Alejandro Torres Caamaño
Las más recientes informaciones respecto al Caso Línea Azul se remontan a fines del mes pasado, cuando la Corte de Apelaciones de Rancagua mantuvo la prisión preventiva del gerente general de buses Línea Azul, Marcelo Hernández, quien fue formalizado tras el fatal accidente de un bus de la flota que volcó en San Francisco de Mostazal en la región de O'Higgins, ocurrido el 29 de julio de 2019, cuando la máquina de dos pisos de la empresa inició su viaje desde Santiago con destino a Los Ángeles y Temuco. Sin embargo, volcó en una curva que se encuentra en el sector de Río Peuco, lugar en el que fallecieron seis personas y 46 quedaron lesionadas.
Ahora bien, respecto de la situación de la empresa, hoy se agrega otra arista, que dice relación con el estado financiero del privado y sus entidades, como también de las consecuencias que ello podría acarrear para sus trabajadores. En rigor, Julia Salazar Crane, una de las tres entidades que componen la empresa en su conjunto, fue declarada en quiebra, y que fue válidamente notificada mediante boletín concursal el 24 de marzo, un día después de dictada la sentencia que contempla lo ya mencionado.
Con lo anterior, según el abogado Rodrigo Vargas Montané, quien se desempeña en el estudio jurídico Vargas Montané Abogados, conllevaría como consecuencia la quiebra de la empresa, considerando las otras dos entidades: Línea Azul Pasajeros y Línea Azul Carga.
"El efecto es que todos los bienes de Julia Salazar Crane van a ser incautados por el liquidador para rematarlos, y dentro de esos bienes están los derechos sociales. Consecuencialmente esto tocará a Línea Azul, porque si Julia Salazar Crane, dentro de los dos años desde la declaración de quiebra, fue partícipe de cualquier empresa de Línea Azul, esos derechos se revocarán a quien se lo vendió o se incautarán si es dueña, y se solicitará la liquidación de Línea Azul Cargo y Pasajeros por vía consecuencial, pero la liquidación será vía comercial, no concursal, como el caso de Julia Salazar Crane", especificó el profesional.
Lo expresado por el abogado Rodrigo Vargas Montané dice relación con que un trabajador, luego de no lograr el pago de sus remuneraciones que no habían sido pagadas, y las cotizaciones de seguridad social, acudió a su estudio. Así, más adelante, fue el Tribunal Civil quien dictó la condena ya mencionada.
Es preciso mencionar que se hace necesario para los acreedores de Línea Azul que verifiquen su crédito, dado que aquella es la manera de que se paguen las deudas de carácter laboral.
"Hasta el momento es el único caso, en el primer reparto de fondos se pagarán solo a los que hayan verificado crédito en el período ordinario. La sentencia fue notificada el 24 de marzo, y el plazo cumple en 30 días hábiles (...) Dos días después del vencimiento del plazo del período ordinario, se hace la junta ordinaria de acreedores, y ahí votan solamente los acreedores que hayan verificado el crédito en el período ordinario, y se toman las decisiones", dijo Vargas Montané.
Este medio intentó comunicarse con la entidad en cuestión, aun cuando no se logró establecer contacto.
Insolvencia
El caso de la entidad Julia Salazar Crane es uno de estado de cesación de pago (deudor no es capaz a través de la vía ordinaria de poder obtener el pago del crédito, ese deudor se encuentra en estado de insolvencia). Así fue como se le solicitó al tribunal civil de que se declare la insolvencia del deudor, declarando la liquidación de la empresa, lo cual ocurrió el 23 de marzo y le fue notificado a Julia Salazar Crane al día siguiente, quien no compareció ante el tribunal. Esto significa que un liquidador tome el control de la administración de todos los bienes del deudor y pague al acreedor tras remate.
24 de marzo