clara en el sistema educativo sobre cómo se ingresaba, por distintos niveles, cursos, y también con un conjunto de herramientas que orientaran a las comunidades educativas respecto de, por ejemplo, los temas de socialización, vinculación comunitaria, todos esos elementos que son propios de las comunidades escolares. Eso no se hizo y por eso es que nosotros propusimos al sistema una flexibilidad que permitiera que las escuelas tuvieran un periodo de adaptación que nunca fue orientado. Pero eso entendimos que debía darse e implementarse durante el primer semestre, con tal de que el segundo avanzáramos a la presencialidad plena para el uso adecuado de todos los tiempos escolares disponibles, de acuerdo a nuestro plan de estudios.

-Pero incluso hay colegios que pedirán identificación al ingreso, justamente por la violencia. ¿Aprueba esto?

-Lo que sucede es que los establecimientos educacionales tienen la posibilidad, de acuerdo a sus reglamentos internos o sus manuales de convivencia, o también a las determinaciones que hagan sus equipos directivos, validados muchas veces por los consejos escolares, de tomar decisiones de ese tipo. Si un establecimiento toma esa determinación efectivamente puede hacerlo. No veo el riesgo en eso.

-Este año ha sido especialmente noticioso en cuanto a situaciones violentas al interior de los colegios. ¿Qué está pasando en el sistema?

-Efectivamente, tenemos datos aportados por la Superintendencia de Educación de que hubo un aumento en las situaciones de violencia entre estudiantes. Eso, claramente, para nosotros es muy grave, porque obviamente lo que hace es que deteriora el clima escolar. Nosotros entregamos algunas orientaciones a los equipos directivos para implementar una jornada de reencuentro educativo que tenía una base fundamentalmente en la revinculación entre los estudiantes. Por ejemplo, los estudiantes que se habían cambiado de colegio el 2019 probablemente alcanzaron a ir cinco días o 10 días al colegio y nunca más volvieron a ir a este colegio nuevo, por tanto, se reencontraron con una comunidad que no conocían. En segundo lugar, señalábamos nosotros en estas orientaciones que la comunidad debería volver a difundir entre todos los miembros de la comunidad este manual de convivencia que es el que fija el reglamento y es pertinente cuando uno habla de niños, niñas y jóvenes que están en proceso formativo. Por lo tanto, es importante poder repasar, poder difundir estos manuales de convivencia para establecer las normas de funcionamiento interno. Y también, a propósito de las primeras denuncias, antes de la violencia o del mal clima escolar, de violencia sexista en algunos establecimientos, hubo como una evidencia de varios. Para eso diseñamos tres jornadas, hemos implementado solo una, ahora en septiembre viene la segunda, de educación no sexista, en el entendido de que también hay temas de género asociados que las escuelas tienen que ir incorporando dentro de las lógicas de sana convivencia.

-Pero el manual de convivencia no aborda situaciones policiales como las que hemos visto, de estudiantes que salen de un colegio a quemar buses, por ejemplo.

-Ahí sería importante hacer la distinción respecto de dos cosas. Uno, estamos hablando de violencia que ha afectado al clima escolar, que es algo que nosotros hemos visto desde el punto de vista educativo, el cual es un proceso fundamental que tiene relación con la difusión del manual de convivencia, con estrategias que los profesores pueden utilizar para mejorar la convivencia escolar. Todo este conjunto de herramientas los profesores en general los manejamos bastante bien, con el cual podemos mejorar esos climas haciéndonos cargo también de manera indirecta de una situación de violencia estructural que tiene la sociedad. Siempre pongo eso como ejemplo: nosotros nos admiramos mucho de esto, pero cuando vemos las noticias vemos conductores que se pelean unos con otros, como que la resolución de conflictos por la vía de la violencia parece haber sido una cuestión bastante instalada y la verdad es que tenemos que ver que en las escuelas eso no suceda. Porque estamos hablando de jóvenes o niños en formación. Caso distinto es cuando hablamos de esta otra violencia que tiene probablemente un carácter mucho complejo, porque estamos hablando de algunos actos que podrían ser calificados como delitos, como armar un cóctel molotov o incendiar una micro. Eso tiene que ver mucho con seguridad pública y ante eso también nos hemos hecho cargo. En tanto las policías actúan fuera de nuestros establecimientos, internamente los establecimientos tienen la posibilidad de implementar el manual de convivencia o reglamento interno que podrían incluso conducir a la expulsión de un estudiante si así lo amerita o está establecido en ese reglamento.

-La UDI incluso habló de aplicar la Ley de Seguridad del Estado para estos casos. ¿Le parece apropiado?

-En general hemos visto siempre que los manuales de convivencia, en primer lugar, para referirnos a los casos que ocurren dentro de los establecimientos. Son instrumentos, son normativas que ya existen en el sistema y que nos permiten ampliar las prerrogativas que tienen los directivos escolares para poder hacer un debido proceso que puede conducir a la expulsión, en caso de que esté establecido así. Como gobierno hemos condenado enfáticamente estos hechos de violencia. Nos parece que no son el camino, no son las formas y también quiero señalar que en este caso el subsecretario de Interior ha señalado que se van a presentar algunas acciones judiciales en contra de aquellos estudiantes que sean detenidos en flagrancia, especialmente afuera de los establecimientos.

