se hacia lo estatal. ¿En qué se traduce eso principalmente?

- Tuvimos una reunión con el ministro y la subsecretaria y la verdad es que salimos bastante preocupados porque sentimos que el rol histórico que han cumplido nuestras universidades no es claramente reconocido. Las universidades del G9 se han caracterizado por su vocación y función pública desde sus orígenes. Además, como miembros fundadores del Consejo de Rectores, tenemos una tradición histórica de generación de bienes públicos, de manera que consideramos que el vínculo entre el Estado y nuestras instituciones ha sido muy funcional al desarrollo de la educación pública chilena, y creemos que ha sido esencial para que el propio Estado alcance sus fines. De la conversación que sostuvimos con las autoridades de gobierno, sentimos que ese rol no es muy claramente reconocido y, por el contrario, hay un fuerte discurso centrado en la contribución al desarrollo de la educación superior de las universidades estatales, lo cual a nosotros nos parece que es injusto.

- ¿Eso va en la línea del planteamiento del Consorcio de Universidades del Estado (CUECh), que espera que en la Constitución se garantice el derecho a la educación superior con provisión gratuita en instituciones estatales financiadas mayoritaria o completamente con aportes basales provenientes del Estado?

- También lo encontramos un poco preocupante, por lo que decía anteriormente. Hay que recordar que el 42% de la producción científica del país proviene de las universidades del G9 y nos parecería injusto, considerando este importante rol público, que haya una opción preferente para el financiamiento de las universidades estatales, siendo que las nuestras históricamente han tenido esta vocación pública. También miramos con preocupación cómo se están redactando en la Convención las materias correspondientes a la educación superior en Chile, y nuevamente aparece una fuerte vocación hacia el desarrollo de las universidades estatales como las únicas que producen bienes públicos; yo creo que eso es un error. Lo planteamos a través de un documento a la propia Convención que nos parece que se debe valorar el sistema de educación superior en su conjunto como ha sido históricamente, con una provisión mixta.

Contribución al desarrollo

- Si se concretara el planteamiento del CUECh, ¿cómo se financiarían las universidades públicas no estatales? Luego de la reunión con el ministro Ávila usted dijo que "no vimos con mucha claridad cómo el proyecto de las universidades G9" va a poder seguir como hasta ahora.

- Bueno, hay una ley de educación superior que define cómo se financian las universidades que producen bienes públicos, en el sentido que aportan, por ejemplo, a la formación de estudiantes de pregrado a través de la gratuidad. Es muy difícil entender cómo universidades que han contribuido ciertamente con los sectores más vulnerables no lo puedan seguir haciendo. Yo tengo la esperanza de que eso no va a ser así, y no debería ser así, porque si no se destruiría un sistema de crecimiento de la educación superior que ha sido posible con las universidades del Consejo de Rectores, que están sometidas a un régimen público de control respecto a los recursos que se reciben del Estado.

- También planteó que "existe desconocimiento del aporte de las universidades del G9 al desarrollo de país", que realizan sobre el 40% de la investigación, innovación, transferencia tecnológica y formación de doctores en el país.

- Nosotros producimos bienes públicos y por eso hablamos de universidades públicas no estatales al interior del Consejo de Rectores. Efectivamente, aportamos el 42% de la producción científica nacional y representamos solamente el 15% del sistema. Nuestras universidades se adjudican el 45% de los proyectos Fondecyt, generan el 60% de las solicitudes de patentes de todas las universidades nacionales, forman el 46% del total de los doctores de las instituciones del CRUCh, están acreditadas en promedio por seis años y todas lo están en investigación. Entonces es muy difícil comprender que en un proyecto futuro el país en su conjunto se quiera privar de esta contribución tan significativa a su desarrollo.

Desde los territorios

- Ya antes usted había reclamado porque a la Red G 9 no la invitaron el año pasado a una discusión sobre el presupuesto 2022 y "en definitiva nos dejaron debajo de la mesa". ¿Hubo discriminación?

