La Cámara Baja de Estados Unidos aprobó el plan de infraestructura de 1,2 billones de dólares impulsado por el presidente Joe Biden, tras una jornada dramática en el Legislativo por las pugnas dentro del Partido Demócrata.

Visiblemente contento, el mandatario dio un breve discurso tras la noticia. "No creo que sea una exageración decir que, como nación, hemos dado un paso monumental hacia adelante", dijo Biden, quien consideró que la ley de infraestructura pone a Estados Unidos en camino a "ganar la recuperación económica del siglo XXI".

Agregó que este tipo de leyes solo se ven "una vez en una generación" y prometió que será de gran ayuda para la clase media.

"A todos aquellos en casa que sienten que han sido dejados atrás, que fueron olvidados en una economía que cambia tan rápidamente. Esta ley es para ustedes", prometió Biden, quien aseguró que el proyecto permitirá crear miles de trabajos y ayudará a bajar la inflación, actualmente del 5,4%, la peor en 13 años.

"Este es un proyecto para la clase obrera con el objetivo de reconstruir a Estados Unidos y debería haberse aprobado hace mucho tiempo", enfatizó el mandatario.

Difícil recorrido

El plan, que había sido avalado en el Senado en agosto y llevaba meses atascado en la Cámara Baja, quedó aprobado con 228 votos a favor y 206 en contra, por lo que ahora solo requiere de la firma de Biden.

Aunque los demócratas tienen mayoría en la Cámara Baja, seis de sus congresistas, los más progresistas, se opusieron al texto, haciendo necesario el apoyo de 13 republicanos.

El desacuerdo entre los demócratas tiene su origen en una disputa entre los dos extremos del partido sobre la aprobación de sus prioridades.

Los progresistas pedían que esta ley de infraestructura fuese sometida a voto a la par de la agenda social de Biden, un paquete de 1,75 billones tras varios recortes, algo a lo que el propio presidente se había comprometido, pero los centristas se negaron.

Esta disputa se extendió durante meses, con presiones continuas del liderazgo demócrata, de la Casa Blanca y del propio Biden a los dos sectores para que aprobaran su agenda.

Analistas han señalado a este caos como uno de los motivos del descalabro electoral demócrata en las elecciones del martes pasado, donde perdieron la Gobernación de Virginia.

Todas estas presiones hicieron que la mayor parte del ala progresista cediera este viernes y accediera a aprobar el plan de infraestructuras solo con el compromiso de los centristas que apoyarán el plan social en las próximas semanas.

La versión aprobada

El plan de 1,2 billones aprobado, que tan solo contempla unos 550.000 millones de dólares en gasto nuevo, es sustancialmente menor al paquete inicial presentado por Biden en marzo por 2,25 billones de dólares.

El paquete contempla más de 110.000 millones de dólares para reparar carreteras, puentes y autopistas, y 66.000 millones de dólares para fomentar el ferrocarril de pasajeros y mercancías. Esta última inversión del proyecto representa la mayor inyección de fondos en la red de ferrocarriles del país en medio siglo.

El proyecto de ley destina, además, 55.000 millones de dólares para abordar los problemas en el suministro de agua, como el reemplazo de todas las tuberías de plomo, y contempla 65.000 millones de dólares para modernizar la red eléctrica.

Además, asigna miles de millones de dólares para rehabilitar acequias, reformar puertos y aeropuertos, y expandir el acceso a la banda ancha de internet.

El texto legislativo pone su atención también en la lucha contra la crisis climática y dedica 7.500 millones de dólares para crear una red de estaciones de recarga de vehículos eléctricos en EE.UU., una de las prioridades de Biden.

En este apartado aporta 47.000 millones de dólares para responder a los incendios, sequías, la erosión de la costa y las olas de calor, entre otros.

110.000 millones de dólares están contemplados para reparar carreteras, puentes y autopistas del país.

55.000 millones de dólares serán para abordar los problemas de suministro de agua, según el proyecto.

Argentina resolvió reducir los derechos de exportación para los productos de pesca procesados íntegramente en el país para incentivar los envíos al exterior de este sector, informaron fuentes oficiales.

Mediante un decreto que lleva la firma del presidente argentino, Alberto Fernández, y publicado en el Boletín Oficial, se eliminaron los derechos de exportación -hasta ahora del 4,5%- para conservas y preparaciones de pescados y mariscos procesados íntegramente en Argentina, sean estos platos preparados semi-listos o listos, en salsas o aceites.

En otros casos, las alícuotas del derecho de exportación fueron rebajadas, como en el caso del langostino "easy peel" o "ail Long" envasado, cuyo arancel bajó del 5% al 1%, y el tubo limpio de calamar en envases de hasta un kilo, cuya alícuota pasa del 7% al 5%.

A su vez, los derechos de exportación de la corvina pasan al 5% -en lugar del 7%- y en el caso de la pescadilla, el lenguado, el mero, el besugo, entre otros filetes congelados de especies de mar se disminuyen los aranceles al 3%, desde una alícuota del 5%.

Según señaló el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina, la medida busca promover la exportación de productos de la pesca en presentaciones para el consumo final que son elaborados mediante procesos que se completan en el país.

El decreto afirma que la nueva escala de alícuotas está regida por una "lógica de promoción del desarrollo e incentivo" a la producción y a las exportaciones de las cadenas productivas pesqueras con el objetivo de promover el agregado de valor y potenciar la creación de empleo.

El subsecretario de Pesca y Acuicultura de Argentina, Carlos Liberman, dijo que se busca que el sector pesquero "trabaje con buques argentinos", descargue en puertos argentinos y procese la materia prima en plantas locales.

Según un informe de la firma IES consultores, en los primeros ocho meses de este año las exportaciones pesqueras de Argentina alcanzaron 1.251 millones de dólares, con un alza del 18,9% respecto al mismo período de 2020.

4,5% era el gravamen de exportación hasta antes de la publicación del decreto del Gobierno argentino.