El exceso de velocidad en las carreteras de Chile es uno de los principales causantes de los accidentes de tránsito. De hecho, durante 2020, esta fue la causa del 68 por ciento de los siniestros viales, de acuerdo a las estadísticas entregadas por la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset) y la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), junto con datos de Wisetrack Corp.

Además, se ha logrado mostrar que existe relación directamente proporcional entre los excesos de velocidad y los accidentes de tránsito enfocados principalmente en el transporte de carga pesada por carretera. Un ejemplo que ayuda a graficar la gravedad de este tipo de eventos, es que en un viaje de 100 kilómetros ocurren dos alertas graves que podrían terminar en un accidente, es decir, sucede un exceso de velocidad grave cada 47 kilómetros recorridos.

A este dato hay que agregar otro no menos relevante, y dice relación con que a causa de las medidas sanitarias decretadas para combatir la pandemia de coronavirus, principalmente las cuarentenas, que implican restricciones de movilidad, circulan menos vehículos en las carreteras. Sin embargo, ello no redunda en una disminución de la accidentabilidad, toda vez que los conductores, al haber menos vehículos, tienden a aumentar la velocidad de desplazamiento.

Si a esto se agrega otro problema en aumento, como es la falta de concentración de los conductores mientras guían un vehículo motorizado, principalmente a causa del uso de elementos distractores, como teléfonos móviles, el panorama que se presenta es complejo y se debe enfrentar con un reforzamiento de la educación vial, toda vez que no se puede tener un carabinero en cada esquina o tramo de la carretera.

Por ello, se debe insistir en los riesgos que implica una conducción irresponsable, toda vez que hay que extremar los esfuerzos para evitar accidentes viales, más cuando casi toda la capacidad de la red hospitalaria está puesta en salvar la vida de miles de personas que han requerido hospitalización a causa de complicaciones por covid-19.

Evitar accidentes de tránsito es simple. Pero para ello cada conductor debe asumir su tarea con compromiso, responsabilidad y sentido común.

Hace unos días se cumplió 1 año desde que el Presidente Sebastián Piñera anunció el primer paquete económico de emergencia para enfrentar los efectos del coronavirus en Chile. Este consideró las primeras medidas para reforzar la red de protección sanitaria y, en especial las primeras acciones para levantar la Red de protección Social con apoyo a los ingresos de las familias con el Bono Covid entregado en abril 2020, el anuncio de la ley de Protección del Empleo que está vigente desde abril 2020 a la fecha y otras medidas para aliviar a las pymes como la capitalización del Banco Estado. La Red construida a la fecha se compone de medidas que pueden ser categorizadas en al menos cuatro ejes. Transferencias Directas, como el IFE, Bono covid, Bono Clase Media, Bono Navidad. Seguros Sociales, como la Ley de Protección al Empleo; o las medidas para apoyar a los trabajadores padres, madres o cuidadores de menores que, producto de la pandemia deben conciliar trabajo y familia. Para esto se impulsaron leyes como la Ley de Crianza Protegida, o teletrabajo. Préstamos Sociales, como los préstamos clase media; los Créditos Fogape, los créditos con garantía del Estado que postergan los dividendos. Beneficios Tributarios, como la postergación en el pago de contribuciones, la rebaja del Impuesto de Primera Categoría del Régimen ProPyme de 25% a 10% hasta 2022. Transcurrido un año la red de protección social es posible destacar al menos 4 razones que confirman la importancia de la Red: Las medidas de la Red se han implementado en forma oportuna desde marzo 2020, y se han incrementado a medida que la pandemia avanza, especialmente en el caso de las transferencias que alcanza su máxima expresión en agosto 2020, cuando la mayor cantidad de la población se encontraba en cuarentena . La red se compone de al menos 30 beneficios impulsados e implementados, de los cuales casi 20 siguen vigentes. De estos 22 fueron iniciativas de ley impulsadas por el Ejecutivo desde marzo 2020 con una tramitación ágil en el Congreso que permitió, por ejemplo, tardar sólo 3 días en su despacho para entregar el Crédito con garantía estatal Fogape o las modificaciones al IFE de junio 2020. La Red de Protección Social significó uno de los esfuerzos fiscales más importantes en la región y en los últimos 30 años en Chile. Este paquete se compone por gastos comprometidos por casi US $30.000 millones. La Red de protección Social evitó que el ingreso de los hogares bajara del 70% en pandemia. La Red ha permitido transferir recursos para lograr que la pobreza se mantuviera al nivel previo a la crisis pese a ser la peor crisis de los últimos 40 años. Lo reconocen distintas organizaciones como el reciente informe de Cepal, considerando el esfuerzo fiscal que se ha hecho y el nivel de endeudamiento del país es necesario poner en discusión la pronta generación de ingresos al estado sin impactar en la inversión y generación de puestos de trabajo, por lo anterior le hemos propuesto al gobierno avanzar en un reforma que se traduzca en eliminar una serie de exenciones tributarias, con la cual podríamos recaudar US 4.500 millones pudiendo destinarlo en beneficio de las pymes y de la clase media empobrecida, esta semana será clave en estas conversaciones.

Frank Sauerbaum Diputado

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