El presidente brasileño, Jair Bolsonaro destacó los subsidios que su Gobierno da a los pobres en su primer programa de propaganda electoral en televisión, mientras que su principal rival en los comicios, el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, denunció el aumento del hambre.

Bolsonaro utilizó su propaganda para prometer que, si gana las elecciones del 2 de octubre, mantendrá los nuevos subsidios que su Gobierno empezó a entregar a 20 familias pobres desde este mes, en medio de una gran polémica, porque la ley electoral veta la concesión de nuevos beneficios sociales en época de campaña.

Los nuevos subsidios implicaron un alza del 50% en el principal programa gubernamental de ayuda social, que llegó hasta los 600 reales (unos 120 dólares) por familia. La propaganda de Bolsonaro, que dispone de 2,38 minutos de duración en cada bloque de anuncios, el segundo tiempo más largo de todos los candidatos, también afirmó que el Gobierno está logrando crear empleos y está bajando el precio de los combustibles, gracias a nuevos subsidios recién aprobados con igual polémica. En el anuncio, se describió al mandatario como "un hombre simple, honesto, directo, que habla lo que piensa y lo que siente".

Lula, con el apoyo de diez partidos, cuenta con un minuto de televisión más que Bolsonaro (3,39 minutos) y usó su tiempo en pantalla para denunciar que "millones de hermanos y hermanas brasileños no tienen qué comer".

Sin citar a Bolsonaro, Lula se preguntó "¿cómo un país tan rico pudo retroceder tanto?" y "¿cómo puede no importarle a un gobernante el sufrimiento de tanta gente?".

Bolsonaro causó controversia el viernes, al negar que en Brasil haya "hambre de verdad", alegando que no ve a gente pidiendo pan a las puertas de las panaderías.

El anuncio de la campaña de Lula pregunta al elector "¿qué Brasil quiere, el del odio o el del amor?", y promete "reconstruir" el país.

El presidente de Perú, Pedro Castillo, cambió ayer sábado al alto mando de la Policía Nacional, después de exigir que se sancione al coronel Harvey Colchado por haber dirigido el allanamiento del Palacio de Gobierno para detener a su cuñada Yenifer Paredes por el presunto delito de organización criminal.

A través de una resolución suprema, publicada en el diario oficial El Peruano, el jefe de Estado designó al teniente general Raúl Alfaro Alvarado como comandante general de la Policía Nacional, en reemplazo del general Luis Vera Llera, nombrado en ese cargo hace tres meses. La norma precisó que Alfaro, que se desempeñaba como Inspector General, es designado por Castillo "entre los tres oficiales generales de armas de la Policía Nacional de Perú en situación de actividad, en el grado de teniente general, en estricto orden de antigüedad en el escalafón de oficiales".

Otra resolución dio por concluida la designación de Vera, a pesar de que estos cambios en la institución suelen producirse a fin de año, al igual que en las fuerzas armadas.

El jefe de Estado también nombró a un nuevo Inspector General de la Policía, a quien su abogado había pedido el jueves que inicie un proceso sancionador contra el coronel Colchado, jefe de equipo especial de la Policía de apoyo a la Fiscalía de la Nación para los casos de corrupción en los círculos de poder.

Castillo pidió que Colchado sea sancionado con su pase al retiro por participar en el allanamiento del pasado 9 de agosto en el Palacio de Gobierno para detener a su cuñada Yenifer Paredes, a quien el mandatario y su esposa criaron como una hija en su natal Cajamarca.

En tanto que Colchado, un experimentado agente de inteligencia, sigue en su puesto, el mandatario designó al general Segundo Mejía Montenegro como nuevo inspector general de esa institución, tras ascenderlo de grado.

La cuñada de Castillo se entregó a la Justicia un día después del allanamiento en el Palacio y permanece detenida hasta que un juez decida el domingo si continúa en prisión preventiva por 36 meses, mientras es investigada por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos y otros.

Castillo también designó al nuevo jefe de Estado Mayor General de la Policía Nacional, Vicente Alvarez Moreno, tras ascenderlo al grado de teniente general.

Ucrania se dirigió a la comunidad internacional para que obligue a Rusia a liberar la central nuclear de Zaporiyia, ahora que se reconectaron a la red eléctrica general los dos reactores de la planta, ante el riesgo de un escape radiactivo.

La agencia nuclear ucraniana, Energoatom, considera que llegó el momento de "tomar medidas urgentes" para que Rusia ceda el control de la mayor planta atómica de Europa al Estado ucraniano "en aras de la seguridad del mundo entero".

El llamado coincide con los preparativos para que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) envíe una misión a Zaporiyia, algo que podría ocurrir "en los próximos días", según su director general, Rafael Grossi.

Energoatom acusó ayer en un comunicado en Telegram al Ejército ruso de atacar "repetidamente" el recinto de la central, bajo control de Moscú casi desde el comienzo de la "operación militar especial".

Debido "a la presencia de las tropas rusas con sus armas, equipos y explosivos" en las instalaciones "hay graves riesgos para la operación segura" de la planta, denuncia.

"La infraestructura resultó dañada, hay riesgos de vertidos de hidrógeno y pulverización de sustancias radiactivas, y el riesgo de incendio es alto", advierte.

La buena noticia es que los dos reactores nucleares en activo, que fueron desconectados el jueves por primera vez en la historia de la planta inaugurada en 1985, volvieron a conectarse a la red.

El Ministerio de Defensa ruso denunció ayer tres ataques de la artillería ucraniana contra las inmediaciones de la planta, donde habrían impactado hasta 17 proyectiles.

Cuatro de esos cohetes habrían alcanzado el techo del edificio que alberga el combustible nuclear de la compañía estadounidense Westinghouse, según explicó el general Ígor Konashénkov, portavoz castrense.

Los misiles habrían sido lanzados desde la región de Dnipropetrovsk, tras lo que la artillería rusa habría destruido un cañón M777 del Ejército ucraniano.

A su vez, Konashénkov subrayó que "la situación radiactiva en la Central de Zaporiyia está dentro de la norma" y negó que en las instalaciones haya "armamento pesado".

Un vídeo grabado a escondidas por un operario ucraniano de la planta y difundido la pasada semana en las redes sociales mostró a vehículos blindados de transporte de personal militar ruso en la sala de máquinas.

Todos están a la espera del OIEA, cuyo director, que anunció esta semana un principio de acuerdo con ucranianos y rusos, que se comprometen a garantizar la seguridad de los expertos, continúa intensas negociaciones con ambos bandos para perfilar la misión.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, emplazó a la OIEA a personarse "lo antes posible" en la central, ya que "la situación sigue siendo muy arriesgada y peligrosa.

"Cualquier repetición de los eventos, es decir, cualquier desconexión de la planta de la red, cualquier acción por parte de Rusia que podría desencadenar el cierre de los reactores, pondrá nuevamente a la planta a un paso del desastre", dijo en su habitual discurso nocturno.

Zelenski considera que la única respuesta posible al "chantaje nuclear ruso" es que la OIEA logre que la central esté "bajo control permanente de Ucrania".

"Por eso es tan importante que las tropas rusas se retiren de la planta y de las zonas aledañas y que desaparezca la amenaza de bombardeo de la propia planta o de las líneas eléctricas conectadas a ella", dijo el mandatario.