En Chile, la participación de las mujeres en el mercado laboral ha ido en aumento, si se considera que en 1990 la fuerza laboral femenina alcanzaba un 31% y hasta antes de la pandemia promediaba el 48%. Pero a pesar del crecimiento económico y los factores condicionantes que podrían posibilitar su incremento, es todavía una de las participaciones más bajas en América Latina y entre los países de la Ocde. No obstante el aumento de participación, a igualdad de condiciones con el hombre hay una brecha laboral que perjudica a la mujer.

Las mujeres acceden a trabajos más precarios y peor pagados respecto de los hombres. Resulta evidente que la participación femenina en el mercado laboral se redujo con la pandemia, pues fueron las que sufrieron más despidos y que en las cuarentenas asumieron más responsabilidades con los hijos.

Compatibilizar la vida familiar con el trabajo es la mayor barrera de las mujeres en materia laboral, según el estudio "Cambios sociales y empleo femenino", elaborado por la Asociación Chilena de Seguridad este año. Los resultados mostraron que las empresas han implementado medidas para modificar la forma de trabajar y ayudar a una mejor conciliación entre empleo y vida personal, pero las mujeres siguen teniendo mayores barreras culturales y familiares que los hombres, enfrentando sesgos que dificultan su desarrollo laboral.

La encuesta reveló que un 35% de las mujeres cree que para ascender en su empresa debe hacer renuncias familiares importantes, cifra que contrasta con el 25% de los hombres que opina de manera similar. Cuando se preguntó si para una mujer tener hijos limita la carrera profesional, uno de cada tres trabajadores está de acuerdo (38% de las mujeres, y 25% de los hombres coinciden con esta barrera al empleo femenino). Un tercio de los trabajadores (32% de las mujeres y 31% de los hombres) tienen una percepción negativa sobre las exigencias de horario. Un 33% de las mujeres y 19% de los hombres creen que en igualdad de condiciones las empresas prefieren ascender a hombres en vez de mujeres.

Otra barrera relevante tuvo relación con los problemas de la "cultura machista" y de brechas salariales.

Pese a algunos avances, todavía hay una discriminación cultural que es necesario cambiar.

A más de una semana de iniciada la COP26 en Glasgow, 128 países, incluido Chile, firmamos una importante declaración en que nos comprometemos a detener la pérdida de los bosques, la degradación de la tierra al año 2030 e impulsar el desarrollo rural. El texto pone énfasis en la transformación de las áreas de producción y fomento del consumo sostenible; el desarrollo de infraestructura, comercio, finanzas e inversiones sustentables; y el apoyo a pequeños agricultores, pueblos indígenas y comunidades locales, que dependen de los bosques y la tierra para su sustento.

En esta línea y desde la COP25, hemos logrado importantes avances en torno al Plan de Adaptación al Cambio Climático, la Estrategia de Sustentabilidad Agroalimentaria y el Programa Chile Origen Consciente.

Hace una semana presentamos la Estrategia Climática de Largo Plazo, que busca transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero, donde el 11% de las emisiones al año 2030 corresponden al sector agrícola, siendo el cuarto más importante.

Pero esto no es suficiente, las capturas son tan importantes como las emisiones. Por eso hemos impulsado las soluciones basadas en la naturaleza, aquellas que ocurren gracias a la reforestación, manejo de los bosques, ganadería regenerativa y recuperación de suelos, entre otras que muchas veces son olvidadas en la discusión que se concentra sólo en la emisión. A este respecto, nos hemos comprometido en una serie de iniciativas de manejo, recuperación y fomento en las NDC (contribuciones determinadas a nivel nacional), que requerirán redoblar todos los esfuerzos.

El cambio climático es probablemente el mayor desafío socioambiental de este tiempo, y tanto nuestro sector silvoagropecuario como los territorios rurales son parte de la solución. Cada una de las metas propuestas en esta COP requerirán del compromiso y acción de cada actor, tanto público como privado, la sociedad civil y la academia, para transitar hacia un desarrollo sostenible, protegiendo los recursos ambientales y sociales en beneficio del mundo rural y sus comunidades.

María Emilia Undurraga, ministra de Agricultura

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