Derechos de Agua y el Agro
El 12 de enero el Congreso despachó el proyecto que actualiza el Código de Aguas de 1981, reforzando el carácter de bien público del agua y consagrando una nueva regulación. Las normas fueron aprobadas en forma unánime en comisión mixta entre el Senado y la Camara de Diputados, tras 10 años de tramitación y el Presidente Boric la promulgó el 25 de Marzo pasado. No obstante el informe de segunda propuesta de la Comisión de Medio Ambiente fue aprobado casi en su totalidad por el Pleno de la Convención, sumando con esto cinco nuevos artículos al borrador de la Nueva Constitución. El primero de los artículos despachados define qué se considera como bienes naturales, y declara como un bien inapropiable el agua en todos sus estados y el aire. Sobre esto, se consagra que el Estado deberá preservar, conservar y, en su caso, restaurar los bienes inapropiables.
Una de las inquietudes que surgieron luego de que fueran aprobadas estas normas es qué sucedería con las personas que en la actualidad tienen derechos de aprovechamientos de agua. El pleno de la Convención Constitucional visó el artículo 12A del informe de reemplazo de la comisión de Medio ambiente, relacionado con los "bienes comunes naturales" y donde se establece que el agua y el aire "son inapropiables". Asimismo, señala que "el Estado deberá preservar, conservar y, en el caso que sea necesario, restaurar los bienes comunes naturales que sean inapropiables", en tanto que en los que se encuentren en dominio privado, el Estado debe custodiarlos, es decir regular su uso y goce. "El Estado podrá otorgar autorizaciones administrativas para el uso de los bienes comunes naturales inapropiables, conforme a la ley, de manera temporal", las que "no generan derecho de propiedad", dice el artículo 12D que también estará en el borrador de la nueva Constitución. Sin duda estos permisos administrativos los otorga una autoridad política y así como los otorga los quita, la aprobación de la inapropiabilidad del uso del agua, conlleva un enorme error , la agricultura, como la conocemos y pilar del desarrollo del mundo rural, está en grave riesgo.
El fin de los derechos de aprovechamiento afectará a más de 2 millones de agricultores, varios de ellos pequeños productores que invirtieron en la compra de estos derechos para poder asegurar su regadío u obtener créditos. Hoy los derechos de agua son usados incluso, por pequeños productores como garantía para conseguir créditos, al no contar con el derecho de dominio sobre sus derechos de aguas, los agricultores sólo tendrán una simple autorización temporal que no les permitirá acceder al financiamiento bancario.
Acabar con el Código de Agua es no hacerse responsable de una discusión que duró más de 10 años en el parlamento para poder llegar a un consenso con todas las fuerzas políticas y finalmente fue aprobado por unanimidad. Algo inédito, con una discusión objetiva, técnica, académica, práctica y política, lamentablemente no sorprende de la Convención Constituyente que permanentemente a impuesto una visión ideología por sobre el sentido común y el conocimiento practico.
Frank Sauerbaum Diputado