Se han preguntado alguna vez ¿por qué las mujeres pagamos más que los hombres por productos de similares características y que entregan el mismo servicio?. Esto es a lo que se conoce como "El impuesto rosa (Pink tax) o impuesto de género (gender tax)", no es un impuesto en sí como tal, si no más bien, se define como el sobreprecio que pagan las mujeres por un determinado producto o servicio sólo por estar dirigido a un público femenino.

En términos más simples, podemos encontrar en el mercado un mismo producto con iguales características, pero con un diseño y color creado solo para nosotras que lo hace ser más costoso. Ejemplo de ello, son las diferencias de precios que pagamos en accesorios deportivos, pañales para bebé, artículos de aseo (como las máquinas rasuradoras), bicicletas, scooter, entre otros.

Este fenómeno se ha vuelto común en distintos países a nivel mundial, incluido Chile. El primer estudio sobre este tema se realizó en la década de los noventas en la ciudad de Nueva York, EEUU, y hoy en día la única experiencia legislativa en esta materia la encontramos en el estado de California, que aprobó el Gender Tax Repeal Act f 1995, convirtiéndose en el primer estado en promulgar una legislación para proteger contra la discriminación de precios basada en el género.

En nuestro país, el Sernac realizó un estudio prospectivo que consideró dos levantamientos de información (2018 y 2019) considerando marcas presentes en los rubros de tiendas especializadas, multitiendas, cuponeras, supermercados y farmacias. El primer estudio reveló que un 24% de los productos analizados (250) registraron diferencias de precios por género, de los cuales el 73,3% fueron más altos para el sector femenino. En el segundo, las cifras fueron muy similares ya que, del total de productos evaluados (224), un 21,9% registró diferencias de precios por género y el 81,6% fueron más altos para las mujeres. Al comparar las diferencias de precios por categoría, el ítem "bolsos, mochilas y maletas" presentó la variación más alta, con un 157,5% para el género femenino. El ejemplo más impresionante es aquel que muestra la diferencia de un 311% en el precio de un bolso deportivo idéntico en características el cual solo difería en color, uno era de color fucsia y el otro negro. Si bien es cierto, la Ley del Consumidor (LPC) consagra como un derecho básico el no ser discriminado arbitrariamente, lo que quiere decir que las empresas no pueden hacer distinción sin fundamento objetivo entre los consumidores, por aspectos como sexo, raza, condición social o por aspecto físico, más de alguna mujer, al ver estas grandes diferencias, se ha sentido discriminada.

La ley del consumidor no sanciona este tipo de prácticas, pero la ciudadanía sí lo puede hacer saber y para ello el Sernac invita a dejar en evidencia las malas prácticas de algunas empresas en su sección "Alerta Ciudadana". ¡No por ser mujer debemos pagar más!.

Verena Yáñez Académica FACEA UCSC.

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También se reforzarán los controles en los accesos a Chillán y Chillán Viejo y se extenderá la restricción vehicular.

Más allá de los resultados de la jornada dominical, el proceso vivido merece ser destacado, porque marca el inicio de una nueva etapa en la historia del país y reafirma una alta valoración de la democracia.

Con claridad, los electores fueron los protagonistas. Pero el desarrollo del día en cada uno de los 2.700 locales de votación repartidos en todo Chile, no habría sido posible sin el esfuerzo coordinado de efectivos de seguridad, funcionarios públicos y los equipos del Servicio Electoral y su personal de enlace (PESE).

Mención aparte merecen los ciudadanos que asumen roles especiales. En primer lugar los vocales, que sumaron 46.639 personas; y en segundo término, es necesario destacar a los más de 15 mil facilitadores desplegados a lo largo del país.

Este último grupo es de reciente aparición en el escenario electoral nacional. Trabajó por primera vez durante el Plebiscito de 2020 y, desde entonces, se ha convertido en una pieza importante considerando la situación de pandemia en que se ha desarrollado la intensa actividad electoral de los últimos dos años.

Se trata de particulares que reciben un promedio de 70 mil pesos como retribución por su labor del día y que deben cumplir requisitos (mayor de 18 años, sin militancia política, ni antecedentes penales), además de capacitarse. Las primeras postulaciones para ejercer estas funciones se hicieron en septiembre del año pasado y el Servel recibió entonces más de 150 mil solicitudes; diez veces más de los cupos disponibles.

En promedio ha habido cinco facilitadores por cada local a nivel país, principalmente jóvenes, quienes han cumplido con la prevención, informar, colaborar con personas que lo requieran y hacer más expedito el ejercicio de concurrir a sufragar, sobre todo ordenando filas en los momentos de mayor aglomeración.

Su presencia ha sido positiva en esos aspectos prácticos inmediatos; pero también desde la perspectiva de sumar sociedad civil en la actividad básica del ejercicio democrático. Mirado así, quizás resultaría favorable que este esquema se mantuviera en el tiempo, como herencia positiva de la dura crisis sanitaria.