La próxima semana el Pleno de la Convención Constitucional (CC) deliberará sobre los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). Pero no lo hará con una hoja en blanco.

Si bien pueden rastrearse algunos tópicos en las cartas decimonónicas, la Constitución de 1925 incorporó por primera vez ciertos DESC, catálogo luego ampliado por el Estatuto de Garantías Constitucionales (1971). El Acta Constitucional N°3 (1976), antecedente directo del catálogo de derechos constitucionales vigente, mantuvo la misma orientación garantizando diversos DESC a la fecha. En cuanto a la técnica regulatoria, nuestra tradición ha estado más cerca de los DESC como principios rectores de política que como derechos judicialmente exigibles. Las Constituciones de 1833 y 1925 no contaban con mecanismos de tutela judicial de derechos de ningún tipo, con excepción del habeas corpus frente a arrestos o detenciones ilegales. La tutela judicial de los derechos constitucionales es una novedad del marco constitucional vigente.

En el borrador de nueva Constitución ya hay ciertas definiciones importantes. Al nuevo Estado Regional le cabe garantizar los derechos sociales y económicos en igualdad de condiciones a lo largo del territorio, para lo cual se facultan las transferencias de competencias desde el gobierno central al regional, y del gobierno regional a las municipalidades. Y bajo una lógica de subsidiariedad inversa, las comunas autónomas podrán temporalmente encomendar a la región autónoma o al Estado central ciertas competencias para garantizar dichos derechos en igualdad de condiciones.

La experiencia comparada muestra que la judicialización de los DESC suele ocurrir por defecto o inacción de los demás poderes estatales en el adecuado financiamiento de estas transferencias (ej. Italia a partir de los años setenta). El problema surge cuando este remedio judicial carece de límites, volviéndose la judicatura en administradora o legisladora definiendo nuevos tratamientos médicos, modalidades de enseñanza, etc. Para evitar el derroche fiscal por vía judicial, Colombia introdujo el principio de sostenibilidad fiscal a nivel constitucional, misma respuesta adoptada por Alemania (2009), España (2011) y e Italia (2012) a la crisis económica de 2008.

En una senda similar, la Convención Constitucional incorporó al borrador los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal respecto a la conducción de las finanzas públicas, "los que guiarán el actuar del Estado en todas sus instituciones y en todos sus niveles". Y en cuanto al incumplimiento de obligaciones en materia financiera por parte de entidades territoriales, representantes y autoridades, "la ley deberá establecer mecanismos para un resarcimiento efectivo del patrimonio fiscal o de la entidad territorial respectiva".

Además de estos límites económicos, los DESC deberán lidiar con los límites provenientes de los demás derechos fundamentales. El principio de progresividad y no regresión de todos los derechos fundamentales prohíbe medidas que disminuyan, menoscaben o impidan injustificadamente su ejercicio (a la fecha el término "derecho" aparece 162 veces en el borrador, y seguirán sumando).

Se anticipa un debate donde la libertad, autonomía e inviolabilidad que informan a los derechos clásicos colisionará con la igualdad, cooperación y solidaridad que subyacen a los DESC. Si se suman las lecciones de la historia, la delimitación de responsabilidad y, sobre todo, un necesario realismo, probablemente haya la espera haya valido la pena.

Redacción

El Pleno de la Convención Constitucional aprobó hace algunas semanas el artículo que dice que "el Estado se organiza territorialmente en regiones autónomas, comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales".

Sin embargo, todas las normas relacionadas a este texto fueron rechazados, entre ellas la que planteaba la definición de estas zonas como "entidades territoriales donde los pueblos y naciones indígenas ejercen su derecho al autogobierno, con autonomía política, administrativa, jurídica, lingüística y financiera".

Ahora se espera que la Comisión de Forma de Estado presente para su votación durante la semana un nuevo informe que reducirá los artículos propuestos de seis a tres. Y además se plantea que el funcionamiento de las autonomías territoriales indígenas sea definido por la ley y no incluido en la nueva Constitución, lo que ya obtuvo el acuerdo de varios colectivos.

