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Delincuencia en el comercio

Encuesta reveló que el 58,6% de los locales en el país fue víctima de algún delito en el primer semestre del año. Muchas de las víctimas (57,9%) deciden no denunciar los ataques y robos que sufren.
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El comercio es uno de los sectores más atacados por la delincuencia y junto con afectar a los comerciantes en su patrimonio y seguridad, también desalienta la inversión en la ampliación de establecimientos y en la iniciación de nuevos emprendimientos. Y con ello también se limita el crecimiento de las fuentes de empleo, con lo cual el daño tiene una notoria derivación social.

Si se realiza un seguimiento de las informaciones sobre delitos graves que se publican en los medios de comunicación, se llega a la conclusión de que muchos de estos son cometidos por reincidentes y sujetos que habían pasado por los tribunales pero fueron dejados en libertad.

La encuesta de victimización elaborada por el Departamento de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC) ha revelado que durante el primer semestre de este año, un 58,6% de los locales en el país fueron víctima de algún delito, lo que representa un alza significativa si se considera que en el segundo semestre del año pasado la tasa de victimización fue de 47,9%. El sondeo se realizó en 1.214 establecimientos de Iquique, Antofagasta, Viña del Mar-Valparaíso, Gran Santiago, Concepción-Talcahuano, Temuco y Puerto Montt.

Este aumento de la delincuencia ha llevado a los comerciantes a reforzar sus medidas de seguridad.

La delincuencia es un tema que preocupa a los ciudadanos en general, y al comercio en particular, porque ven que, más allá del Gobierno de turno, ésta no cede, por lo cual desde diversos sectores se hacen frecuentes llamados a las autoridades para que la aborden de forma constante y persistente y no solo en algunas épocas del año. Es evidente que se requiere de forma urgente una solución a nivel país, impulsada desde el poder central.

Muchas de las víctimas (57,9%) deciden no denunciar los ataques y robos que sufren, lo que es muy frecuente en el comercio minorista, porque estiman que no tendrán resultados, o porque lo consideran una pérdida de tiempo, de manera que al no haber registros oficiales sobre ellos, pasan a integrar lo que se conoce como las "cifras negras de la delincuencia".

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Expertos en el nuevo proceso constituyente

"La Convención (...) nos mostró a insignes académicos blandeando las más excéntricas banderas"
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Luego del 4 de septiembre dos cosas son difíciles de controvertir. La ciudadanía rechazó la propuesta de nueva carta fundamental y que persiste la intención de reemplazar la vigente. Es evidente que quienes creemos en la necesidad de una Constitución surgida en democracia no podemos claudicar y que de los errores se debe aprender.

Un elemento que ha surgido, junto a la idea de los "bordes" del proceso, es que la nueva carta política debe ser redactada por expertos. Y empleo el término carta política no por ausencia de equivalentes, sino para recalcar una cuestión: las constituciones contienen opciones políticas, esto es, decisiones acerca del reparto del poder en una sociedad políticamente organizada.

Las democracias implican representación de ideales o intereses necesarios de ser cualitativa y cuantitativamente expresados. Por eso, la idea del sorteo de integrantes de una futura Convención, si bien luce atractiva, tambalea sin demasiada dificultad, pues abandona al azar el futuro de cuestiones que no pueden depender de una ruleta, como la equidad de género, los derechos sociales o una redistribución del poder que no amarre a la cuna el destino de las personas. Ningún cambio social se ha conseguido dirimiendo en juego de casino.

Empero, también se ha defendido que las democracias implican que las normas basales sean definidas por expertos, idea que en diversas encuestas y foros se ha planteado, pero que deja varios agujeros negros difíciles de sortear. Entre otros las siguientes.

Primero, ¿quién atribuye la calidad de experta a una persona? ¿Una comisión de expertos en expertos? Si eso se instalase, se llamaría oligarquía y no democracia. Segundo, ¿cuántas personas expertas y en qué materias serían necesarias? ¿Ingenieras, médicos, economistas, abogados, lingüistas u otros?

Tercero, esa "expertise" -hablando con palabras de expertos- ¿habilita por sí misma a redactar constituciones? A la fecha, no existe diploma que certifique el sentido común ni la capacidad de elaborar normas. Cuarto, ¿de verdad creemos que las personas expertas son ajenas a posiciones políticas? Sin que ello sea cuestionable, la Convención de 2021-2022 nos mostró a insignes académicos blandeando las más excéntricas banderas.

En fin, es notorio que los órganos que efectúan deliberaciones democráticas importantes -como redactar un proyecto de Constitución- deben contar con asistencia de especialistas, pero la presencia de especialistas no puede sustituir a la democracia.

José Ignacio Núñez, académico de la Facultad

de Derecho de la Universidad Central