El precio justo para los medicamentos
En las últimas semanas y a propósito del debate constitucional se ha hecho habitual que se hable del "precio justo" para muchos bienes esenciales, el último en salir al baile ha sido el precio del gas. Sin embargo, poco o nada observo respecto al "precio justo" para los medicamentos, los cuales es de sobra conocido y así lo hemos denunciado por casi 40 años, son de los más caros en el mundo, con valores diez o más veces superiores en Chile respecto a los países de la Comunidad Europea o vecinos a esta.
Fórmulas para mejorar significativamente el acceso existen y las hemos puesto en conocimiento de los distintos estamentos a quienes compete o pueden ayudar a solucionar este grave problema, me refiero a ministros de Salud, parlamentarios integrantes de las distintas comisiones de salud, Colegio Médico, Colegio de Químicos Farmacéuticos, periodistas, etc., etc., sin encontrar jamás eco que perdure en el tiempo y se transforme en cambios sustantivos.
Los mecanismos que hemos propuesto no implican distorsiones a los mercados, como las propuestas de regulación que han instalado distintos grupos de interés sino todo lo contrario, significan eliminar la mayor cantidad de barreras proteccionistas que garantizan el negocio de los grandes players de la industria farmacéutica en detrimento de los consumidores.
Muchas veces he señalado y lo reitero que si una persona mayor recibe como pensión unos $180.000 por mes y destina $100.000 solo para sus medicamentos, si estos bajasen sus precios 4 o 5 veces como es perfectamente posible, entonces solo por este concepto obtendría un "bono" de $80.000 o más (todos los meses del año), permitiendo por ejemplo con esta diferencia pagar algo más que el gas necesario para el consumo mensual de su hogar.
Si el gobierno quisiera hacer algo de verdad "histórico" y no solo actos para la galería, tiene toda la potestad para impulsar cambios que mejorarían la calidad de vida de millones de personas y que sí acabarían con la mayoría de bingos asociados a salud. Pueden ustedes imaginar lo que significaría para una familia si el tratamiento con medicamentos para uno de sus integrantes pasa de costar mensualmente $4.000.000 a $ 500.000 o menos. Sería mucho más abordable para un seguro de salud o en su defecto para una acción solidaria.
Daniel Zapata Zapata
Identidad y nueva Constitución
Uno de los aspectos que resaltan en la lectura de la propuesta de nueva Constitución es la apropiación de conceptos e ideas derivadas de la política de la identidad. Ésta alude a grupos, usualmente marginalizados o estigmatizados, que han experimentado diversas formas de injusticia y que, por ende, deben ser resarcidos en sus derechos o deben ser reconocidos en su autenticidad (entendida como una identidad dada en un tiempo previo a la opresión).
Sin embargo, toda categorización genérica de este tipo corre el riesgo de caer en lo que podríamos denominar esencialismo identitario, y que implica enfatizar un eje de identidad en desmedro de otros y donde se hace difícil enfrentar los desafíos que la misma filosofía de la identidad ha reconocido con la noción de interseccionalidad. Esta idea dice que ningún criterio identitario puede entenderse como siendo separado de otros. Y por tanto, hablar de "pueblos indígenas", o "disidencias sexuales o de género" sin distinguir, al mismo tiempo, clase, roles y funciones, contextos sociales y étnicos, identidad religiosa o cultural, idioma, edad, etc., es arriesgar representar la experiencia de solo algunos de los miembros del grupo.
Los efectos de esto, como dice Anthony Appiah, pueden ser la de presionar por cierta disciplina; vale decir, de que se imponga una visión sobre lo que significa ser miembro de tal grupo a todos sus miembros. En consecuencia, sea cual sea el resultado en septiembre, cabe cuidar que las intenciones de reparar o reconocer, no vayan en desmedro de inhibir la autonomía individual sobre la identidad propia.
Guido Larson Bosco, U. del Desarrollo
Llaitul
Los últimos dichos de Héctor Llaitul, líder de la CAM, reafirman que se profundizará la guerra contra el Estado Chileno por parte de esta organización. Sin embargo, el presidente respondió a estos dichos diciendo que: "…para solucionarlo no lo vamos a lograr si es que caemos en las provocaciones de quienes no quieren diálogo". Aparte de las amenazas que sigue haciendo este grupo terrorista, me gustaría saber hasta dónde llega la definición de provocación a estas alturas: ¿quema de vehículos?, ¿toma de territorios?, ¿disparos con armamento de guerra?
Al parecer al presidente se le han olvidado sus promesas de campaña, en las cuales afirmaba que iba a bajar la violencia asociada a las guerrillas mapuches en el sur de nuestro país.
David Candia, Fundación
Para el Progreso
