Crónica Chillán

Los alcaldes de Ninhue, Luis Molina y de Portezuelo, René Schuffeneger, mostraron su preocupación por el estado de avance del proyecto que busca asfaltar la ruta intercomunal del Secano Interior, camino que une a ambas comunas, además de Ránquil.

Para el alcalde de Portezuelo, es clave avanzar en conectividad, en una provincia que solo tiene un 22% de sus rutas pavimentadas. "Agradecemos esta provechosa reunión, hoy día quisimos plantear una situación que nos va a beneficiar tanto a Ninhue como a Portezuelo, que es la ruta intercomunal, para ver algunas definiciones de fechas, plazos y se ha comprometido nuestro seremi a reunirse con nuestras comunidades en los sectores que corresponde. Esperamos buenas noticias"

Por su parte, el alcalde de Ninhue, Luis Molina, recordó que es vital avanzar en más pavimentos y agua potable rural, sobre todo en su comuna, que indicó, hoy presenta un déficit de 78% de sus rutas sin asfaltar.

"Es un agrado que nuestro seremi, a muy pocos días de asumir el cargo, ya tenga compromisos con nuestra comuna. Nos interesaba mucho tener una reunión con las comunidades para ver este camino de Pangue a Portezuelo, que son aproximadamente 15 kilómetros. Hay inquietud en la comunidad, y queremos saber de las autoridades el comienzo, y el seremi se reunirá con los vecinos. Además, veremos otros caminos a priorizar, porque en los últimos 9 años solo tenemos 5 kilómetros punto 7 con asfaltado y nada más. En agua potable, para mí y Ninhue es muy relevante, debemos abordar el tema de APR en diferentes sectores y apurar eso", enfatizó el edil.

Expropiaciones

En la instancia, el seremi de Obras Públicas Paulo De la Fuente , explicó que el proyecto se encuentra en la etapa de expropiaciones. Además, la autoridad regional del MOP se comprometió a reunirse con las comunidades de Pangue, por el lado de Ninhue, y Buenos Aires en Portezuelo, para contarles detalles de esta obra a los vecinos, que está dividida en tres etapas, comenzando con el asfaltado de 15 kilómetros entre Ninhue y Portezuelo.

"Hemos recibido tres visitas muy importantes, para nuevamente trabajar y escuchar las necesidades y los requerimientos de cada una de las comunas de nuestra región, en este caso, de las comunas de la provincia del Itata. Una preocupación especial que tienen nuestros alcaldes y el delegado es por los caminos, los requerimientos, la necesidad también de escuchar a la gente y ver en qué están los avances en materia de caminos, y por sobre todo, avanzar en agua potable rural", sostuvo el seremi de Obras Públicas ñublensino.

Finalmente, el Seremi De La Fuente Paredes, explicó que el proyecto considera el mejoramiento de las rutas N-480, N-610 y N-620; trabajos que se dividen en tres etapas.

"Hoy estamos en la etapa de expropiaciones. El tramo 1 va de Ninhue a Portezuelo, con una distancia de 14,5 kilómetros y 203 lotes a expropiar; el tramo 2 tiene dos obras, una de 0,4 kilómetros y otra de 8,79 kilómetros y el tramo tres comprende 132 lotes a expropiar, y también con dos subtramos, que son 6,6 kilómetros en dirección a Confluencia y un segundo subtramo de 5,6 kilómetros hasta Ñipas en la comuna de Ránquil", cerró la autoridad regional del MOP.

Al respecto, Luis Cisterna, delegado de Itata, agradeció la disposición del Seremi para avanzar. "Tuvimos el agrado de reunirnos, con el objetivo de abordar el camino que une a ambas comunas, y que aún está en material de ripio, y hay un compromiso de una pavimentación futura. También abordamos la problemática del agua, y construir APR a futuro en las diferentes comunas. Es una mesa de trabajo que seguiremos adelante con el seremi para abordar toda la problemática que tiene nuestra provincia", sostuvo el Delegado Presidencial Provincial de Itata.

