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Pobreza, covid y la ética del cuidado
El 2021 se viene complejo. Mientras no exista una vacuna que permita proteger del coronavirus a las poblaciones más vulnerables, las medidas de protección personal serán imprescindibles para preservar la salud y evitar muertes. Muchas medidas son por todos conocidas: lavado frecuente de manos con agua y jabón o con alcohol gel; uso de mascarilla; escudos faciales, protectores de ropa, calzado y guantes plásticos, entre otros, particularmente en residencias.
La complejidad y altos costos asociados a todas y cada una de estas medidas de protección y prevención frente al contagio, son una gran preocupación para el Hogar de Cristo, el que desde mediados de marzo ha mantenido a 4.500 personas en situación de pobreza y alta vulnerabilidad en cuarentena: adultos mayores, hombres y mujeres con discapacidad mental y personas en situación de calle. Establecer barreras sanitarias efectivas en torno a ellas, pasa por contar con estos elementos de protección personal, tanto para acogidos como para trabajadores. Hasta ahora el uso de elementos de protección y la aplicación estricta de los protocolos, nos ha permitido mantener bajos niveles de contagio en nuestros programas.
Este 2020, hasta julio habíamos invertido 1.400 millones de pesos en estos resguardos sanitarios. En nuestra proyección de costos 2021, representan un aumento de un 5% del presupuesto. Considerando que, cada año, el aporte estatal a nuestros programas sociales ha disminuido y que, producto de la pandemia, nuestros recursos se han reducido por la menor recaudación de ingresos de socios y donantes, mantener una barrera protectora que resguarde la vida de los más vulnerables, es inviable sin el apoyo del Estado a través de la provisión de estos elementos de protección personal tan cruciales.
En Villa Giacamán, Hualpén, Región del Biobío, atendemos 52 adultos mayores con alta dependencia, duras experiencias de vida en calle o abandono en zonas rurales, muchos con avanzado deterioro cognitivo. En esa residencia se requieren 7.500 mascarillas cada mes para precaver contagios. Ese implemento, que ha mantenido a salvo a los disciplinados japoneses: un país de 127 millones de habitantes que tiene menos de mil muertes por COVID-19, cuando en Chile somos 17 millones y han fallecido 12.013 personas-, es vital para proteger la integridad y la vida de los adultos mayores de Hualpén y de todas nuestras residencias a lo largo de Chile.
Para garantizar su derecho a la salud y de quienes los cuidan, necesitamos que el Estado contemple, en el Presupuesto de la Nación 2021, el financiamiento de estos gastos extraordinarios originados por la pandemia, para las organizaciones de la sociedad civil que brindan servicios socio sanitarios estratégicos, en favor de la protección de las poblaciones más vulnerables del país.
Paulo Egenau, director social del Hogar de Cristo
Sistema de Salud, peor nota de la última década
Recientemente, el Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello publicó la Encuesta Nacional de Salud 2020, en la cual el Sistema de Salud obtiene la peor nota de experiencia usuaria de los últimos 10 años, bajando desde un 4,2 (2019) a un 4.0 y acumulando una baja de 0,4 puntos en una década.
La caída en la evaluación del último año afectó principalmente a los beneficiarios de las Isapres que bajaron de un 4,3 a un 4,1, mientras que los beneficiarios del Fonasa bajaron sólo de un 4,1 a un 4.0. Asimismo, las personas entre los 18 y 40 años de edad fueron las más afectadas, mientras el resto de los grupos de edad no cambiaron su evaluación.
Por otra parte, en cuanto al nivel socioeconómico, el grupo más alto (abc1) fue el más afectado disminuyendo su evaluación desde un 4,7 a 4,2, baja que está claramente correlacionada con la presentada por los seguros privados.
Desde el punto de vista de los atributos evaluados, los más castigados fueron: la infraestructura, el monto pagado y el tiempo que dedicó el médico a la atención. Asimismo, desde el punto de vista de la oportunidad (prontitud), los servicios más castigados fueron la entrega de exámenes y la atención en los Sapu.
Si bien la nota bajó este año, probablemente debido a la pandemia, ya la evaluación anteriormente era bastante pobre, lo que deja ver que el sistema de salud está al debe con la población a la que sirve. Por lo tanto, resulta evidente la necesidad de reformar, no sólo a las isapres, sino al sistema de salud en su conjunto, incluyendo prestadores públicos y Fonasa.
Javier Labbé Cid, académico Instituto Salud Pública U. Andrés Bello