Julio fue un mes malo para los multifondos de pensiones que manejan las AFP. Todos registraron desempeños negativos, recogiendo la incertidumbre económica que ha generado la pandemia de coronavirus, el impacto del retiro del 10% del ahorro previsional y las versiones de parlamentarios que plantean que el Estado expropie esos dineros y se haga cargo de otorgar las pensiones, desechando el sistema de capitalización individual para volver al de reparto.

Cuando el país y los mercados muestran situaciones de inestabilidad, se refleja en el comportamiento de los fondos en los cuales todos los trabajadores tienen invertidos sus dineros, administrados por las aseguradoras. Coincidente con estas distorsiones, desde marzo hasta junio se ha producido un notorio incremento de los traspasos de fondos de pensiones, alcanzando cifras históricas desde su creación.

El reclamo por las bajas pensiones está centrado en el término de las AFP, pese a que el problema no son las administradoras, sino los bajos montos ahorrados, producto de reducidos salarios, de lagunas previsionales, de cotizaciones por un sueldo base y no por el total de dineros que perciben los trabajadores; porque quienes trabajan por cuenta propia no hicieron ahorro previsional y, como contraparte, van aumentando las expectativas de vida. Es decir, tienen menos ahorros y hay que hacerlos durar más años.

¿Cómo financiar entonces una mejor pensión y por un período de vida más largo? Circulan muchas ideas. Tal vez hay que crear incentivos para postergar el retiro, ya que los cambios demográficos, con baja tasa de natalidad y aumento de la longevidad, reducirán la fuerza laboral en los próximos años, con lo cual se hace indispensable generar las políticas públicas apropiadas para que los adultos mayores se mantengan en actividades remuneradas, aportando a la economía y mejorando sus condiciones de retiro. Algunos expertos plantean un cambio en la ley para que las AFP no cobren comisión cuando el afiliado siga cotizando y postergue la jubilación más allá de las edades legales, si se considera que la pensión puede crecer entre 7% y 9% por cada año adicional de cotización y postergación del retiro.

Durante los meses de marzo y abril, la Región de Ñuble experimentó sus semanas más complejas en relación al avance de la pandemia Covid-19. De alguna manera, al salir, gradualmente, del confinamiento, esta zona del país dio algunas pautas para lo que más adelante vivirían otras. En esa adaptación a una nueva realidad irrefutable, el regreso de las actividades económicas y de trabajo -en su amplia diversidad- fue algo que como autoridades nos ocupó sobremanera, dado lo trascendente y delicado del asunto.

A fines de julio, el Gobierno, a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, presentó el Plan "Paso a Paso Laboral", una suerte de manual u hoja de ruta para que tanto empleadores como trabajadores conozcan acabadamente las consideraciones a tener en cuenta a la hora de desempeñar funciones en espacios laborales. Son siete puntos detalladamente explicados para poner en acción y complementar así las disposiciones emanadas de la autoridad sanitaria.

Informar; organizar y acordar; socializar y capacitar; adaptar e implementar; priorizar la salud mental; colaborar en la trazabilidad; y evaluar y actualizar, son los pasos que se recomienda seguir. En ello, la voluntad para alcanzar acuerdos entre las partes es fundamental, así como el involucramiento de otros actores (como las mutualidades y los responsables en la prevención de riesgos al interior de las empresas).

El principal mandato que ha hecho el Presidente Sebastián Piñera es, ante todo, proteger la vida de las chilenas y los chilenos. Bajo esa premisa, podemos plantearnos nuevos desafíos. Es así como la reanudación de actividades en espacios laborales tiene como principal requisito que estos propendan la seguridad de quienes allí se desempeñan, previniendo los focos y riesgos de contagio, y haciendo propias, en todo momento, las reglas sanitarias.

