Prioridad a las listas de espera
Las más recientes cifras sobre el sector salud en Chile preocupan: el primer semestre de este año, 1,7 millones de personas aguardaban por una hora con un especialista y otras 294.632 lo hacían por una cirugía, según un informe del Ministerio de Salud entregado al Congreso. Las demoras en atención se pueden extender hasta por 600 días, es decir, una persona puede estar casi dos años sin tratamiento a su enfermedad.
Dado este escenario, desde la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (APIS AG) instamos a que las autoridades sanitarias entreguen solución a los problemas urgentes de los chilenos por sobre iniciativas como la reforma a la salud, proyecto que no sintoniza con las necesidades inmediatas de la población.
Entregar atención a una mujer aquejada por un cáncer, dar visión a una persona con cataratas o distribuir dispositivos de órtesis a adultos mayores deben ser una prioridad. En nuestro gremio estamos disponibles para asumir este desafío; los pacientes anhelan mejorar.
Sin embargo, la pregunta es: ¿este Gobierno podrá acortar las brechas si no se reúne con las pequeñas y medianas empresas proveedoras del sector salud?
Eduardo del Solar, director ejecutivo de la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (APIS AG)
Robos y daños
Para salvaguardar la tranquilidad, seguridad y la paz de un país, se necesitan mejores leyes, procesos y condena eficaz contra todo tipo los robos. La Biblia dice "Si un ladrón es sorprendido abriendo un boquete en un muro y lo hieren de muerte, no hay homicidio (Éxodo 22, 1). El ladrón está obligado a restituir la totalidad de lo robado (Éxodo 22, 2).
Las malversaciones de fondos públicos han afectado a Chile por años. Ahora, diariamente nos informamos de: inseguridad en las calles, poblaciones y salida de bancos, producto de los asaltos, portonazos y encerronas; robos de vehículos, maderas, cobre y otros; extorsiones y amenazas. Una encuesta reveló que en el primer semestre 2022, el 58,60 % de los locales comerciales fueron víctimas de algún delito.
Además, sufrieron un 27% en daños materiales (destrozos, incendios, rayados, etc.); el hurto fue un 24,4% y el robo hormiga llegó al 21,3%. El 62% de los encuestados dijo haber sufrido en más de una ocasión "robo con violencia". Al aumentar el temor al delito, la ciudadanía espera mayor seguridad y protección en el diario vivir.
Derico Cofré Catril
Adiós carbón
Por primera vez en la historia de nuestro país, las energías limpias superaron al carbón u otras fuentes en la generación de electricidad en un período de 12 meses, logrando un 27,5% de participación con base solar y eólica, versus un 26,5% de carbón.
En términos simples ¿por qué se vuelve tan relevante? Si bien desde 2016, el aumento de la demanda de electricidad en Chile se ha cubierto en un 100% con energías limpias, haber superado al carbón en un año marcado por la guerra, la incertidumbre energética en distintas partes del mundo y la mayor demanda por combustibles fósiles, dan un triple mérito al logro conseguido.
El papel que juegan los proyectos fotovoltaicos y eólicos es fundamental para continuar restando espacio al carbón, privilegiando las bajas emisiones y en particular, eliminando la dependencia de commodities, como son los combustibles fósiles, que generan incertidumbre y cuellos de botella.
Nataliia Savkiv
Constitución histórica
Desde los albores de la República, Chile logró construir una tradición constitucional que ha garantizado su estabilidad política. La Constitución de 1833 que puso fin a un proceso de ensayos constitucionales nos acompaña, en su esencia, hasta el día de hoy. Sus redactores evitaron seguir guiándose por modelos europeos, ajenos a nuestra idiosincrasia. Ellos advirtieron que existía una realidad social asentada en una "Constitución histórica chilena"; es decir, en un conjunto de costumbres e instituciones políticas, jurídicas y sociales determinadas por tres siglos de existencia de Chile como parte del Imperio Español.
El texto de la Carta Fundamental de 1980 debidamente revisado, corregido y modificado por el Congreso -que como poder constituyente derivado tiene la facultad de introducirle las reformas que estime pertinentes- podría ser considerado como proyecto de nueva Constitución y sometido a un plebiscito nacional ratificatorio; una opción que, a todas luces, sería la más simple y razonable, pues no prolongaría la incertidumbre y las perniciosas consecuencias que acarrearía un eventual nuevo, innecesario e incierto proceso constituyente.
Sea como fuere, se opte por una u otra opción, en ambos casos deben evitarse delirios refundacionales y hacer prevalecer la "Constitución histórica", determinada por la realidad política de la nación chilena y los cinco siglos de existencia de Chile.
Adolfo Paúl Latorre
