A nadie pueden dejar indiferentes las imágenes vistas el fin de semana en Iquique. Con todo el derecho a manifestarse de quienes marcharon contra la migración ilegal en el norte, las imágenes que siguieron a la protesta no pueden ser menos que dolorosas. Duele ver a personas destruyendo las pocas pertenencias con las que suelen llegar los extranjeros que ingresan a nuestro país en busca de una mejor oportunidad. Duele ver a personas quemando carpas, ropa, incluso un coche de bebé, mientras se verificaba el desalojo legal de un campamento instalado en el centro de la ciudad. Sin embargo, también apena saber que aquellos inmigrantes residían en condiciones insalubres, que no obedecieron las órdenes de retiro y que la seguridad de un barrio tradicional se ha vuelto crítica.

Ocurrió a 2.158 kms de Chillán, pero es una problemática que no escapa a ningún rincón de nuestro país. Lo que se vio en Iquique no puede ser justificable. Nunca la violencia o la discriminación pueden ser justificables. Bajo ningún pretexto. Pero hay un contexto desde el cual mirar: la crisis que se vive en la frontera desde Colchane, donde se estima que decenas de personas ingresan a diario de manera ilegal. Esto, a pesar de la existencia de una nueva Ley de Extranjería vigente desde abril de 2021. Las autoridades de esa zona coinciden en la necesidad de reforzar medidas regulatorias, pues a su juicio sacar a grupos de un lugar para que se vayan a instalar a otros, no es una solución. Desde La Moneda les pidieron propuestas. Y se abrió una polémica que en nada contribuirá frente a un problema social y humano grave que crece en el país.

Según datos del Departamento de Extranjería y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), al 31 de diciembre de 2020 había en Chile 1.462.103 ciudadanos provenientes de otros países, cifra que representó un aumento de 12,4% en comparación con 2018. De ellos, el principal origen es Venezuela (30,7%), seguido de Perú (16,3%) y Haití (12,5%). Si bien la Región de Ñuble se encuentra entre las cuatro del país con menor población extranjera residente, con 11.178 personas que equivalen a un 0,8% del total a nivel nacional, no son pocos quienes llegan desde afuera sin encontrar suficientes espacios de estabilidad laboral, cumpliendo con trabajos informales que la pandemia ha agudizado.

Más que tomar partido por uno o por otro extremo, las imágenes de Iquique hacen necesario reflexionar. Reconocer, acá, cuáles son las "violencias" cotidianas que se pudieran estar cometiendo: discriminación, exclusión, falta de solidaridad; y permitirse espacios para buscar soluciones efectivas. Y, desde luego, humanas.

Para 2040 se proyecta que Chile será el único país latinoamericano que estará con un estrés hídrico extremadamente alto y uno de los 30 a nivel mundial con mayor estrés hídrico si se mantienen las condiciones actuales. El daño que generen los déficits hídricos dependerá de cómo nos preparemos hoy para enfrentarlos. El Plan Sequía contiene medidas de política pública para la adaptación al cambio climático que, en principio, van en la dirección correcta. Sin embargo, aún falta conocer el detalle de las medidas y cómo se van a implementar en las diferentes cuencas hidrográficas del país. Sería deseable que se establecieran claramente los objetivos y resultados esperados, incluyendo metas e indicadores para poder monitorear el avance y medir su impacto en el corto y largo plazo.

Adicionalmente, surgen dudas respecto al impacto en las tarifas de los servicios sanitarios que podrían tener las medidas propuestas. El impulso a la desalación, la obligación de realizar un tratamiento secundario de las aguas residuales en la costa, y la reducción de las "pérdidas" en las redes de distribución son medidas que necesitan de importantes inversiones, muchas de las cuales requieren de largos tiempos de planificación e implementación. El éxito del modelo del sector sanitario chileno ha sido reconocido internacionalmente, y sus pilares fundamentales deben mantenerse. El modelo descansa, por un lado, en que "el que consume, paga" (existiendo un subsidio focalizado para la población vulnerable que no puede solventar esos costos) y, por otro lado, en que los precios sean señales efectivas para incentivar la eficiencia. En ese sentido, las plantas de desalación o de tratamiento de aguas servidas deben ser construidas y luego operadas por el concesionario y sus costos deben reflejarse en los precios, lo cual se logra a través de un complejo sistema de tarifas reguladas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

Por último, las soluciones al problema de escasez hídrica no pasan por limitar los derechos de aprovechamiento de aguas (DAA), sino que por una mejor gestión del recurso. De cara al debate constitucional, cabe destacar la importancia de resguardar la certeza jurídica de los DAA para promover inversiones en sectores que dependen del recurso hídrico. Cualquier precarización de los DAA -como limitar su duración, libre transferibilidad y flexibilidad de usos-, en vez de contribuir a enfrentar la escasez hídrica sólo profundizará el problema. En efecto, producto del cambio climático se hace más difícil proyectar cuándo, dónde y en cuánto cambiarán las disponibilidades de agua y en consecuencia, se requerirán reasignaciones de agua cada vez más frecuentes. Los DAA otorgan mayor flexibilidad y rapidez en la reasignación del agua que un proceso administrativo centralizado. Adicionalmente, los DAA tienen la ventaja de incentivar al titular a ahorrar el agua, lo cual es clave para hacer frente a situaciones de sequía .

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