Impuestos en las comunas: avance en descentralización
En el marco del desarrollo de la Convención Constitucional hemos ingresado una propuesta de norma que contempla el principio de la igualdad ante las cargas públicas. Dicha propuesta busca establecer criterios de equidad y proporcionalidad en la determinación de la carga tributaria, evitando que la fijación de un impuesto pueda resultar expropiatoria en atención a la desproporción entre su cuantía y el patrimonio gravado.
Para decirlo en fácil, lo que buscamos es que las futuras autoridades de gobierno o los parlamentarios, cuando decidan establecer reformas o fijación a los impuestos, éstos sean proporcionales y progresivos, evitando que "los que tienen menos, paguen mas". Esto constituye un desafío ético en cuanto la mayor carga tributaria de los que tienen más permite costear la ayuda de quienes requieren apoyo del sistema público.
La principal modificación propuesta en nuestra moción constitucional, es la introducción de una variable hasta ahora no contemplada al establecer que un porcentaje (determinado por la autoridad) de los impuestos que pagan las empresas deberán quedar en la comuna donde la empresa realiza sus actividades productivas. Se trata de una vieja aspiración personal que intenté plasmar en reformas legales cuando fui parlamentario, sin lograr resultados positivos tras la oposición de los ministros de Hacienda de turno (de todos los gobiernos y colores políticos).
En esta línea, considero que esta medida ayudará a crear un círculo virtuoso, donde las empresas serán actores fundamentales del desarrollo de las comunas donde realizan sus actividades al aportar de manera directa con sus impuestos al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y, en definitiva, dotar de financiamiento a las políticas públicas locales. Junto a ello, la percepción de la ciudadanía cambiará respecto de las empresas ubicadas en sus comunas, al tomar conciencia de sus aportes concretos al desarrollo local.
De igual forma, actuará como incentivo positivo para que las autoridades regionales o comunales puedan fomentar la llegada de nuevas inversiones -respetuosas del entorno y medio ambiente-, reduciendo la burocracia y optimizando su permisología. De paso, lograría reducir también los riesgos de corrupción o cooptación de autoridades o dirigentes al poner fin a una práctica habitual caracterizada por los "aportes" que las empresas realizan para mejorar su relacionamiento comunitario, los que muchas veces no llegan a la comunidad afectada.
De aprobarse nuestra propuesta, el futuro gobierno y los legisladores deberán modificar las normas tributarias y la ley de rentas municipales y así, empresas como Celulosa Arauco deberán tributar en Ranquil, Masisa en Yungay, Carsol el Coihueco y así una gran cantidad de empresas, cuyos impuestos hoy son pagados a la autoridad central y posteriormente distribuidos por todo el país sin que necesariamente se siga un criterio de equidad social y territorial.
Ciertamente sería el mayor avance en descentralización efectiva al dotar de recursos a los municipios que soportan dichas inversiones. Lo cierto es que junto a esta reforma, debería aprobarse aquella que obliga a una administración pública eficaz, eficiente y transparente a fin de asegurar que dichos recursos adicionales sean invertidos adecuadamente en beneficio de la comunidad.
Sería el mayor
avance en descentralización efectiva al dotar de recursos a los municipios que soportan dichas inversiones.
Por Felipe Harboe Bascuñán
Convencional constituyente