La Corte de Apelaciones de Chillán rechazó hoy -viernes 29 de abril- el recurso de nulidad interpuesto por la defensa y confirmó la sentencia que condenó a Juan de Dios Márquez Barrera a la pena de 7 años de presidio efectivo, en calidad de autor del delito de homicidio simple. Ilícito perpetrado en septiembre del 2019, en la comuna.

En fallo unánime (causa rol 86-2022), la Primera Sala del tribunal de alzada -integrada por las ministras Paulina Gallardo, Érica Pezoa y el abogado (i) Raúl Fuentes- ratificó la sentencia impugnada, dictada el 2 de febrero pasado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán.

"(…) como se puede observar de lo expresado en el motivo 14º) que precede, lo que se impugna en definitiva no es un problema de errónea aplicación del derecho, sino que de apreciación o valoración de la prueba rendida en el juicio, cuestión que, como se ha señalado, constituye una facultad exclusiva y excluyente del tribunal a quo y que le ha permitido a este valorar negativamente dicha prueba, excluyendo la atenuante alegada, sin que esta Corte esté facultada para revisar las cuestiones de hecho referidas a la apreciación de aquella, puesto que, como lo establece la ley, son los jueces del tribunal indicado los únicos que deben justipreciar la prueba (…)", sostiene el fallo.

Por tanto, se resuelve que: "se rechaza, sin costas, el recurso de nulidad interpuesto por doña M. Olaya Escobar Hernández por el acusado Juan de Dios Márquez Barrera en contra la sentencia definitiva de 2 de febrero de 2022 dictada por la Segunda Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán, declarándose que dicha sentencia no es nula, como tampoco lo es el juicio oral en que se pronunció".

El tribunal de primera instancia dio por acreditado, más allá de toda duda razonable que en horas de la noche del 15 de septiembre de 2019, en la vía pública, calle Los Cóndores, comuna de Chillán, "Márquez Barrera, luego de una discusión con su cuñado Juan Carlos Figueroa Espinoza, procedió a agredirlo con arma corto punzante, tipo cortapluma, con intención de darle muerte, ocasionándole una 'hemorragia extensa, secundaria a trauma torácico complicado', lesiones que finalmente provocaron la muerte de Juan Carlos Figueroa Espinoza".

En prisión preventiva quedó N. H. N, quien fue formalizado por estafas, usurpación de nombre y usar placas patentes distintas a las originales en vehículos destinados a taxis, todos delitos reiterados. El fiscal (s) Andrés Salgado precisó que la investigación de la fiscal Nadia Espinoza Caro, quien trabajó con la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, estableció tres hechos y nueve delitos por los que fue formalizado ayer en la mañana. El primero de estos hechos ocurrió a inicios de marzo de 2020, cuando el imputado se hizo pasar por otra persona supuestamente dueña de un taxi y ofreció a la venta un vehículo. A la víctima le dijo que el automóvil se encontraba inscrito en una línea de colectivos de San Carlos y que él había dejado de vivir en esa ciudad para trasladarse a Linares. Incluso al comprador le mostró documentación falsa y le cobró 12 millones de pesos en efectivo, porque desconfiaba de transferencias y cheques. Al hacer el trámite notarial, incluso exhibió una cédula de identidad con el nombre de otra persona. Días más tarde, la víctima descubrió el engaño y supo que se trataba de un vehículo clonado que había sido dado de baja como colectivo.

El oficial investigador de la Bridec, subcomisario Gabriel Valdés, precisó que el imputado fue detenido por detectives de su unidad en la Región de Coquimbo y que registra ocho condenas por delitos de estafas y similares. Acotó que al momento de su aprehensión se le encontraron 11 cédulas de identidad de distintas personas que pudieron estar destinadas para cometer otros de delitos, lo que es materia de investigación.

En tanto, el Tribunal decretó tres meses de plazo para la investigación.