es un problema".

Agregó que para aún falta mucho que esta iniciativa pueda ser tangible. "Recién partió la propuesta de ley, aún se deben hacer algunas correcciones y modificaciones. Debe volver a la Comisión, para que sea discutida nuevamente, hacer las correcciones, escuchar a los profesores, volver a hacer las correcciones; luego pasa a la sala, después a la Cámara de Diputados", puntualizó.

A pesar que esta moción tiene como fin aumentar las sanciones contra los que protagonizan hechos de violencia o desmanes, el senador recalcó que en la actualidad "las policías tienen facultades, de hecho si alguien lanza una bomba incendiaria arriesga de 10 años y 1 día de cárcel. El punto está en que lamentablemente la policía no es capaz de llegar y detener", sostuvo.

Esta propuesta ha sido considerada de "especial urgencia" también por el también senador de Ñuble, Víctor Pérez Várela (UDI). "Producto de la crisis que está viviendo el país, donde la violencia, los saqueos, el vandalismo, están destruyendo algunas ciudades, y donde el común denominador de esos saqueos y acciones violentas es que las personas ocultan su identidad, lo que hace mucho más difícil para las autoridades determinar quiénes son las personas que están cometiendo esos desmanes".

Argumentó que una de las fortalezas de la propuesta legislativa es que "con esto se le da la autorización legal a la policía para que detengan a la persona que está encapuchada y que está cometiendo acciones violentas, y como agravante, sanciones penales".

Además destacó que "hay que entregarles tanto a la policía como al Ministerio Público herramientas jurídicas para que puedan combatir esta práctica nefasta".

Pérez, quien también integrante la Comisión de constitución del Senado que elevó la propuesta de ley, dijo que "los manifestantes en democracia van con la cara descubierta, pero cuando aparecen estos encapuchados es un riesgo para la integridad de las personas y los bienes públicos".

En tanto, María Elena Hellman, vocera de la Mesa Social en Ñuble, afirmó que con esta propuesta "se confirma nuevamente que el gobierno está preocupado por generar medidas que conviertan a Chile en un Estado policial, lógica que no se puede entender, alejándolo cada vez más de la lucha que estamos dando todos por un Estado social".

La dirigenta se preguntó, ¿qué es lo que han escuchado realmente, qué es lo que tanto dicen que han escuchado al pueblo, ¿qué han escuchado a los chilenos y a las chilenas?, porque la palabra pueblo no les gusta mucho", recalcó.

De igual modo, la representante de la Mesa Social en Ñuble, consideró que "es un sinsentido lo que está haciendo el Gobierno, lo único que logra con esto es aumentar el descontento social, el de los más jóvenes que son los que están saliendo y continúan saliendo a protestar en las calles. Además que es una falta de sensatez el hacer este tipo de leyes; pero hay un tema de fondo, que es hacer desaparecer a toda costa un movimiento social y reducirlo a encuentro y reuniones copulares entre los diversos representantes".

"No es una ley contra los manifestantes, una cosa es la manifestación, que es un derecho que hay que defender"

Felipe Harboe, Senador por Ñuble y Biobío.