Desde el 17 de febrero se encuentra desaparecido, en Lebu, el niño de 3 años de edad Tomás Eduardo Bravo Gutiérrez. Su búsqueda ha centrado la atención mediática nacional deseosa de acompañar y respaldar los esfuerzos de la familia del menor.

Lo sucedido obliga a mirar una realidad bastante dura en Chile. Se calcula que en el país se pierden dos personas diariamente como promedio; el 93% es hallada a las pocas horas, pero el 7% de restante, desaparece. Actualmente hay 16 mil denuncias por presunta desgracia catastradas oficialmente a nivel nacional, de acuerdo a registros de la PDI (pdichile.cl).

La búsqueda de todas las personas en esta condición se extiende mientras existan pistas posibles de seguir. Este proceso es muy duro para las familias, pues al cesar las acciones formales se tiene la sensación de "olvido oficial" respecto de sus casos, aunque la mayoría queda a la espera del surgimiento de nuevos antecedentes.

Para ayudar en estos procesos de largo aliento también hay organizaciones civiles, como la Fundación Kurt Martinson García (en memoria del joven perdido en 2014 en San Pedro de Atacama) y que es una de las principales impulsoras de crear bases unificadas de datos y una fiscalía especializada.

Desde 2019 se encuentra en trámite en el Congreso un proyecto de Ley para generar un Sistema Interconectado de Búsqueda, que permita dar agilidad a las pericias. Además, la norma persigue garantizar igualdad, diligencia, colaboración institucional y uso de tecnologías para cada procedimiento. Junto con ello, prohibirá la divulgación de antecedentes privados sexuales, médicos "o cualquier otra circunstancia que sea irrelevante para el objeto de la búsqueda".

El caso de Tomás Bravo y otras desapariciones evidencian que estas iniciativas necesitan acelerarse, así como también difundir más y mejor las formas de denuncia, que -sobre todo- deben ser rápidas asi como generar mecanismos de alerta que existen en otros países desde hace mucho tiempo y que necesitan de tecnología hoy disponible.

Hay evidencias que afirman que, aunque los niños desarrollan la enfermedad en formas más leves, son vectores de transmisión importantes. La experiencia del 2020 muestra que el cierre de escuelas se asoció a una disminución de la velocidad de transmisión del virus, así como de la mortalidad por COVID-19, siempre que, esta medida se acompañe de consecuentes políticas de aislamiento social.

Los miembros de la comunidad escolar, aunque en su mayoría puedan ser personas jóvenes, son vulnerables debido a su alto grado de exposición. Muchos de ellos tienen enfermedades crónicas, o tienen en casa, familiares con factores de riesgo. Ni hablar de la sobrecarga al sistema de transporte que esto implica. Un sistema que ya parece asumirse como una gran excepción para el distanciamiento físico.

Así, son muchas las variables que están en juego en la decisión de iniciar las clases presenciales. A mi parecer, es un error fijar el inicio de clases en determinada fecha del calendario. Al igual como se había planteado en un inicio el plan paso a paso, el reintegro a clases presenciales debe basarse en criterios sanitarios. En primer término, los profesores deben haber recibido ambas dosis de la vacuna, y en segundo lugar, se debe asegurar el distanciamiento físico y medidas de higiene entre todos los miembros de la comunidad educativa. Asimismo, establecer un sistema de trazabilidad eficiente frente a la aparición de casos en cada establecimiento.

Todo aquello, implica que se debe hacer una planificación curricular adecuada, compatible con la reducción de jornada, con la educación sincrónica a distancia, adaptación de espacios y evaluar un posible aumento del equipo docente, pues la sobrecarga de trabajo es evidente. No se deberían tomar decisiones que puedan aumentar aún más las brechas entre la educación pública y privada.

En cada una de las decisiones que se toman, se está jugando todo el sacrificio que se ha hecho hasta hoy. Las consecuencias de apurar un proceso cuando no están dadas todas las garantías, pueden ser aún más catastrófico.

Claudio Olmos González

Académico Facultad de Medicina U. Andrés Bello

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