- Absolutamente. En ese minuto lo sentimos así porque cuando se estaba discutiendo el presupuesto estuvieron en la comisión del Senado los presidentes del CUECh y de la Agrupación de Universidades Regionales, y lamentablemente nosotros no fuimos invitados. Le hicimos llegar una carta al presidente de la comisión de Hacienda representándole nuestra molestia porque entendemos que el conjunto de las universidades del CRUCh son las que aportan significativamente al desarrollo de la educación superior en Chile y lo hacemos desde los territorios en 9 regiones, 20 ciudades, y es muy difícil entender que esto no sea valorado y reconocido tanto en el Parlamento como incluso al interior del propio referente del CRUCh.

- El presidente del CUECh confirió a las universidades del G9 el carácter de privadas: "el que una institución produzca bienes públicos -como la educación- no le otorga el carácter de pública", pues dependen "de una persona física o jurídica privada".

- Nosotros hemos querido contribuir al debate sobre educación superior tratando de precisar el marco de discusión y a partir de elementos históricos. Decimos que somos públicos en cuanto a que producimos bienes públicos. Probablemente a algunas personas les molesta esto, pero hay que ir a mirar lo que hacen nuestras universidades desde los territorios -de las nueve instituciones del G9 ocho están en regiones-, donde contribuimos a la formación de los estudiantes de contextos más vulnerables, los cinco primeros quintiles. Y hablamos de régimen público porque estamos sometidos a la regulación del uso de los recursos que recibimos del Estado para cumplir nuestro rol; tenemos exactamente los mismos controles de la Superintendencia de Educación Superior que tienen las universidades del Estado. Para nosotros es función pública.

-¿Cómo les fue en el encuentro con el ministro de Ciencia, que al inaugurar el año académico en la UTEM dijo que habrá instrumentos de fortalecimiento específico para investigación en cada una de las universidades, particularmente las públicas, sin diferenciar entre estatales y G 9?

- Salí bastante más optimista de la reunión con el ministro de Ciencia y Tecnología porque él de alguna manera entiende que el sistema nacional de educación superior no se puede entender ni el país se puede desarrollar sin que las universidades como las nuestras estén presentes. El así lo dijo y planteó que hay una discusión un poco semántica de lo que es público y lo que es estatal. Señaló que va a haber un sistema de educación superior que apoye al desarrollo del país y que no se puede dejar de considerar el significativo aporte que hace el conjunto de las universidades, más allá de esa distinción. Él cree que los desafíos que tienen los territorios deben ser abordados justamente con estas universidades que históricamente han cumplido ese rol en los territorios y que las hacen muy distintas a otras que están en un modelo de educación superior mucho más focalizado en la formación de pregrado, y no tanto en la formación de capital humano avanzado o de una investigación más de excelencia. El ministro dijo que va a privilegiar los buenos proyectos de universidades complejas dedicadas a la investigación en los territorios y que estén respondiendo a las demandas de ellos.

Constitución para un país mejor

- ¿Cómo proyecta el año académico, que seguramente se verá permeado por la crisis económica y la polarización política, especialmente en La Araucanía?

- Si las condiciones sanitarias se mantienen y van mejorando, como está ocurriendo en Chile, proyectamos continuar con el 100% de presencialidad en que estamos en todas nuestras carreras. Ahora, nosotros vivimos una tensión histórica derivada del conflicto que existe en la región, pero esto no ha tenido un impacto distinto en los últimos cinco años, por lo menos yo no percibo que haya una alteración en el funcionamiento de nuestras universidades, aunque tuvimos dos años de pandemia en que prácticamente estuvimos online. No debería ser distinto por ser un año presencial 100%.

- Como rector y presidente de la Red G 9, ¿cuáles son sus expectativas respecto de la nueva Constitución?

