Con suma atención en Ñuble se ha percibido el borrador emitido por la Convención Constituyente, en particular con respecto al tema del agua, recurso acerca del cual el texto en cuestión lo aborda en el capítulo de Medio Ambiente, en el estatuto constitucional de las Aguas. Allí se explicita en su primer artículo que "el Estado debe proteger las aguas, en todos sus estados y fases, y su ciclo hidrológico. El agua es esencial para la vida y el ejercicio de los derechos humanos y de la Naturaleza. Siempre prevalecerá el ejercicio del derecho humano al agua, el saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas. La ley determinará los demás usos". Además, en su segundo artículo se deja en claro que las autorizaciones de uso de agua serán otorgadas por la denominada Agencia Nacional de Aguas, de carácter incomerciable, "concedidas basándose en la disponibilidad efectiva de las aguas, y obligarán al titular al uso que justifica su otorgamiento", se continúa.
Ahora bien, con respecto a ello, es decir, con las autorizaciones de uso de agua, desde los regantes de Ñuble manifestaron su parecer. Héctor Jaque, quien preside la Junta de Vigilancia del Río Chillán, explicó que dicha junta está a la espera de las conclusiones que brinden los abogados y expertos que analizan dicha situación, aun cuando preliminarmente sostuvo que "el agua traspasa todos los estratos sociales, religiosos, políticos; siempre, desde que el hombre está en la Tierra, el agua es conflictiva. Ahora, al crear una agencia que va en reemplazo de la DGA, si a mí se me pregunta, diría que sería conflictivo. Hoy, no solo las juntas de vigilancia, sino que todas las comunidades de agua, son administradas por particulares y sin ningún costo para el Estado, por ende, al crear esta agencia, el Estado tendrá que gastar algo así como US$3 mil millones de dólares al año para poder hacer lo que hoy hacen las organizaciones del agua", dijo.
Con respecto a la priorización del consumo humano, Jaque añadió que "en el código actual se dice que el agua es una prioridad humana, y nosotros como Junta de Vigilancia lo entendemos así, no olvidemos que el Río Chillán abastece la ciudad; estamos en medio de una tremenda sequía, y en esta temporada no tuvimos problemas de abastecimiento, porque los agricultores y usuarios del río somos conscientes de que la prioridad es la bebida humana", agregó.
Agricultores
Alfredo Wahling, director de la Asociación de Agricultores de Ñuble, mostró su preocupación luego de la larga tramitación que consideró el Código de Aguas. Frente a lo explicitado en el borrador, el gremialista sostuvo que "en primer lugar, el Código de Aguas duró casi 10 años en lograr consenso a nivel parlamentario y fue firmado. Con la nueva Constitución, esto, en principio, queda en foja cero. El agua nunca ha sido nuestra, sí el derecho de uso, y al no tener los derechos, los propietarios de los predios pierden valor desde el punto de vista de sus propiedades (…) En estos momentos no hay seguridad, están muchos proyectos parados, y nadie se atreve a hacer inversiones porque no se sabe si el día de mañana tendrá o no disponibilidad, todo dependerá de este organismo político que le pueda otorgar o no el uso de agua", dijo.
Visión económica
Desde el punto de vista económico, Daniela Carlín, ex asesora regional del Ministerio de Hacienda, acerca del derecho de uso de agua, sostuvo que la medida tendría incidencia directa en la región al ser ésta una zona agrícola. "Si los campos no pueden tener un derecho de uso de agua, efectivamente perderán valor y veremos menos gente interesada en invertir, en poner huertos a largo plazo, frutales que hoy le da el ingreso a la región completa. Creo que no se pone en relevancia el hecho de que cada vez hay menos agua, y no consagra, por ejemplo, que el Estado se haga cargo de nuevas soluciones".