Deuda que inquieta

Ávila esta semana presentó el "Primer Informe del Crédito con Aval del Estado (CAE): Características de la población deudora e impactos", que fue cuestionado por expertos. Entre otras observaciones, una fue el alto porcentaje de las 668.892 personas endeudadas en etapa de pago que percibiría ingresos por debajo de los $250.000 mensuales: 38% (el 69% percibe bajo $750.000). También se hizo mención a que solo el 1,8% percibe ingresos promedio superiores a $2.000.000, en contraste con el casi 5% de mediciones anteriores.

Los principales reparos apuntaron a la ausencia en la metodología de variables que, a juicio de los expertos, pudieron modificar de forma importante los resultados, como la universidad de la cual los deudores egresaron o la carrera que estudiaron.

-Hubo muchas críticas por las cifras que entregó el Mineduc sobre deudores del CAE, acusando errores metodológicos. ¿Hubo un error ahí?

-Lo primero que diría es que tenemos una deuda como Estado, que probablemente tenemos que saldar. El CAE fue una política pública que no necesariamente resolvió aquello que quería resolver. Efectivamente, las deudas por estudiar son bastante amplias, son muchas personas las que están afectadas por este nivel de deuda, y en eso ha habido cierto apoyo transversal. Tenemos que alcanzar un acuerdo transversal con todas las fuerzas políticas respecto de esta que es una mala política implementada por el Estado. Por lo tanto, es el Estado el que debe proponer una solución. Eso es lo primero. Luego, hay que buscar la fórmula de hacer esta condonación que hemos comprometido como Gobierno y esta tiene tres principios. Tiene que ser justa, lo que quiere decir que vamos a tener que buscar una manera de poder atender a estos deudores y deudoras considerando cuáles son esas variables que están asociadas, como es el estado de pago, si terminó o no su carrera universitaria, aquellos por ejemplo que han fallecido. Hay varios elementos que debieran ser considerados.

Para eso nosotros necesitamos varias fotografías, una de estas es este primer informe en que se hizo, más allá de la metodología, que entiendo que mucha gente la ha cuestionado, por primera vez un cruce de manera universal respecto de estos deudores: se cruzaron las bases de datos del Servicio de Impuestos Internos (SII), RUT a RUT, y lo que tenemos ahí es información. Vendrán en los próximos meses otras fotografías donde haya cruces de otros datos, por ejemplo, no asociados a la situación socioeconómica, de tal manera que tengamos un conjunto de fotografías de informes que nos permitan decir "esta es efectivamente la mejor solución". Pero que se apliquen estos principios: que sea justo, que sea gradual y que además sea progresivo.

-¿No le parece que hubo un apresuramiento al publicar las cifras sin "limpiar", como el hecho de que muchos hayan sido calificados como "ingreso cero" por no haber declarado impuestos? Los datos pueden ser engañosos.

-No, porque tenía como objeto nada más que hacer un primer cruce de datos. No había otro objetivo más que saber qué informa el SII respecto de cada uno de esos deudores. Eso fue tomar la información que entregaban ellos y poder establecer este informe con esos datos a la vista.

-¿De dónde van a salir los recursos para condonar el CAE? El ministro de Hacienda ya dijo que de la reforma tributaria no.

-No, lo importante de esto es que sería irresponsable de mi parte adelantar la propuesta. Tenemos un grupo de profesionales tanto en el Mineduc como en la Dirección de Presupuesto, el ministerio de Hacienda, que estamos trabajando en esta fotografía. Vamos a ir teniendo otras más que nos permitan ir avanzando en esta solución y por tanto vamos a tener respuesta a esto durante el 2023.

-Cuatro legisladores no han pagado su CAE. ¿Hay un llamado a las autoridades públicas a tener mayor responsabilidad?

-Lo hice el otro día en la interpelación cuando me preguntaron. Dijimos que es un antecedente importante, dado que no están diseñadas las soluciones o recién va a estar el 2023 con el ingreso del proyecto de ley al Parlamento. Por lo tanto, sería importante que quienes tienen hoy la posibilidad de ponerse al día, que va a ser una de las variables que seguramente vamos a considerar, efectivamente lo hagan, porque esto es una contribución a la solución.

Para Ávila, el problema de la violencia con artefactos incenciarios ya es un tema de seguridad pública del cual "también nos hemos hecho cargo".

"Cuando hablamos de esta otra violencia (...), actos podrían ser calificados como delitos, como armar un cóctel molotov o incendiar una micro, tiene que ver mucho con seguridad pública y también nos hemos hecho cargo".

"Tenemos que alcanzar un acuerdo transversal con todas las fuerzas políticas respecto de esta (el CAE) que es una mala política implementada por el Estado. Por lo tanto, es el Estado el que debe proponer una solución".