"La primera propuesta era bastante extensa: se contemplaba su concepto, sus competencias y atribuciones y su forma de constitución a través de un órgano administrativo, todo consagrado constitucionalmente. Todas estas normas fueron rechazadas, por tanto en la comisión se trabajó bastante para poder acotar estas autonomías", explicó Claudio Gómez, representante de Colectivo Socialista y uno de los coordinadores de esta Comisión en Emol.

"La propuesta que se trabajó en la comisión, que deberá ser votada la próxima semana, contempla el concepto de las autonomías territoriales indígenas y queda tanto su forma de constitución como sus atribuciones determinadas a la ley", añadió el convencional.

Acuerdo de aprobación

El acuerdo para presentar estas indicaciones fueron firmadas por los convencionales del Frente Amplio, Independientes No Neutrales, el Colectivo Socialista, escaños reservados, Chile Digno, Coordinadora Plurinacional, Pueblo Constituyente y Movimientos Sociales Constituyentes.

De acuerdo con Gómez, "en la medida en que se logre consensuar y socializar con otros convencionales de otros colectivos, esperamos que luego de ser aprobada en particular en la comisión, pueda ser aprobada en el pleno de la Convención".

La imagen de un auto incendiándose frente al Palacio de La Moneda impactó durante la jornada del viernes. Su conductor sufrió graves quemaduras a causa de las llamas. Carabineros reportó la explosión de un balón de gas que iba en el vehículo, pero también sospechaba de un intento de autoinmolación en forma de protesta por alguna razón que hasta la tarde de esta sábado se desconocía.

De acuerdo al último parte médico de la Posta Central el conductor está grave, en riesgo vital y con gran parte de su cuerpo quemado. El afectado es Mario Carrión Rozas, hermano de Pedro Carrión, el empresario de Concón que fue secuestrado y asesinado a inicios de este año y desde su entorno llegaron las explicaciones de lo ocurrido en el centro de Santiago.

"Los hechos acaecidos ayer (el viernes), de un auto que se prende frente a La Moneda, obedecen a un acto de protesta que realiza el hermano de Pedro Carrión, Mario Carrión Rozas. El fin era una protesta en contra de las autoridades administrativas y que tenía como objetivo llamar la atención para tener como efecto tener justicia por el secuestro con homicidio de su hermano", reveló este sábado el abogado de la familia, Jaime Valenzuela, al portal Emol.

El profesional agregó que "este acto de protesta no tenía como fin atentar en contra de su vida, sino que llamar la atención de las autoridades y buscar que se llegue a una condena para los homicidas de su hermano".

Matías Carrión, hijo de Pedro, también ratificó la información: "Mi tío lo hizo de desesperado. Nosotros estábamos protestando en la Fiscalía junto a otras familias de desaparecidos, pero él quiso hacer otra cosa".

Pedro Carrión desapareció el pasado 3 de enero cuando viajó a Santiago por asuntos comerciales.

Su cuerpo fue encontrado el 24 de febrero en Quintero. Por este caso hay dos detenidos, ambos en prisión preventiva e imputados por los delitos de secuestro y homicidio.

Durante su participación en la "Cumbre internacional contra el fascismo" que se desarrolla en Venezuela, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), señaló que "combatir a la ultraderecha requiere recuperar las banderas de la izquierda y desinstitucionalizarnos".

El exprecandidato presidencial llegó hasta Caracas para participar en la conmemoración del vigésimo aniversario del golpe de Estado contra Hugo Chávez, el 11 de abril de 2002.

El jefe comunal, además, fue uno de los expositores principales en un foro, donde aprovechó la instancia para criticar a la izquierda en Latinoamérica, a la que apuntó de estar "permeada por el neoliberalismo".

Los diputados de la UDI Cristóbal Martínez y Henry Leal anunciaron la presentación de un proyecto de ley para que se implemente un cargador universal que funcione en todos los teléfonos celulares que se comercializan en el país.

De acuerdo con un comunicado en el que los parlamentarios explican la iniciativa, su idea apunta a unificar los cargadores de celulares y de otros artículos electrónicos que se vendan en Chile para que exista solo un tipo de entrada "y así se evite la contaminación que generan los millones de cables que se fabrican y que luego quedan en desuso".