El Ministerio de Salud publicó ayer las cifras de los fallecidos confirmados y probables por coronavirus, quienes sumaron casi 9.000 en el país, aunque la cifra oficial fue 5.509. La diferencia se debe a que el Gobierno sólo considera muertos por covid-19 a quienes hayan tenido un PCR positivo, mientras que los casos probables son aquellos en que los médicos indicaron que poseían los síntomas, pero al momento del deceso no existía una confirmación de laboratorio.

La autoridad sanitaria reportó ayer 162 fallecidos a causa de la pandemia inscritos en el Registro Civil durante la última jornada, es decir, entre las 21:00 horas del viernes y misma hora del sábado. Ellos se sumaron a un total de 5.509 muertos por coronavirus en Chile.

Sin embargo, el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) indicó que 6.089 eran hasta ayer el total de muertes confirmadas, mientras que los decesos que probablemente ocurrieron por coronavirus llegaban a 2.846. En otras palabras, las víctimas fatales por la pandemia sumaron 8.935.

"Estas diferencias son esperables y se explican porque DEIS realiza un análisis que incluye más fuentes de información que las contempladas en el reporte diario (como fichas clínicas, antecedentes de carabineros, etcétera), lo que les permite tener más elementos de juicio para poder asignar la causa básica de muerte de forma exacta", explicó el jefe de Epidemiología, Rafael Araos.

No obstante, el médico afirmó que "efectivamente tenemos un número importante de muertes debido a covid. Es algo que se repite en gran parte del mundo, es parte del impacto que genera la pandemia y les puedo decir que estamos trabajando para tener un número lo más cercano a lo que en realidad está pasando".

Estas cifras, a juicio de Araos, permitirán al Ejecutivo "tomar mejores medidas y entender realmente la magnitud que tiene (la pandemia): eso también va a ayudar a tomarle el peso al impacto que tiene en mortalidad, como un refuerzo positivo para que las personas sigan cuidándose".

El Informe Epidemiológico anterior, publicado el 20 de junio, señaló que el total de muertes era 7.144, mientras que las probables sumaban 3.069. Ayer, este último número bajó a 2.846 porque, detalló Araos, "si había un examen pendiente de PCR y un fallecido estaba en el grupo de sospechosos o probables, y se recibe ese informe posteriormente como un caso positivo, DEIS lo va a pasar de sospechoso a confirmado".En tanto, hasta la noche del sábado 2.129 pacientes permanecían en unidades de cuidados intensivos (UCI), de los cuales 1.793 estaban con ventilación mecánica, y 400 se encontraban en estado crítico. La disponibilidad de respiradores llegaba a 302.

"mejorar su imagen"

En paralelo, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, afirmó ayer al diario El País, de España, que "hay una desconfianza en la autoridad. (...) Uno se pregunta hasta qué punto el Gobierno vio en la pandemia una oportunidad de mejorar su imagen y eso lo incentivó a no ser ayudado".

"DEIS realiza un análisis que incluye más fuentes de información que las del reporte diario, lo que les permite tener más elementos de juicio". "(Saber número de víctimas) va a ayudar a tomarle el peso al (virus y el) impacto que tiene, como un refuerzo positivo para que las personas sigan cuidándose".

Un grupo de senadores de oposición presentó un proyecto para acortar el plazo que tiene el Presidente de la República para vetar los proyectos aprobados por el Congreso Nacional.

Esto, en medio de la pugna que el Ejecutivo y el Legislativo mantienen por la admisibilidad de iniciativas discutidas en el Parlamento, y a la espera de la decisión que tome el Gobierno con la ley para suspender el cobro de servicios básicos durante la pandemia.

Se trata de la senadora DC Yasna Provoste y sus pares Francisco Huenchumilla (DC), Ximena Órdenes (PPD), Carlos Montes (PS) y Carlos Bianchi (Ind.), quienes propusieron una reforma constitucional para modificar los artículos 73 y 75 de la Constitución Política, a fin de reducir el plazo de 30 a 10 días, para acortar el período que corre desde el momento de finalizada la tramitación de un proyecto o moción en el Congreso hasta su puesta en marcha.

"En la Constitución, entre el tiempo que se entrega para vetar una ley, más el de su promulgación y publicación, se suman 45 días, constituyendo un plazo que consideramos excesivo, ya que el Ejecutivo en el Congreso es colegislador; sigue y conoce del trámite de todas las iniciativas legales", señalan los legisladores en el texto del proyecto. A lo anterior, -sostienen los parlamentarios- se suma que no se justifica un período tan "excesivo" de tiempo. "Es más, hoy en día una ley puede estar publicada en el Diario Oficial al día siguiente o al subsiguiente de su despacho por parte del Congreso", afirman.

DEtalle

En el texto, los senadores acusan también que "el plazo de 30 días se ha desvirtuado de su sentido original, siendo utilizado por el Ejecutivo como una manera de dilación a la puesta en marcha e implementación de las leyes, lo que constituye una manera encubierta de incumplimiento transitorio de las mismas". A modo de justificación, exponen algunos proyectos de ley que han sido despachados por el Congreso pero que cuya promulgación y publicación han sido "dilatados" por el Ejecutivo.

Por ejemplo, recuerdan la segunda Ley de Protección al Empleo, que fue despachada el 7 de mayo del 2020, pero que recién fue publicada como Ley N° 21.232 el 1 de junio, es decir, 25 días después. Dicha norma establecía -entre otras disposiciones- la imposibilidad de repartir utilidades por el ejercicio 2020 para las empresas que se acogían a la Ley de Protección al Empleo; y la continuidad del pago de pensiones alimenticias de aquellos que hicieran uso del seguro de cesantía y estuvieran realizando dichos pagos a través de sus empleadores. "La dilación de la promulgación de esta ley permitió que un número aún indeterminado de empresas continuaran realizando retiros de utilidades y al mismo tiempo haciendo uso del beneficio de la ley, y miles de niños no recibir el pago oportuno de sus pensiones", señala el proyecto.