En la tarea de asegurar el cumplimiento de la normativa y los protocolos, el traspaso de información y una fiscalización acorde resultan clave. En tal sentido, durante los últimos meses hemos llevado adelante un accionar desde la prevención y la inspección de las condiciones laborales en el comercio, el agro, la construcción y los servicios en general presentes en Ñuble. En esto hay dos instituciones que tienen mucho que decir: el Instituto de Seguridad Laboral (como la mutualidad del Estado) y la Dirección del Trabajo (ente encargado de velar por el cumplimiento de la legislación laboral y receptor de denuncias cuando ésta se ve transgredida).

Es muy clara la complicación para aunar un único decálogo de cómo hacer las cosas mientras dure la emergencia sanitaria, puesto que cada sector económico presenta características y, por lo mismo, complejidades propias. Pero hay pisos esenciales que no pueden sino permanecer en todo este proceso que nadie sabe por cuánto tiempo se prolongará.

Dependerá del aporte que cada uno de nosotros realice desde su posición el cómo saldremos adelante. En cuanto a la institucionalidad laboral, empujaremos con fuerza la bajada de todas las consideraciones y recomendaciones oficiales que existen, para que nadie peque de desconocimiento. Un espacio laboral seguro es una contención de contagios, pero, sobre todo, es una posibilidad para cooperar, ayudarnos y cuidarnos entre todos.

Yeniffer Ferrada Seremi del Trabajo y Previsión Social de Ñuble.

Desde hace un par de años, la autoridad medioambiental ha desarrollado una serie de iniciativas para generar una normativa que permita, por un lado, que las empresas tengan reglas claras para su desarrollo y, por otro, proteger a las comunidades del impacto que generan algunas de las etapas productivas de industrias instaladas en el entorno.

En este proceso, la reciente publicación del anteproyecto de la Norma de Emisión de Contaminantes en Planteles Porcinos, la primera de su tipo en Chile, es sin duda un importante avance, particularmente para la Región Metropolitana y la Región del Libertador Bernardo O´Higgins, que concentran más del 70% de los planteles de producción de cerdo a nivel nacional.

Esta iniciativa es el primer paso de muchos más. Actualmente, también se está evaluando normar la emisión de olores en otros rubros, como en plantas procesadoras de recursos hidrobiológicos, de tratamiento de aguas servidas, de celulosa y de disposición final de residuos, consideradas entre los grandes emisores de olor junto a otros sectores que esperamos puedan incorporarse pronto a la lista en estudio.

Esto cobra especial relevancia, si se consideran los efectos que la contaminación ambiental por olores puede tener. Algunas comunidades expuestas en forma frecuente a situaciones como esta, han reportado síntomas físicos tales como dolores de cabeza, náuseas, irritación de las mucosidades e, incluso, molestias gástricas. Pero, sin duda, el principal problema para la gran mayoría es estar expuestos a olores molestos o desagradables en sus hogares, con el impacto que significa para su salud mental y su calidad de vida en general. A esto, hay que sumar otras consecuencias como la estigmatización social de quienes viven en ese sector y, en casos extremos, un daño económico por la devaluación de las propiedades.

El aporte de esta normativa va precisamente en este sentido, dado que pone límites de emisión, además de integrar prácticas operacionales, planes de prevención, procesos de verificación de cumplimiento y otros aspectos que permitirán evaluar el comportamiento de las empresas en el tiempo, y fortalecer el control y gestión en esta materia.

No obstante, es importante destacar que, para obtener resultados satisfactorios, se debe tener presente que la contaminación por olor es un problema multifactorial, que depende de diversas variables como la interacción de los procesos al interior de las empresas, las condiciones meteorológicas, la geografía de la zona, entre otras. Por eso, al momento de abordar este fenómeno es relevante la participación de especialistas, además de contar con las tecnologías y equipos adecuados para controlar, modelar o mitigar de manera efectiva el impacto y los posibles eventos asociados. A esta evaluación integral, se debe sumar un abordaje que incluya a la comunidad. Las experiencias más exitosas en esta materia han sido aquellas en que se trabaja en forma conjunta, creando vías de comunicación expeditas para los comentarios de los vecinos y canales eficientes para gestionarlos.

Héctor Guzmán Jeldes Senior Business Developer de Serpram, empresa SUEZ