Implementación de la Ley 21.057
Actores del sistema penal están en la tarea de poner en funcionamiento esta normativa en beneficio de los niños de Ñuble.
De acuerdo a datos proporcionados por la prefectura de la Policía de Investigaciones de Ñuble, en 2020 se registraron 327 investigaciones por delitos de abusos sexuales y otros delitos sexuales que corresponden a víctimas menores de edad. En tanto, en 2019 el registro de la misma institución alcanza los 553 casos, por hechos de índole sexual, en contra de niños, niñas y adolescentes.
En el deseo de prevenir la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes que han sufrido delitos sexuales se implementará en la región de Ñuble a partir del 3 de junio la ley 21.057 que regula la entrevista videograbada.
Sobre esta el ministro de la Corte de Apelaciones de Chillán Claudio Arias sostuvo que se trata de un cambio de modelo en el trato que se debe dar a menores en el proceso penal que nos obligan a evitar la reiteración de sus declaraciones, reduciéndolas, por regla general, a solo una entrevista durante la investigación y solo una declaración judicial que serán realizadas por personas altamente capacitadas para ello, que cuenten con acreditación, y en lugares o salas con las condiciones técnicas adecuadas. El martes pasado se realizó una simulación virtual de esta situación procesal con la participación de todos los intervinientes.
El Poder Judicial informó que la implementación en la jurisdicción ha significado una inversión cercana a los 100 millones de pesos, pues además de la sala existente previo al 2018 en el Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Chillán, fueron habilitadas 5 salas nuevas, en el Juzgado de Garantía de Yungay, Juzgado de Garantía de San Carlos, Juzgado de Letras y Garantía de Coelemu, Juzgado de Letras y Garantía de Bulnes y Juzgado de Letras y Garantía de Quirihue, además de una interconexión al Juzgado de Garantía de Chillán.
Las exigencias de la nueva ley no solo son técnicas, sino que requieren de conocimiento y experticia por parte de todos los intervinientes, jueces, policías, sicólogos y otros tantos profesionales. Deberá existir una oferta en materia de capacitación que permite cumplir con los estándares de calidad que la delicada situación requiere.
Es de esperar que este esfuerzo logre su meta, en beneficio de los niños y niñas de la región que sufren estos delitos y que permita la sanción penal de los responsables.