- Yo estoy bien preocupado. Es cierto que no tenemos el texto final, pero en las votaciones que han ocurrido en algunas comisiones se observan muchas propuestas por una Constitución muy reglamentista, con mucho articulado, en que finalmente se rechaza el 80% y se aprueba muy poco. Yo tengo la esperanza de que tengamos una Constitución que nos permita construir un país mejor, pero veo con preocupación que mucha gente que tenía esa esperanza hoy está un poco desesperanzada; yo igual siento cierta desesperanza cuando he leído lo que se ha ido aprobando en educación; cuando todo está focalizado en una educación pública estatal, en circunstancias que todo el sistema educativo del país ha sido de provisión mixta. Se ha votado algo referente a educación escolar y secundaria, y de alguna manera se ha recogido la posibilidad de que el Estado también pueda apoyar proyectos privados siempre y cuando se sometan a las leyes y regímenes que establece el Estado, como es lógico. Me gustaría conocer en detalle cómo se va a aprobar el sistema de educación superior. Yo he visto borradores y, para serle honesto, los borradores que he visto no me han gustado.

- El miércoles los alcaldes, consejeros y el gobernador regional de La Araucanía participaron en la Cumbre por la Paz para su región y el Presidente no asistió. ¿Hizo bien?

- Entiendo que el gobernador invitó a esta cumbre, aunque algunos alcaldes han sostenido que ellos no firmaron la invitación. En todo caso, siempre una invitación está sujeta a la agenda del invitado. Pero hubiese sido muy valioso que el Presidente o autoridades del ministerio del Interior asistieran. 2

Como miembros fundadores del Consejo de Rectores, tenemos

una tradición histórica de generación de bienes públicos,

de manera que consideramos que el vínculo entre el Estado y nuestras instituciones ha sido muy funcional al desarrollo de la educación pública chilena, y creemos que ha sido esencial para que el propio Estado alcance sus fines".

Aportamos el 42% de la producción científica nacional y representamos solo el 15% del sistema. Nuestras universidades se adjudican el 45% de los proyectos Fondecyt, generan el 60% de las solicitudes de patentes de todas las universidades nacionales, forman el 46% de los doctores de las instituciones del CRUCh y están acreditadas en promedio por seis años".

Miramos con preocupación

cómo se están redactando en la Convención las materias correspondientes a la educación superior en Chile, y nuevamente aparece una fuerte vocación hacia el desarrollo de las universidades estatales como las únicas que producen bienes públicos; yo creo que eso es un error".

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- ¿Dos años de clases virtuales afectaron las competencias académicas de la generación que ingresa a la educación superior?

- Sin lugar a dudas afectaron el aprendizaje de los estudiantes. Han vuelto con muchas carencias y esta nueva presencialidad nos hace tomar decisiones de una manera distinta, buscando nivelar las competencias que ellos no adquirieron y haciendo un esfuerzo más profundo en la nueva docencia, que es un poco distinta a la que se hacía antes de la pandemia, porque hoy estamos mediados por un aporte tecnológico que se intensificó fuertemente durante la crisis sanitaria. Eso también significa revisar la docencia que debemos hacer ahora, porque además se perdió cierta capacidad de aprendizaje colaborativo, que es el que ocurre en la interacción entre estudiantes, y de profesor con estudiantes, y que no es lo mismo en presencialidad que a través de una pantalla.

- El 2020 marcó un fuerte retroceso en número de postulantes a la educación superior. ¿La situación mejoró o empeoró?

- A nivel global hay una tendencia a la caída en las postulaciones en los últimos dos años, que no se ha recuperado y que se ha hecho negativamente gravitante en el caso de las pedagogías. A nivel nacional casi todas las universidades han caído en sus postulaciones efectivas y en el número de seleccionados. En los últimos dos años en nuestra universidad hemos cubierto el 93% ó 94% de la oferta, y en los últimos tres nuestras postulaciones efectivas -todas las que llegan, sin que eso signifique que se van a matricular- han bajado del orden de un 18%, alrededor de 6% por año. Ahora nuestra cobertura de matrículas fue 5% menor que el 2021, y poco menos del 50% de nuestras carreras no tuvieron lista de espera. Indudablemente, situaciones de merma en los ingresos de las familias han significado decisiones distintas de los egresados de la educación media, que han optado por buscar trabajo más que por postular a la universidad, a pesar de que hay gratuidad. Ha habido un impacto en los últimos dos años que se ha ido notando en el sistema. 2