Hace 3 años | 29 de enero de 2018

Consejeros piden aclarar adjudicación de Flacso

Consejeros de Ñuble piden ala Subdere aclarar adjudicación de estudio a Flacso. Comisión exige explicaciones de porqué no hubo licitación pública ni se consideró la experiencia a nivel local. Presidente del Consejo Regional recordó que propusieron licitar un estudio más barato y se negaron los recursos.

Hace 2 años | 29 de enero de 2019

Falta de especialistas es la gran deuda de Ñuble

Dotación aumentó en los últimos años en un 70%, cifra llega a 325 profesionales, pero aún se necesitan más, reconocen los expertos en el área. Mayores incentivos económicos para asegurar la permanencia sería una solución, establecen autoridades políticas de la nueva región.

Hace 1 año | 29 de enero de 2020

Capacitan a internos para el combate de incendios

Capacitan a internos para el combate de incendios forestales. Dos funcionarios de Gendarmería y 17 miembros del Centro de Educación y Trabajo de Yungay reciben capacitación y adiestramiento Instancia de formación se concretó a través de la dirección regional de la institución uniformada y la Seremía de Justicia.

El informe Sename II nos indicó que entre 2005 y 2015 murieron 1.313 niños y niñas bajo la tutela del Estado. En el año 2018, el comité de Naciones Unidas sentenció que el problema en Chile no es de coyuntura, sino que el sistema residencial ha vulnerado grave y sistemáticamente los derechos de los niños.

Según la Auditoria social Sename 2019, 281 niños y niñas que viven en residencias OCAS no se encuentran inscritos en ningún establecimiento educacional. De los que sí están inscritos, 148 no asisten a clases o tienen una asistencia inferior al 25%.

En cuanto a su situación de salud, la misma auditoria establece que el 34% de los niños que viven en residencias OCAS, es decir 2.058 niños, tiene problemas de salud mental diagnosticado; el 46%, o sea 2.803 niños, reciben tratamientos farmacológicos.

Esta es la realidad actual. Después de una historia de escándalos, los datos duros no ceden. Quienes trabajamos en el sistema, vemos con desazón cómo se sigue interviniendo al niño con la lógica individualista, como un sujeto aislado, sin considerar su contexto familiar. Existe un muy bajo nivel de trabajo con la familia de los niños, la oferta programática no se adecúa a sus necesidades reales, ni busca la revinculación entre el niño y su familia.

No se ha puesto el foco como se debería en el fortalecimiento de la familia. Psicólogos y expertos lo han señalado: la familia es la institución socializadora primaria y más importante en la protección de los derechos del niño. Cuando falla la familia, es muy difícil que otro actor la supla, ni la comunidad, ni la escuela, ni el Estado. Muy por el contrario. Un niño separado de su familia queda expuesto a que aquellos llamados a reparar, terminen vulnerando aún más sus derechos.

Cabe señalar que los derechos humanos, que también son derechos de los niños, tienen la característica de ser integrales e interdependientes. No se puede pretender reparar un derecho vulnerando otro. Los niños tienen derecho a vivir en familia, por tanto, toda protección estatal debe velar porque se respete este derecho. Las separaciones son excepcionales y son temporales y su objeto es ayudar a la familia a superar la situación de vulneración. No son un castigo, ni para la familia ni para el niño.

Estoy esperanzada en que la Nueva Constitución nos ayude a establecer estas premisas de manera clara, la protección de los niños de Chile y el fortalecimiento de la familia consagrado en la norma más importante del país, puede colaborar a rediseñar un mejor sistema.

Natalia Reyes Lobos Abogada

El Gobierno promulgó el domingo pasado la ley que sanciona como delito el uso, venta y fabricación de fuegos artificiales, mediante la modificación de la Ley de Control de Armas, que actualmente sólo sanciona como falta estas acciones (con pena de multa). El nuevo texto legal castiga a quienes "poseyeren o tuvieren fuegos artificiales, artículos pirotécnicos y otros artefactos de similar naturaleza, sus partes, dispositivos y piezas, sin la autorización de la Dirección General de Movilización Nacional (...) serán sancionados con presidio menor en su grado mínimo (desde 61 días a 540 días) o multa de 5 a 20 unidades tributarias mensuales".

También castiga más gravemente a quienes "sin la competente autorización fabricaren, armaren, elaboraren, adaptaren, transformaren, importaren, internaren al país, exportaren, transportaren, almacenaren, distribuyeren, ofrecieren, adquirieren o celebraren convenciones respecto de los elementos indicados", quienes serán castigados con "la pena de presidio menor en su grado medio y multa de 10 a 20 unidades tributarias mensuales".

La normativa sanciona con mayor gravedad los delitos cuando, además, perturban gravemente la tranquilidad pública o infunden temor en la población. Las penas de presidio por estas conductas delictivas serán de 3,5 y hasta 10 años de cárcel.

La medida cobra especial relevancia por el uso ilegal que se la ha dado a estos instrumentos como método para intimidar a la población por parte de bandas criminales que asolan al país.

De hecho, en el último tiempo han sido numerosas las denuncias de dirigentes vecinales y pobladores por el incremento de los show pirotécnicos irregulares, al tiempo que Bomberos ha advertido acerca del peligroso almacenamiento indebido de estos materiales en residencias particulares, con el consiguiente peligro de incendio.

Junto con el endurecimiento de las penas, es indudable que una preocupación central está en cómo aumentar la fiscalización de este tipo de episodios, de manera de poner a disposición de la justicia a quienes cometan este tipo de ilícitos que tanta inquietud están causando en el país.