Detectan eventuales pagos irregulares en Gobernación
DIGUILLÍN. Contraloría se pronunció ante funciones ejercidas por ex seremi y ex concejal por una suma de $25 millones. Desde el organismo de Gobierno están dispuestos a aclarar la situación. Acusan intervencionismo político.
Un eventual intervencionismo político fue el que acusaron a Contraloría Regional dos personas cuyas identidades están reservadas, acción que dio paso a la detección de posibles pagos de sueldos irregulares.
Quienes se vieron afectados por la investigación son el ex seremi de Gobierno, Renán Cabezas y el ex concejal de Chillán, Rodrigo Sandoval.
Según se señala en el documento "se han dirigido a esta Contraloría Regional dos recurrentes, en forma separada, quienes han solicitado reserva de su identidad, señalando un eventual intervencionismo electoral de parte de los señores Rodrigo Sandoval Terán y Renán Cabezas Arroyo, este último, según lo manifestado por un denunciante, se postularía como candidato en las próximas elecciones municipales para el cargo de alcalde de la comuna de El Carmen. En síntesis, manifiestan que las personas antes individualizadas, se encontrarían contratadas a honorarios por la Gobernación, sin presentarse a trabajar en el citado servicio, desarrollando labores con fines políticos y recibiendo el pago de sus honorarios sin cumplir las funciones para las que fueron contratados. A su vez, agregan los recurrentes, que Cabezas , se encontraría habitualmente en la comuna del El Carmen y que prestaría servicios, además, en las municipalidades de San Ignacio y de Ninhue, simultáneamente. Por su parte, Sandoval trabajaría junto al seremi de Gobierno Raúl Martínez y a la ex Gobernadora de Diguillín, realizando visitas a terreno en las comunas de la región".
Tras analizas los hechos y a modo de resumen, desde Contraloría se estableció que "la Gobernación deberá en lo sucesivo, adoptar las medidas de coordinación y control que correspondan, para evitar la emisión de los actos administrativos con efecto retroactivo. Pago de las sumas convenidas en los respectivos contratos sin que se acreditara la obligación de asistencia de los prestadores y sin que se verificara la efectiva ejecución de las tareas descritas en aquellos. Al respecto, cabe manifestar que se revisaron los expedientes de pago al 30 de junio de 2020, de Cabezas y Sandoval, por un total de $18.093.333 y $7.253.050, respectivamente".
Uno de los aludidos, expresó que no se referirá a la situación y que todo quedó en manos de la Gobernación de Diguillín desde donde anticiparon que están dispuestos a aclarar la situación. "Tras recibir el informe la semana pasada, se instruyó a los funcionarios responder los puntos que a ellos se refiere según los plazos estipulados, así como los que requieran ser subsanados por parte de la Gobernación, cumpliendo con lo solicitado por Contraloría".
Quien tuvo una crítica al respecto fue el senador, Felipe Harboe. "Impresentable que se paguen esos sueldos para que hagan campaña en medio de la cesantía y crisis de las pymes que afecta nuestra zona. Contraloría evidenció que con platas de la Gobernación de Diguillín se financian operadores que no hacen su trabajo. Ahora será el turno del Ministerio Público, y eventualmente del SII, de indagar eventuales delitos", concluyó.
El diputado por la zona, Frank Sauerbaum espera que la situación se aclare. "Tenemos que dar la garantías de que todas las contrataciones se hacen adecuadamente y que los trabajos contratados se realizan, no podemos caer en las malas prácticas que tenía la Nueva Mayoría cuando gobernaba".
Además, el diputado dijo que en la Gobernación de Diguillín no existe un control horario de acceso, lo cual podría explicar la ausencia de registro de asistencia.