Agencias
Jefes de los servicios de inteligencia civil y militar de Venezuela han cometido crímenes de lesa humanidad para reprimir a la oposición, mediante acciones que fueron ordenadas directamente por el presidente Nicolás Maduro y sus colaboradores más próximos, denunció ayer la ONU.
"El presidente Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel (...) fueron los artífices en el diseño, implementación y mantenimiento de una maquinaria para reprimir a la disidencia y apuntalarse en el poder", señaló una misión internacional de investigación creada por Naciones Unidas para Venezuela.
"El Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y a sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual", afirma un extenso informe que la misión presentó a la prensa.
Este documento ahonda en los hallazgos que esta misma misión expuso en 2020 y ahora se centra en las actividades de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
En el caso del Sebin, el informe señala como responsables al actual director general, Gustavo Enrique González, al director del Helicoide (principal centro de detención) entre 2014 y 2018, Carlos Alberto Calderón; y a su número dos en ese periodo, Ronny González.
En la Dgcim se menciona al director general Iván Rafael Hernández, y a antiguos responsables de distintos estamentos del organismo: Rafael Antonio Franco, Hannover Esteban Guerrero y Alexander Enrique Granko.
Maduro y Cabello
No obstante, se precisa que las actuaciones de todos ellos eran el producto de ordenes directas de Maduro y, en el caso del Sebin, también de Diosdado Cabello, su primer vicepresidente.
"Los actos de violencia documentados no fueron realizados por individuos aislados y sin conexión actuando solos dentro del Sebin y la Dgcim. Estas violaciones, que constituyen crímenes de lesa humanidad fueron parte de una política deliberada del gobierno para silenciar, y sofocar a la oposición", enfatiza el informe.
La misión documentó los casos de 122 víctimas sometidas a tortura, violencia sexual y a otros tratos inhumanos en los centros de la Dgcim, especialmente en su sede principal en Caracas (llamada Boleíta) y 51 por parte de agentes del Sebin, principalmente en el Helicoide, contra opositores, periodistas, manifestantes y activistas.
Aunque los casos denunciados pertenecen especialmente a los años 2017, 2018 y 2019, las violaciones y los crímenes del Sebin y la Dgcim continúan hasta hoy, manteniéndose las mismas estructuras, patrones y prácticas, afirma la misión, dirigida por la jurista portuguesa Marta Valiñas.
El texto será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos el próximo 26 de septiembre y la presidenta de la misión, Marta Valiñas, precisó que cuatro responsables de los abusos, a menudo cometidos por ellos en persona, son mantenidos en el anonimato por el informe para "evitar que sean utilizados como chivos expiatorios mientras funcionarios a más alto nivel huyen de la rendición de cuentas".
Los abusos que se describen son relatados por 246 víctimas, familiares y exfuncionarios en entrevistas confidenciales e incluyen golpes con objetos tales como bates o mesas, asfixias con bolsas de plástico o humo de granadas, descargas eléctricas a los detenidos o violaciones, algunas con palos de madera.
También se denuncia el uso de la "señorita", un dispositivo de tortura mediante la introducción de la víctima en estanques de agua, abusos psicológicos denominados "tortura blanca", amenazas de violar y matar a los familiares de los detenidos, o colocación de alfileres debajo de las uñas.
El chileno Francisco Cox, otro miembro de la misión, aseguró que "las violaciones en ambas agencias continúan hoy en día, en un clima de total impunidad", al punto de que muchos de sus autores han sido ascendidos en años recientes.
A las pruebas de los 122 detenidos por la Dgcim se añaden al menos 93 arrestados por el Sebin. De ellos, se torturó al menos a 51 y 77, respectivamente, y los testimonios permiten concluir que al menos 70 personas continúan detenidas en el Helicoide y entre 15 y 20 en los sótanos de Boleíta.
La misión tripartita de la ONU la completa la argentina Patricia Tapattá y confía en que su informe ayude a la rendición de cuentas por estos abusos, ya sea dentro de Venezuela -algo complicado por la falta de independencia judicial que ellos mismos denuncian- o a nivel internacional.
