La Armada dio de "baja de la institución" al cabo detenido el domingo durante los disturbios en las inmediaciones de la iglesia San Francisco de Borja, en Santiago. La decisión, válida desde ayer, se tomó "por el grave incumplimiento de la normativa vigente en nuestra reglamentación, al haber participado directamente en actos que se apartan de la disciplina militar, no reflejan los principios y valores que nos guían, y afectan gravemente el prestigio institucional", dijo la entidad.

El imputado fue formalizado por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y quedó con la medida cautelar de firma bimensual en una comisaría.

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, reprochó a quienes llamaron a manifestarse el 18 de octubre, debido a que las aglomeraciones vulneran las restricciones sanitarias. "Aquí se juntan miles de personas y nadie abre la boca, nadie se preocupa de la salud de las personas. Tenemos al país paralizado para cuidar la salud de todos, la construcción está prácticamente paralizada, y esto pasa piola, como si diera lo mismo. Yo no he visto a nadie condenando ese hecho, que es absolutamente ilegal", dijo.

"Yo los hago responsables (a los que llamaron a manifestarse), ellos mismos han rasgado vestiduras diciendo que no se puede mover la gente, que se tiene que quedar en casa, que el país tiene que hibernar, que no nos podemos mover de un lugar a otro, que tenemos que usar mascarilla, lavarnos las manos", afirmó en radio Universo. "Yo le paso la factura a las personas responsables, por ejemplo, usted tiene al alcalde (Daniel) Jadue, que fue a la manifestación. Él es una autoridad pública que sabe que está prohibido por ley -y él lo ha promovido- que no haya reuniones de más allá de 50 personas; uno tiene que ser consecuente con su calidad de autoridad. Quizás las autoridades de Gobierno debieron haber sido más estrictas. En este aspecto la misma ciudadanía es irresponsable y no debiera haber estado ahí".

"Esta violencia lleva a inestabilidad, rompe el marco democrático, genera temor en muchas personas, le destruye la vida a quienes viven o trabajan en esos barrios. No es la forma correcta de expresar las preferencias políticas". dijo.

Los ministros Lucas Palacios (Economía) e Ignacio Briones (Hacienda) advirtieron que los hechos de violencia, como los que se registraron entre el domingo y el lunes a un año del estallido social, tienen un gran impacto en la actividad económica del país.

En un seminario organizado por AmCham, Palacios destacó que "si bien este año ha sido muy complejo y hemos perdido muchos empleos y vamos a decrecer en nuestra economía, será en menor medida que nuestros vecinos, porque nuestro país ha mostrado cierta resiliencia para ponerse de pie, y ojalá que los hechos que hemos visto estos últimos días, los brotes de violencia, que parecen ser más nocivos incluso que los brotes de coronavirus para el desarrollo de la economía, se mantengan acotados, porque eso sí que podría retrasar toda la estrategia que tenemos para ir recuperando los empleos".

"La violencia puede ser un virus quizás más nocivo para el desarrollo de la economía, para la recuperación del empleo y la inversión. Es importante ponerle coto lo antes posible", recalcó Lucas Palacios y mencionó que "es muy distinto hablar de 'manifestantes' y de 'delincuentes'. A mí no me gusta cuando se les mezcla y se dice 'mire, aquí están los manifestantes pacíficos y aquí, los manifestantes violentos'. No. Unos son los manifestantes que en democracia lo pueden hacer y otros son los delincuentes. Hay que hacer una completa diferenciación y al decir esto, yo estoy defendiendo a todos aquellos emprendedores a los que estos últimos meses les ha costado mucho salir adelante y a las condiciones que necesitamos para que la inversión fructifique y genere desarrollo y empleo".

Palacios criticó que en el Congreso "están durmiendo todavía los 12 proyectos de ley que justamente lo que hacen es fortalecer la paz".

Empleo y "zona cero"

En cuanto al empleo, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en Twitter que "tres de cada cuatro negocios de la llamada 'zona cero' de Plaza Italia (Santiago) han debido cerrar. De esos tres, más de dos debido a la violencia. Esta es una cara más de lo inaceptable que esta resulta. Son empleos y sueños destruidos. Son la libertad y convivencia democrática atacadas".

En la llamada "Zona Cero", según reportó la autoridad comunal capitalina en febrero, al 18 de octubre de 2019 funcionaban casi 300 locales comerciales. De ellos, 198 no habían podido reabrir al final del verano, antes de que comenzara la emergencia sanitaria en el país. La jornada de este domingo, donde dos iglesias y varios vehículos fueron incendiados en el sector, "fue peor en el sentido de que nunca nos imaginamos que podíamos llegar a algo parecido a lo que pasó en octubre pasado y esto fue brutalmente parecido", dijo a Diario Financiero el presidente de la Asociación Gremial Barrio Plaza Italia, Carlo Siri.

En el sector también se emplaza la estatua al general Manuel Baquedano, que ha sido pintada y repintada en cada manifestación. Ayer el Consejo de Monumentos Nacionales dijo estar disponible para estudiar su eventual traslado.

A lo anterior se suma el temor de más de la mitad de los trabajadores del mundo, que según el Foro Económico Mundial temen perder su fuente laboral en los próximos 12 meses. En Chile, la cifra llegó al 66%. La encuesta que encargó el organismo se realizó en 27 países y reveló que del 54% que está preocupado, el 17% está "muy preocupado" y el 37% "algo preocupado" por perder su empleo.